JESÚS ANTONIO ROJAS SERRANO/LN

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Semana a semana, la Fiscalía mide estadísticamente los avances o retrocesos de los delitos que más golpean a los huilenses. En cabeza del director seccional de Fiscalías, Justino Hernández, la institución prioriza los casos y define las estrategias para impactarlos y esclarecerlos.

Durante este año, escandalosos hechos de corrupción, impactantes homicidios, aberrantes casos de violencia sexual, entre otros episodios, estuvieron en la mira de la Fiscalía.

En materia de corrupción, uno de los escándalos más notorios corrió por cuenta de la elección de contralor y personera de Neiva. Si bien la investigación databa del año 2015, la Fiscalía sacó adelante el caso. Hubo 15 capturados.

Sin embargo, ese no fue el único golpe de la Fiscalía en el Huila en 2018. Hubo muchos más y en otros campos.

LA NACIÓN tuvo acceso al más completo informe que acaba de consolidar la Fiscalía sobre sus investigaciones desarrolladas en el año que termina. Estos son algunos de los episodios que hacen parte de ese documento.

Corrupción

El lote más caro del Huila

En el año 2015, mediante escritura pública número 0186, la Alcaldía del municipio de Oporapa adquirió un predio contiguo a la institución educativa “San José” por un valor superior a los $475 millones. Las investigaciones establecieron que ese predio 8 meses antes valía $38 millones.

Por estos hechos fueron señalados de interés indebido en la celebración de contratos el alcalde de la época, Yamid Sterling Sánchez, así como Rafael Tierradentro Hortúa, Luis Enrique Parra Martínez, Rafael Bobadilla Moreno, Harby Aslam Rodríguez Ortiz, Nelson Enrique Castro Muñoz y Ever Garcés Zamudio.

Todos ellos fueron capturados a finales de 2017, pero un juez de control de garantías los dejó en libertad. La Fiscalía apeló y en julio de este año, otro juez de segunda instancia ordenó detenerlos nuevamente.

 

Los ‘enredos’ de Delio

El exalcalde del municipio de Garzón, Delio González Carvajal,  dos de sus funcionarios y un ingeniero particular fueron vinculados a una investigación penal por supuestas irregularidades en la remodelación del centro recreacional Manila.

La Fiscalía vinculó al ex mandatario conservador, a su director de Planeación Jaime Alejandro Ramírez Franco, al abogado Carlos Cuéllar Arteaga y al ingeniero Nelson Vargas Cadena, quien figuraba como contratista de las obras de recuperación del centro recreacional que se encontraba en total abandono.

Según las averiguaciones, hubo un aparente direccionamiento del contrato valorado en más de $2.000 millones.

Un juez le permitió a los señalados de este caso defenderse en libertad.

 

La sal corrompida

Un intendente de la Policía lideraba la presunta red de corrupción que bajo ‘torcidos’ se alzaba con los suministros de combustible a los carros de la institución en la capital del Huila. Los hechos datan de los años 2014 y 2015 y fueron denunciados el 17 de marzo de 2016 por el Diario LA NACIÓN.

Según la Fiscalía, del entramado de corrupción hacían parte uniformados y particulares, 7 de los cuales fueron capturados este año, en operativos desarrollados en Neiva y que se extendieron a Pitalito y La Plata.

Los policías activos protagonistas de este escándalo son el intendente Yorky Ome Melo y el patrullero Diego Armando Uribe Zanabria, quienes para la época de los hechos hacían parte del área Administrativa del Comando de Policía Huila.

La Fiscalía estableció el desfalco en cerca de $50 millones.

 

San Roque no le hizo el ‘milagro’

En mayo de este año, una década después de haber sido alcalde del municipio de Altamira, la Fiscalía le imputó a cargos a Amín Losada Losada por presuntas irregularidades en un contrato que, supuestamente, se dio sobre hechos cumplidos.

Las investigaciones arrojaron inconsistencias en dos contratos celebrados el 25 de octubre de 2008 que tenían como objeto la ambientación musical del Festival de La Achira en ese mismo mes. Al parecer, la ambientación hizo parte de las Fiestas de San Roque realizada dos meses atrás.

Detrás de ese hecho, se consignó información falsa en los documentos de los estudios previos, los dos contratos, certificados de cumplimiento y sus respectivas actas de liquidación.

Además de Amín Losada, están vinculados a este caso los contratistas Carlos Eduardo Díaz Chacón y Yolanda Castaño Chaux.

 

‘Rosario’ de líos

Los líos judiciales, todos ellos relacionados con corrupción, le ‘llovieron’ este 2018 a Jesús Elías Meneses, quien fue personero de Neiva entre los años 2012 y 2015.

Uno de los ‘enredos’ tiene que ver con un teléfono celular Samsung Galaxy S4, color blanco, avaluado en menos de $2 millones, de propiedad de la Personería. Meneses Perdomo, según las investigaciones, recibió ese celular, pero luego devolvió otro tipo de celular chino, color blanco, en malas condiciones, haciendo creer que ese era el que le habían asignado. Por este caso, fue señalado del delito de peculado.

El segundo lío del expersonero tiene relación con el uso indebido del servicio de mensajería institucional que es pagado con dineros públicos. Al parecer, el entonces personero envió por ese medio correspondencia de índole personal a Ucrania. Por este episodio, Jesús Elías Meneses fue señalado de peculado por apropiación.

Finalmente, Meneses es culpado de haber permitido supuestamente que Pedro María Camero Cantillo, jefe de la Oficina Administrativa y Financiera de la Personería, se apropiara para sí de cerca de $225 millones entre los años 2013 y 2015. Por estos hechos, Meneses tiene vigente un proceso penal por el delito de peculado culposo en concurso homogéneo y sucesivo.

 

Jamal Salem no podía contratar

La Fiscalía descubrió que en el año 2013, un contratista de la ESE del municipio de Baraya suscribió 13 veces contratos de prestación de servicios profesionales de médico, encontrándose inhabilitado para contratar.

Fue identificado como Jamal Salem Abubake Altawee, quien según la investigación penal, estaba inhabilitado para celebrar contratos por tener dos condenas vigentes por los delitos de inasistencia alimentaria y fraude a resolución judicial.

Por estos hechos, Abubake Altawee fue señalado e imputado por el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades en concurso homogéneo y sucesivo.

El proceso está vigente.

 

Libertad sospechosa

El 1 de febrero de 2018, un grupo de policías interceptó un vehículo en el que se movilizaban tres hombres. Tras una revisión al automotor, los uniformados encontraron camuflados 20 kilos de marihuana. De inmediato, los ocupantes fueron capturados y puestos a disposición de Félix Eduardo Díaz Rojas, quien para esos días se desempeñaba como fiscal Décimo Seccional de la URI en Neiva. La sustancia y el vehículo también quedaron a cargo de ese despacho en cadena de custodia.

Al parecer, de manera irregular y contrariando los preceptos legales, el entonces fiscal Díaz Rojas dejó en libertad a los detenidos.

Por este episodio, la Fiscalía llamó a cuentas este año a Díaz rojas y le endilgó los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción y por omisión. Un juez le dio el beneficio de la libertad, pero le prohibió salir del país.

 

El gran golpe

La Fiscalía ‘desempolvó’ una de sus investigaciones y la convirtió en el gran escándalo de corrupción develado este año en el Huila.

Según las averiguaciones, que surgieron a partir de interceptaciones telefónicas, hubo todo un “acuerdo común” para ‘torcer’ la elección de jefes de órganos de control en la ciudad de Neiva. El pacto convenía dinero en efectivo, puestos y contratos y tenía como propósito elegir a toda costa a Hildebrán Perdomo como Contralor y a Heidy Lorena Sánchez como Personera Municipal.

Con 15 órdenes de captura en mano, el 23 de agosto de 2018, el CTI de la Fiscalía se tomó el Concejo de Neiva y materializó la mayoría de detenciones. También fueron capturados los entonces Contralor y Personera, así como el empresario cafetero, Rened Cantillo, señalado de ser el “hombre del maletín”.

El escándalo arrastró al diputado de la Asamblea del Huila y uno de los referentes de la Alianza Verde en el departamento, Oscar Urueña.

El martes pasado, un juez de segunda instancia revocó las detenciones domiciliarias que pesaban contra el diputado Urueña; los concejales Carlos Sterling, Jesús Garzón y Luis Eduardo Penagos, y la expersonera Heidy Sánchez. El excontralor Hildebrán Perdomo y el empresario Rened Cantillo fueron beneficiados con la detención domiciliaria.

 

Alimentación escolar, barril sin fondo

El 2018 termina con otro lío judicial para el exalcalde de Neiva, Héctor Aníbal Ramírez. El 29 de noviembre pasado, la Fiscalía le imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos por aparentes irregularidades alrededor de la alimentación escolar cuando él fue mandatario de la ciudad.

De acuerdo con la Fiscalía, se encontraron presuntas irregularidades en el millonario contrato de suministro número 626 de 2009, cuyo objeto era suministrar desayunos diarios a población vulnerable de planteles educativos oficiales de Neiva. Al parecer, hubo desconocimiento al proceso de selección y terminó favoreciéndose con el contrato la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, involucrada en los grandes desfalcos de corrupción en el PAE.

Por estos mismos hechos, además de Héctor Aníbal Ramírez, fueron imputados, entre otros, el exsecretario de educación y hoy rector del colegio Juan de Cabrera, Enrique Vargas Leyva; el exjefe de contratación Euclides Dussán; y los interventores del contrato María Cristina Forero Vargas y Daniel Francisco Alvira.

La audiencia de imposición de medida de aseguramiento continuará el 14 de enero de 2019.

 

De guardián a preso

La Fiscalía puso al descubierto el caso de un dragoneante del Inpec que, con documentos falsos, reclamaba inventarios dados de baja por la Universidad Surcolombiana.

El funcionario fue identificado como Jhon Jairo Ramírez Echeverry, quien de acuerdo con las investigaciones, se presentaba ante la Usco como director de la cárcel de Neiva.

Se cree que bajo esta fachada, consiguió desde el año 2008 computadores, impresoras, televisores y toda clase de equipos de oficina, por más de $130 millones. Dichos equipos, luego, los vendía a empresas o comerciantes dedicados a la chatarrería, sin que llegaran los enseres al centro carcelario al que había sido designada la donación.

El 14 de noviembre pasado, Ramírez Echeverry fue capturado por el delito de falsedad material en documento público en concurso homogéneo y heterogéneo con abuso de confianza.

Tras las audiencias de rigor, fue enviado a la cárcel con medida de aseguramiento, debido a la gravedad de los hechos.

 

El ‘rey’ de la defraudación

El 10 de diciembre pasado, el CTI de la Fiscalía hizo efectiva la orden de captura contra el extesorero de la Alcaldía del municipio de Altamira, Jhon Wilmer Barrera Meneses.

Cuando ocupó ese cargo, según las autoridades, Barrera Meneses, sobre quien pesan investigaciones similares, falsificó documentos contables con el fin de emitir cheques para apropiarse de recursos públicos. Se estima que se alzó al menos, con $135 millones.

Por este caso de Altamira, la Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar y ofrecer al intentar sobornar a uno de los funcionarios de la Contraloría que lo investigaba por el desfalco.

Luego de las audiencias de rigor, un juez decidió otorgarle al ‘rey’ de la defraudación el beneficio de la casa por cárcel.

Homicidios

La tragedia que no se olvida

Dos años después del desplome de la tribuna occidental del estadio “Guillermo Plazas Alcid” de Neiva, ocurrido en medio de las polémicas obras de remodelación contratadas en la era del alcalde Pedro Suárez, el hecho ha seguido generando repercusiones judiciales.

Este año, la Fiscalía calificó la muerte de los 4 obreros en ese episodio como homicidio y les imputó cargos por tal delito a los responsables de la ejecución de las obras.

Los señalados de esas muertes son: Oscar Mauricio Montoya Marín, Oscar Alfonso Triana Rojas, Miguel Alejandro Lozano Castañeda, Jarlinson Hurtado Salas, Jaime Andrés Arévalo Rojas, Carlos Alfonso Oviedo Vera y Angélica María Rojas Gómez.

Para la Fiscalía, hubo una mezcla ‘explosiva’ de negligencia, imprudencia e impericia que provocaron la tragedia en el “Plazas Alcid”.

 

Bajos instintos

El 10 de febrero de este año, fue asesinada la joven, Valentina Mosquera Fajardo, de 18 años de edad. Su caso conmocionó a la ciudad de Neiva porque al día siguiente, su cuerpo, desnudo y ‘embolsado’, fue hallado en cercanías al Sena Industrial.

La Sijin de la Policía y el CTI de la Fiscalía emprendieron labores conjuntas para resolver el crimen. Entre otras cosas, establecieron que la joven prestaba servicios sexuales y que uno de sus ‘clientes’ fue el que terminó asesinándola.

Por estos hechos, fueron capturados Álvaro Andrés Albarracín Vega, así como su compañera sentimental, Andry Yised Polanía, señalada de encubrimiento.

La investigación para esclarecer el crimen de la joven se ejecutó en un tiempo récord de 14 días. El propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, reconoció la paciente pero precisa labor de los investigadores asignados al caso.

 

Por un pedazo de tierra

Dos hombres armados llegaron el 22 de marzo de este año a la vereda Horizonte del municipio de Guadalupe y asesinaron a una mujer, identificada como Betsabé Ingrid Cerón. La señora recibió un impacto de bala en la cara.

La Fiscalía priorizó el caso y estableció que detrás del crimen había un litigio de tierras.

Las averiguaciones llevaron a la captura de Ever Martínez Obregón, Aureliano Martínez Obregón y Luz Marina Salinas Niño, quienes se querían apoderar de la finca “La Rondinela”, de propiedad de la mujer asesinada.

Según la Fiscalía, fueron ellos tres quienes contrataron a los sicarios.

Los tres capturados permanecen bajo detención carcelaria.

 

Crimen de barbero no quedó impune

Más de 30 asesinatos han ocurrido este año en el municipio de Pitalito. Uno de ellos fue el de un barbero, identificado como Diego Muñoz Ruiz, quien fue atacado a bala y su cuerpo arrojado desde un vehículo de servicio público.

Los hechos ocurrieron el 9 de abril pasado, en la vía que de Pitalito conduce a la vereda Tabacal.

Testigos dijeron haber visto a un taxi y enseguida las detonaciones. Las investigaciones arrojaron que en el taxi, de placas VZF 290, fue llevada la víctima, atada de manos y pies para ser ultimada.

Una semana después del crimen, fueron capturados: Marlon Andrés Vargas Triviño y Diego Alejandro Sánchez Ortiz.

 

El autor intelectual

La captura del alcalde del municipio de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, se convirtió en el escándalo del año en el sur del Huila. Ni más ni menos que el mandatario de los laboyanos fue detenido señalado de ser el “determinador” del crimen del expersonero y líder social, Luis Gerardo Ochoa.

Ochoa fue asesinado a manos de un sicario el 6 de abril de 2017. Desde que se produjo el crimen, la Fiscalía no ha descansado por esclarecerlo, al punto que el caso deja hasta ahora un total de 12 personas capturadas como presuntos autores intelectuales y materiales, incluyendo al alcalde.

El alcalde Rico Rincón fue dejado en libertad por orden de un juez. Sin embargo, su lío judicial está intacto y el próximo 15 de febrero de 2019, otro juez de segunda instancia decidirá si el gobernante deberá ir con detención domiciliaria.

Todo indica que se pagaron $50 millones por el crimen del expersonero, quien se había dedicado a hacer valerosas denuncias en la región.

 

Sexo, muerte y robo

En mayo de este año, generó profunda consternación en el municipio de Rivera el asesinato del comerciante de helados, Hernando Sánchez Polanco, conocido como “Tato Gelato”.

Las autoridades emprendieron una investigación, que permitió establecer que el señor Sánchez Polanco era asiduo cliente de mujeres prepago. Una de ellas fue quien ideó el plan, inicialmente, para robarlo.

Por este episodio, fueron capturados: Laura Daniela Charry Toro, Jhon Edinson Burgos Plazas y Jhon Fredy Hoyos Sánchez.

Laura Daniela, además de prestarle favores sexuales a “Tato Gelato”, fue la que habría armado el plan para quedarse con la plata del producido diario de la venta de helados.

 

Lo mató por no pagarle el arriendo

El electricista, Rómulo Doncel Cuenca, era muy apreciado en el barrio Las Granjas de la capital huilense. Desde hacía tres meses le había dado posada a un hombre.

El 11 de agosto pasado, don Rómulo recibió varias heridas a cuchillo, una de ellas en el pecho. Aunque alcanzó a ser auxiliado y llevado al centro de salud de Las Granjas murió. El agresor: su inquilino, quien lo atacó en medio de una discusión. El episodio se originó sobre las 10:10 de la noche cuando el dueño de casa, le solicitó a su inquilino el pago del arriendo ya que la fecha establecida había pasado. La acción  molestó al hombre, quien sin pensarlo lo atacó.

El capturado fue identificado como Camilo Andrés Vega Murillo.

 

Iban por plata y algo más

La Fiscalía descubrió que detrás del crimen a cuchillo del prestamista, Benjamín Perdomo Polanía, ocurrido en marzo de este año en el barrio Chicalá de Neiva, había toda una banda delincuencial.

El trabajo de recolección de testimonios sumados a las interceptaciones telefónicas de los miembros de la organización delincuencial, permitió a los investigadores establecer que el crimen de Perdomo Polanía obedecía a una venganza.

“La motivación del homicidio del prestamista, sería por venganza, el hurto de pertenencias y dinero en efectivo”, establecieron los investigadores.

Tras varios meses de averiguaciones, la Fiscalía capturó a los presuntos responsables. Fueron identificados como Fernando Andrade Loaiza, alias Fercho, Copete o Gordo; Luis Fernando Moscoso Bermeo, alias Luisito, y Angélica María Ramos Torres, alias Caleña o Marta.

 

¡Qué crueldad!

Cuando la señora Oliva Rojas Salinas, de 87 años de edad, se encontraba en su casa, llegó una mujer a preguntarle que si le arrendaba una habitación. La desconocida entró a la casa y al ver que doña Oliva estaba sola, le hurtó dinero en efectivo, el celular y la prótesis dental que contenía dos incrustaciones elaboradas en oro. La víctima trató de evitar el hurto. Sin embargo, fue golpeada con una piedra en la cabeza y el rostro en varias ocasiones que le ocasionaron su muerte.

El cruel episodio ocurrió el 6 de noviembre pasado en el barrio La Trinidad del municipio de Pitalito.

Las autoridades investigaron y capturaron a Ana Clemencia Astudillo Papamija, de 52 años de edad, como responsable del crimen.

 

Desalmados

Hasta los mismos investigadores sintieron náuseas cuando pudieron comprobar que el menor de 22 meses de edad que llegó el pasado 18 de noviembre al hospital San Antonio de Pitalito porque supuestamente había sufrido un golpe, resultó abusado sexualmente y asesinado, al parecer, por su padrastro, un hombre de 20 años, que según las pruebas que tiene la Fiscalía abusó sexualmente ese mismo día del indefenso niño.

El pequeño fue llevado al hospital por el propio padrastro, Óscar Fabián Sterling, quien les explicó a los médicos de turno que el niño se le había caído de una alberca mientras lo bañaba y había sufrido un duro golpe en la cabeza. El pequeño llegó al centro asistencial inconsciente, por lo que los galenos tuvieron que hacer trabajo de reanimación. Más tarde le diagnosticaron muerte cerebral, finalmente el 20 de noviembre, dos días después de haber entrado al hospital, el niño murió.

Además del padrastro, fue capturada la madre biológica del menor, identificada como Jendy Kassandra Pérez Hernández.

 

¡Aberrante!

2018 está cerrando con un caso que estremeció a los campoalegrunos. Se trata del crimen del pequeño, Joan Sebastián Traslaviña, de 5 años de edad, quien vivía con su madre y la compañera sentimental de esta.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los golpes en el estómago que desencadenaron en una peritonitis, así como múltiples fracturas en la cabeza, rostro y pecho, provocaron la muerte del menor. Incluso, el pequeño presentó vómito prolongado y todo indica que, horas antes de su muerte, fue golpeado sin compasión.

“Es toda una cadena de tortura por lo que nunca fue llevado al hospital y se hizo a última hora cuando ya había muerto producto de estas lesiones”, dijo el director de Fiscalías, Justino Hernández, al referirse al episodio.

Las presuntas responsables fueron identificadas como María Isabel Traslaviña González y Gina Serrato León, quienes deberán responder por los delitos de homicidio agravado, violencia intrafamiliar agravada y tortura agravada.

Delitos sexuales

Concejal depravado

En febrero de este año, cayó preso el concejal del municipio de Gigante, Héctor Alfonso Hüergos Yáñez, de 53 años de edad, señalado del delito de actos sexuales con menor de 14 años.

El político fue denunciado por un niño de 7 años de edad, que contó que cuando lo había acompañado a una finca para conocerla y coger café, Hüergo intentó de manera violenta besarlo y manosearlo, logrando escapar.

Otras dos denuncias similares tienen en su poder las autoridades contra este hombre, que “aprovechaba” su cargo público y su distinción como ciudadano al pertenecer a una iglesia de Gigante, para cometer sus depravaciones con menores de edad.

 

Golpe a la explotación sexual

Tras casi dos años de juiciosas investigaciones, seguimientos y escuchas telefónicas, la Fiscalía lideró el más duro golpe contra una red de explotación sexual en el Huila.

En total, 9 capturados dejó esa operación, la mayoría de los cuales permanecen hoy en la cárcel de Neiva.

La red era liderada por un hombre y una mujer, que contactaban y reclutaban menores de edad para ofrecer servicios sexuales en varios pueblos huilenses. El resto de la banda era integrada por hombres que asiduamente pedían esos servicios.

Los proxenetas fueron identificados como Ramiro Flórez y Sonia Vitoviz Morán. Los otros aprehendidos son: el abogado Luis Fernando Casallas Rivas; el locutor Jorge Humberto Másmelas Ramírez; el tramitador Gustavo Adolfo Rojas Sierra; el comerciante José Francined Lasso Collazos; el asesor de la Gobernación del Huila David Huepe; el presidente de la Asociación de Parqueaderos Fabio Ceballes y el funcionario de la Aeronáutica Civil Alberto Pérez Cuéllar.

 

Pecado bajo las sotanas

Dos religiosos fueron protagonistas en 2018 de escándalos sexuales.

Uno de ellos es el sacerdote católico Odair Jesús Ruiz Manzanares, oriundo del municipio de Timaná, quien fue capturado por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. La víctima: una menor de 11 años de edad, que servía como acólita o monaguilla.

El abuso se habría cometido en la propia capilla de Belén, municipio de La Plata, en medio de santos, biblias y copones.

El otro caso es del sacerdote de la iglesia Guadalupana con sede en Pitalito, Jorge Eliécer González Tovar, a quien en este 2018 le dictaron sentencia condenatoria con pena de 17 años de cárcel.

González Tovar, valiéndose de su condición de religioso, accedió carnalmente a un menor en el municipio de Acevedo en septiembre del año 2013.

 

Escabroso

Las autoridades descubrieron este año que tres menores de 6, 9 y 11 años de edad eran abusados sexualmente por su propio padre. Los hechos ocurrieron en el municipio de La Argentina.

El agresor, identificado como Enrique Javier Castillo, habría sometido a sus aberraciones sexuales a sus hijos, a quienes además, golpeaba y amenazaba.

El caso es tan escabroso y repugnante que las investigaciones arrojaron que producto de los abusos, el hombre contagió a uno de los menores de una enfermedad de transmisión sexual.

El individuo fue capturado y recluido en un centro carcelario.

 

Violencia intrafamiliar

Notario violento

De violencia intrafamiliar fue acusado este año el notario Quinto de Neiva, Eduardo Fierro Manrique.

Yaneth Dávila Rodríguez denunció que ella y su hija fueron ‘blanco’ de agresiones verbales y sicológicas por parte del señor Fierro Manrique. Por estos hechos, la Fiscalía no solo le imputó cargos sino que presentó escrito de acusación directo.

Fierro Manrique es recordado por haber protagonizado un altercado el año pasado con el entonces presidente de la Asociación de Institutores Huilenses, Adih, José Luis Castellanos. Ese hecho también se debate en los estrados judiciales.

 

Padrastro maltratador

La Fiscalía del Huila logró que enviaran a la cárcel a un hombre que agredió físicamente a su hijastro.

Según las investigaciones, Wilmer Alfonso Reyes Ostos agredió física y verbalmente a su hijastro, al que le propinó varios planazos con un machete. En medio de esa agresión, le causó una herida abierta en el brazo izquierdo.

Tras su captura, Reyes Ostos fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de violencia intrafamiliar.

 

 

 

 

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