Norberto Antonio Castaño Buitrago

 

En Colombia desde hace 50 años existe la pena de muerte. Ha sido aplicada a más de 220 mil personas, entre líderes comunitarios y sociales, políticos, funcionarios públicos, sindicalistas, defensores de derechos humanos y gente del común.

Los ejecutores: los grupos paramilitares, las guerrillas izquierdistas, los delincuentes comunes, los narcotraficantes y tristemente hasta la Fuerza Pública, aquellos que juraron defender la vida de los colombianos.

Las cifras del Centro de Memoria Histórica no mienten.

A unos los mataron por ser auxiliadores de las guerrillas, a otros por ser simpatizantes de los paramilitares, a otros por no respetar los territorios de narcotraficantes, a otros porque había que entregar resultados a los superiores y es lo que conocemos como “falsos positivos”, y a otros por no dejarse robar.

Muchos colombianos fueron sometidos a juicios revolucionarios, condenados a muerte y obligados a cavar sus propias tumbas. Muchos murieron simplemente por estar a una hora y lugar equivocados cuando se accionaron artefactos explosivos. En Neiva, caso de Villa Magdalena. A unos más, en una calle cualquiera, hasta por no dejarse robar un celular o un par de tenis.  ¿A ellos quién los defendió?

Entonces, ¿por qué no legislar para que se instaure “oficialmente” la pena de muerte en Colombia?

Donde en aplicación de un verdadero debido proceso penal, con fiscales, defensores y jueces, se aplique la pena capital para aquellos que tomaron justicia con mano propia.

Pena de muerte que incluya a los violadores y asesinos de niños, a los homicidas reincidentes y a los feminicidas.

Dice el poeta Ricardo Arjona: “rezando dos padrenuestros el asesino no revive a sus muertos”.

Hoy, gracias a la firma del acuerdo de paz, nos convocan a perdonar y olvidar, afirmación válida que no nos debe llevar a que sigamos con mirada indiferente cómo se asesina.

Algunos esgrimirán el artículo 11 de la Constitución  “El  Derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte”, pero en un Estado incapaz de hacerlo respetar no quedará otra opción que legalizar la pena de muerte.

Nota: He retomado esta columna, ante los recientes hechos de asesinatos ocurridos en Rivera, Campoalegre, Suaza, La Argentina, Saladoblanco, Garzón, Pitalito,  entre otros municipios del Huila, donde incluso una de las víctimas fue un niño de 22 meses de nacido, abusado sexualmente y asesinado por su padrastro.

Comentarios a mi correo: norbertico47@hotmail.com

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