José Manuel Acevedo M.

Lo dijo el presidente Iván Duque hace unos días y razones no le faltan: “Si la reforma a la justicia pierde su esencia, si la reforma pierde coherencia, seré el primer colombiano que le pedirá al Congreso de la República que no siga con su trámite porque eso no le sirve al país”. Pues, como van las cosas, al señor presidente le va a tocar aplicar lo dicho prontamente. Y es que el Congreso no ha hecho más que sabotear la discusión de este proyecto de acto legislativo. El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, ha impedido que la discusión avance con celeridad, mientras algunos otros en el senado como el parlamentario Eduardo Enríquez Maya, también se le han atravesado a la iniciativa quizá no por razones de conveniencia nacional sino resintiendo la pérdida de algunos fortines que tenían en sus respectivos departamentos y que el gobierno nacional les arrebató. El Consejo Superior de la Judicatura, por su parte, se ha movido duro en sus tareas de lobby y ha logrado en el último debate postergar el asunto de su eliminación para dar paso a un organismo verdaderamente técnico que sepa administrar los recursos de la Rama Judicial. Los magistrados de las otras cortes, que en privado manifestaban estar de acuerdo con la necesidad de una reforma, en público han salido a descalificarla y también han tenido contactos con algunos congresistas buscando que la reforma se hunda. Todo esto sin contar los ataques de Cambio Radical y el Partido Liberal a la propuesta y el fuego amigo del Centro Democrático al que tampoco parece convencerle el texto en discusión.

Así las cosas, el statu quo vuelve a ganar. No habrá reforma a la justicia y las cosas seguirán como están. La ineficiente y corrupta judicatura continuará mal gobernando la Rama y no habrá manera de que las partidas se inviertan de manera más eficiente y se ejecuten los presupuestos correctamente. Las Cortes seguirán haciendo política pues el famoso ‘regalo envenenado’ que constituyen sus funciones electorales estará presente y las exigencias para ser magistrado, que deberían aumentar, no tendrán modificación alguna. Tampoco se acogerá ese buen artículo que planteaba que ante la flagrancia y confesión de un delito, el mismo juez de garantías pudiera imponerle rápidamente una condena al delincuente. Todo queda postergado para nunca pues está claro que la justicia en Colombia no se deja reformar. Mejor, deje así…

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