Marcos Silva Martínez

El debacle institucional, moral, económico y social es real. Y difícil de revertir y superar, bajo el marco institucional y legal vigentes y la actitud permisiva de la sociedad.

Las instituciones públicas y Órganos de Poder, están cooptados por la politiquería y el clientelismo y bajo esa condición, al servicio exclusivo de los usufructuarios del poder público, político y económico.

Es la situación que explica el por qué, cada gobernante resulta peor que el anterior y por qué, ninguna reforma con dientes para corregir y superar la debacle, es aprobada.

Las reformas positivas en lo económico, social y jurídico que alguien radique para su aprobación, generalmente son modificadas por el congreso,  según sus conveniencias y al ser aprobadas,  pueden ser desaprobadas o condicionadas por la Corte constitucional.

¿Y cómo eligen a los magistrados?  Por nominación y designación de poder superior, intrigas,  palancas y conveniencias.

Contrario a lo que debería ser: únicamente por méritos académicos-jurídicos, examen de antecedentes y cumplimiento de base de edad.

Los magistrados deberían ser totalmente ajenos, a las tendencias del poder de turno. No ocurre. Observamos cómo las Cortes reflejan cada día más  conservadurismo en toma de decisiones y modificaciones jurisprudenciales, como consecuencia de la renovación de sus integrantes, devenida desde el plan de desprestigio y persecución que les declaró el gobierno de  Uribe.

Sin duda son efectos de la penetración de la politiquería, el clientelismo, la inmoralidad  y corrupción, en el poder.

Los mefíticos espectáculos de inmoralidad, irresponsabilidad política y social,  corrupción y festín de recursos públicos, en que están incursos individuos como el Fiscal general de la nación, magistrados, contratistas nacionales y extranjeros, ministros, jefes de gobierno, entre otros,   por acción, omisión e impunidad, tipifican la debacle institucional,  moral, económico y social, cuyos efectos llegan a todos los sectores sociales, pero con mayor dureza a los más pobres.

Lo que denominan clase política, no se pellizca. Prefiere guardar silencio cómplice calculado, desde el mismo Presidente de la República, a la espera de que los beneficios de la impunidad institucional, protejan, absuelvan y reivindiquen al sindicado.

En lo económico-social, conocemos el ataque que el poder hace a las economías más débiles (IVA), para cumplir las promesas de campaña,  a los ricos. La entrega del patrimonio público a particulares, etc.

El gobierno tiene oído sordo,  al clamor y reclamos justos de las mayorías, mientras festina el patrimonio y presupuesto público.

Las naciones solo tienen una vía para superarse económica y socialmente: el conocimiento, el saber. Y los gobiernos lo desconocen, por conveniencia, para proteger el negocio privado de la educación.

El conocimiento debe ser protegido por el poder y debe ser pertinente con el desarrollo nacional y global. Son   condiciones que demandan planeación racional responsable a corto, mediano y largo plazo e inversión estatal, en calidad de redistribución  del ingreso. Esto no existe en Colombia. Esta irresponsabilidad político-social es coadyuvante integral del debacle en que esta sumida Colombia.

El pueblo sometido y segregado debe reaccionar. Debe liberarse de compromisos politiqueros. Debe dudar de sus dirigentes.  Debe evitar continuar equivocándose al elegir a sus gobernantes. Esto es válido en todos los niveles del poder público.

 

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