Insólito: Condenada odontóloga por inasistencia alimentaria

Por primera vez, una joven profesional de Neiva con solvencia económica fue condenada a 32 meses de cárcel por negarse a pagar la cuota de alimentos para su hijo de diez años.

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La odontóloga con dos consultorios y otros ingresos fue procesada por no pagar la cuota de alimentos. FOTO DE ARCHIVO

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

Aunque parezca insólito, una destacada profesional de la salud de Neiva fue condenada por inasistencia alimentaria. El delito, generalmente atribuido a los hombres le fue imputado por primera vez, a una madre que se negó, sin justa causa, a cumplir con esta obligación compartida.

La odontóloga fue absuelta inicialmente por el Juzgado Único Promiscuo de Rivera (Huila). La sentencia proferida el 10 de agosto pasado fue impugnada por la Fiscalía y, desde luego por los parientes del menor de diez años, cuyo nombre omitimos por razones legales.

El mismo personero de la localidad Yoan Medina Alvis también se sumó al coro oponiéndose a la exoneración.

La implicada, con altos ingresos económicos, sin justificación alguna, se abstuvo de cancelar la cuota alimentaria fijada en 560.000 pesos por la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según acta de reintegro, fechada el 3 de abril de 2013. La cuota fue incrementada a 825.000 mensuales (Resolución 178 de 2013).

Acusada

Después de un largo proceso judicial, la dama fue acusada formalmente por la Fiscalía el 22 de junio de 2016 ante el Juzgado Único Promiscuo de Rivera. El juicio oral concluyó con un fallo absolutorio el 10 de agosto pasado.

A pesar de ejercer una actividad laboral con una alta demanda y obtener buenos ingresos salariales la juez, María del Pilar Ochoa comprobó la injustificada omisión alimentaria en que incurrió la profesional acusada.

Sin embargo, la absolvió, argumentando que no se puso en peligro la vida del menor, ya que su padre un reconocido médico pediatra y sus abuelos paternos cubrieron las necesidades básicas.

Según la juez, la omisión en el pago de las cuotas no puso en efectivo peligro la vida y subsistencia del menor, atendidas por su padre y sus abuelos paternos “incluso privilegiándolo con ciertas comodidades”, lo que desató la controversia.

La profesional tiene dos consultorios odontológicos y presta sus servicios en otras entidades lo que le genera buenos ingresos. No obstante, se negó a cumplir con su cuota de alimentos.

La protección, el amparo, la ayuda y la manutención de la descendencia es un deber permanente, común,  y solidario de ambos padres

Controversia

La Fiscalía impugnó y pidió la revocatoria de la absolución y por lo tanto la condena. “La enjuiciada cuenta con suficientes medios económicos para solventar las necesidades básicas de su menor hijo, sin embargo, no lo hizo”, reportó la Fiscalía.

El abogado de la profesional tildó el fallo de discriminatorio. El 99% de los casos de inasistencia alimentaria son los hombres los denunciados, por ser las mujeres quienes se encargan de la manutención y cuidado de los hijos.

En este caso, dijo, como el padre ostenta condiciones económicas que lo ubican en estrato 4 y en esa medida le ha procurado a su menor hijo una privilegiada calidad de vida, el menor no tendrá la posibilidad de reclamarle a su mamá la correspondiente cuota alimentaria pese a tener ella plena capacidad económica para hacerlo.

La obligación alimentaria está a cargo de los padres en igualdad de condiciones, siendo falso que el único obligado a suministrar los alimentos sea el padre a cargo de la custodia de los hijos, alegó el apoderado de víctimas.

“Si bien el menor convive con sus abuelos paternos, quienes lo auxilian económicamente, ellos no son los llamados a garantizarle su subsistencia, menos si los progenitores viven y cuentan con las condiciones económicas para asumir esa obligación”.

Al debate se sumó el personero de Rivera quien argumentó que no se puede eximirla de la obligación.

El menor goza de un plus de comodidades, según el defensor, lo que en su opinión, hacía innecesaria la cuota alimentaria por parte de su progenitora, ya que el padre y abuelos del menor cubrían todas las necesidades para vivir según su posición social.

Obligación compartida

No obstante, el magistrado Javier Iván Chávarro, advirtió que esta obligación, debe ser solidaria y compartida, al menos que existan razones de peso para abstenerse de hacerlo.

“Mal puede pretenderse la exoneración penal a favor de la procesada, con el argumento que el menor ha contado con el apoyo de su progenitor y el de sus abuelos paternos, y por lo tanto no ha padecido mayores dificultades ni sus condiciones mínimas de subsistencia se han visto afectadas”, afirmó.

“La protección, el amparo, la ayuda y la manutención de la descendencia es un deber permanente, común,  y solidario de ambos padres”, insistió.

Al margen de la solvencia económica del padre, lo cierto es que la procesada se sustrajo sin ninguna justificación a su deber legal de contribuir al menos económicamente en la crianza, alimentación, vestuario, educación y recreación de su menor hijo, pese a contar con la capacidad económica para hacerlo.

Además, la profesional jamás dio cuenta de haber ejecutado acciones con miras a acatar su deber de asistencia alimentaria, así fuera de manera parcial, menos demostró que su desacato hubiera sido por causas ajenas a su voluntad.

“Los alimentos deben ser prestados en forma equitativa por el padre y la madre por tratarse de una obligación solidaria, de manera que el cumplimiento de uno de ellos no justifica el incumplimiento del otro, a menos que se demuestre que se ha sustraído a la prestación con justa causa”, afirmó el togado.

La condena

Según el Tribunal Superior de Neiva, la conducta se ejecutó a título de dolo directo, pues la procesada pese a tener conocimiento que omitir injustificadamente el suministro de alimentos a su descendiente constituye un delito reprimido penalmente, en forma libre y voluntaria ha querido su realización. Tuvo la posibilidad de contribuir y no lo hizo

En estas condiciones, los magistrados revocaron la sentencia absolutoria y, en su defecto, se profirió sentencia condenatoria por el delito de inasistencia alimentaria.

Por no tener antecedentes penales, la sala penal le impuso la mínima pena. La profesional fue condenada a 32 meses de prisión y una multa equivalente a 20 salarios mínimos mensuales (15,64 millones de pesos aproximadamente) e inhabilitación por ese mismo periodo.

La sala penal le negó la suspensión condicional de la pena pero la sustituyó por detención domiciliaria por ser la pena inferior a ocho años.

Además, libró la orden de captura con el único propósito de suscribir el acta de compromiso.

Las decisiones se cumplieron. La reconocida odontóloga interpuso todos los recursos de ley pero no prosperaron. Finalmente, su apoderado, Francisco Vargas Salas, interpuso el recurso extraordinario de casación. La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra sobre la condena a una madre por inasistencia alimentaria.

La inasistencia en cifras

Según la Fiscalía, la inasistencia alimentaria es hoy un delito en crecimiento y uno de los casos de mayor congestión. En los dos  últimos años se recibieron 3.466 denuncias. En el primer semestre de 2016 en el Huila se tramitaron 1.722 denuncias por inasistencia alimentaria, que equivale a 13.42% del total de delitos reportados por la Fiscalía Seccional Huila. En el mismo periodo del 2017 se recepcionaron 1.744 denuncias, equivalentes al 13.35%.

El año pasado sólo en Neiva se realizaron 37 capturas por orden judicial por inasistencia alimentaria. En el resto del Huila se hicieron efectivas 102 capturas, entre ellas 25 en Pitalito y 23 en Garzón.

El resto del departamento 102 capturas por orden judicial, distribuidos así en los municipios más destacados: Pitalito 25, Garzón 23, La Plata 8, Timaná 6, Isnos 5, Yaguará 5, Gigante 4, Algeciras y Campoalegre 3 cada uno.

En el año 2016 llegaron al ICBF 39.942 peticiones de fijación de cuota de alimentos en todo el país. De ellas, 2.732 corresponden a la Regional Huila.

Entre enero y abril de 2017, la cifra nacional llegó a 12.920 peticiones. De ellas 881 son de la Regional Huila.

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