Se calcula que en Neiva a la fecha hay cerca de 10.000 mototaxis que se disputan los pasajeros con los transportadores formales.

FERNANDO POLO/LN

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La queja generalizada de los sistemas de transporte público masivo con respecto a la ilegalidad en la prestación del servicio de pasajeros hizo reaccionar al Ministerio de Transporte para que tome medidas que conlleven a controlar la piratería y el mototaxismo. A esta situación se suma la cantidad de accidentes que ocurren con mototaxis en donde los pasajeros llevan todas las de perder porque no hay quien responda.

Los sistemas de transporte alegan que los mototaxistas y los carros particulares que movilizan pasajeros los tienen quebrados. Por ello el Ministerio de Transporte emitió una orden donde les recuerda a los Secretarios de Tránsito que la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010 y por la Ley 1696 de 2013, que trata sobre las consecuencias que enfrentan estas personas, es de carácter prioritario que se aplique.

En Neiva en donde apenas se está construyendo la infraestructura para el Sistema Estratégico de Transporte Público, Setp, los conductores dicen que los mototaxis y vehículos piratas los tienen quebrados, por lo que las autoridades están en mora de empezar a aplicar políticas que verdaderamente conlleven a acabar con el transporte ilegal.

En ese sentido ven con buenos ojos que desde el Ministerio de Transporte se de la directriz y están a la espera que la Secretaría de Movilidad se pronuncie y les diga qué medidas se van a tomar.

Según los transportadores los controles son solo para los desprevenidos que no conocen la ciudad.

 

En el comunicado el Ministerio es claro y dice que “los conductores de vehículos particulares que presten servicio de transporte público serán sancionados con la suspensión de la licencia de conducción, y en caso de reincidencia, esta le será cancelada hasta por 25 años, anunció la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

Agrega que “existe una correlación trágica entre la ilegalidad y la siniestralidad vial y desde el Ministerio de Transporte debemos promover la transparencia en todas las actuaciones de los actores viales. Estamos convencidos que con un mayor control ciudadano y sanciones más drásticas a quienes infrinjan la Ley, habrá menos espacio para que exista la corrupción”, manifestó Orozco.

En la comunicación oficial emitida a los organismos y autoridades de tránsito en todo el país, se les insiste que, en el marco del Artículo 26 de la Ley 769 se debe actuar y aplicar las sanciones que correspondan. La Ley habla de suspensión de la licencia de conducción hasta por 25 años.

“Se debe recordar que la Ley establece que la suspensión o cancelación de la licencia de conducción implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente”, puntualizó la ministra Orozco.

Resalta que “el pilar de legalidad es una de las apuestas más importantes del Gobierno del Presidente Iván Duque, y en este sector aplicaremos las sanciones que sean necesarias a quienes vayan en contra de este principio”, manifestó la jefe de la cartera de Transporte, Ángela María Orozco.

SISTEMAS DE TRANSPORTE QUEBRADOS

Según el director la regional Huila y Caquetá del Ministerio de Transporte, César Julián Salas, todos los sistemas de transporte masivo del país, exceptuando el de Bogotá están quebrados, en gran parte por cuenta del transporte ilegal que no ha podido ser controlado por los organismos de tránsito de las diferentes ciudades.

Uno de los principales problemas para enfrentar la ilegalidad en el transporte es que el número de guardas es insuficiente.

“El documento ya nos llegó, el Ministerio exige hacer el control a los vehículos particulares que presten el servicio de transporte de pasajeros y eso incluye también a las motos”, expresó el director de la regional Huila y Caquetá del Ministerio Transporte, César Julián Salas.

Resaltó que “los sistemas de transporte público están colapsando, si esto sucede lo que pasa entonces es que se llenan las vías de vehículos que al final producen más contaminación y accidentalidad. Por eso hay que generar condiciones para que el sistema funcione”.

Y es que el problema que se presenta a diario de accidentes de motocicletas le está saliendo muy caro al Gobierno Nacional. A ello se agrega que si los sistemas de transporte público colapsan, el Gobierno es el financiador del 70% de esos proyectos, como sucede con el Setp que se está construyendo en Neiva.

“Con los sistemas de transporte las autoridades se han puesto a ver es como solucionan los problemas de infraestructura, no de movilidad y los de transporte, que es la razón de ser de las inversiones. Ahí es donde estamos teniendo dificultades. Que sacan con construir un poco de vías si el sistema de transporte va a estar quebrado. Por eso los organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría empezaron a exigirle acciones concretas al Ministerio de Transporte con respecto a esa situación”, señaló Salas.

CONTROL A LA INFORMALIDAD

Paralelo a la exigencia del Ministerio de Transporte para que se sancione a los transportadores piratas, también se está exigiendo que los municipios presenten los Planes de Control a la Informalidad, que es el documento donde los municipios y ciudades tienen plasmado todo lo que van a implementar para combatir la ilegalidad. Va de la mano con el Plan de Seguridad Vial y según el director territorial del Ministerio de Transporte, en la seccional Huila y Caquetá la única ciudad y municipio que la ha presentado en su primera fase es Neiva.

Municipios como Pitalito, Garzón, La Plata y Campoalegre que tienen bastantes problemas con el uso del mototaxi todavía no reaccionan.

“La única ciudad que tiene estructurado en su primera fase el Plan de Control a la Informalidad es Neiva, hay que hacerle varios ajuste, pero por lo menos ya se está construyendo, los principales municipios a pesar de las complicaciones que tienen en movilidad no han empezado a realizarlo”, señaló César Julián Salas.

En Neiva hace cinco años no se actualiza el censo o caracterización de mototaxis, el último dato arrojó que en la ciudad 5.000 motos prestan el servicio de mototaxi, se calcula que en cinco años la cifra se ha duplicado, por lo que los colectivos, busetas y taxis estarían luchando contra unos 10.000 competidores ilegales.

“En Neiva están matriculadas unas 20.000 motos, pero circulan cerca 100.000, por lo que es muy difícil establecer el control, pero se tiene que hacer y hacerlo bien. De lo contrario el sistema de transporte público al igual que el de otras ciudades puede quebrarse”, destacó Salas.

LOS TRANSPORTADORES

Los transportadores formales recibieron con beneplácito el anuncio del Ministerio de Transporte, pero destacaron que desafortunadamente los  controles que se están haciendo no arrojan los resultados que se buscan para que el transporte público legal pueda surgir.

“Nosotros recibimos el comunicado del Ministerio de Transporte, sabemos que la ley existe y por eso exigimos que la hagan cumplir, pero el problema que tiene la ciudad es que está creciendo, tiene muchas obras y los policías y guardas que hay para controlar el tránsito no alcanzan. La ciudad solo tiene 45 guardas y 25 policías pero si descontamos los que están de descanso, los que conforma la patrulla que atiende los accidentes de tránsito y los que están fijos en las obras no queda ninguno para controlar el tránsito y los informales”, señaló el representante de los transportadores Danilo Páez.

Este es el documento donde el Ministerio de Transporte les exige a las autoridades de tránsito que hagan cumplir la ley.

Agregó que hay mototaxis por todo lados y en los operativos que realiza la Policía solo están cayendo las personas que no conocen mucho la ciudad y no saben hasta donde pueden andar con parrillero. Pero los verdaderos mototaxis están en las esquinas disputándose los pasajeros con los transportadores formales.

“Le están aplicando la ley a ‘los de ruana’ y esos resultados son los que muestra la Secretaría de Tránsito. Los verdaderos mototaxistas están en el microcentro, en los barrios ya son conocidos los sitios donde se concentran pero la autoridad no hace nada. A mí sí me gustaría que me mostraran los 25 policías y 45 guardas que dicen tener para controlar el tránsito y la informalidad”, se quejó Páez.

El vocero de los transportadores destacó que el Ministerio no les está recordando a los alcaldes que existe una ley para controlar la informalidad, sino que les está exigiendo que la apliquen.

“Aquí a los mototaxistas les hacen el parte y les exigen pagar solo patios y grúa, en ocasiones el comparendo pero a ninguno le aplican la ley como es y por eso al otro día ya están trabajando. Lo que les exige el ministerio ahora es que les suspendan la licencia de conducción hasta por 25 años”, resaltó Danilo Páez.

Por su parte el secretario de movilidad de Neiva, Jimmy Puentes, dijo que hoy se pronunciará acerca del comunicado que envió el Ministerio de Transporte. 

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