RICARDO AREIZA

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El Caquetá salió airoso de la grave crisis financiera y presupuestal que tuvo que enfrentar desde el 2011 cuando decidió someterse a la ley de quiebras.

Después de padecer durante siete años graves penurias presupuestales, el vecino departamento, se libró de la totalidad de las deudas que lo asfixiaban (incluidas las del sector financiero) y hoy, por primera vez, reportará un superávit, reflejo del nuevo panorama fiscal.

En tiempo récord, el actual gobernador Álvaro Pacheco Álvarez, logró cancelar con recursos propios obligaciones por 23.528 millones de pesos y puso fin anticipadamente a un acuerdo de reestructuración de pasivos, firmado con el Ministerio de Hacienda, como un instrumento de saneamiento de sus finanzas.

No obstante, la Contraloría General de la República, encontró lunares en el proceso que podrían originar procesos fiscales o disciplinarios.

Regiones insolventes

La crisis no fue exclusiva de Caquetá. En la misma situación estuvieron los departamentos de Caldas, Córdoba, Magdalena, Nariño, Sucre y Valle del Cauca y ciudades como Mocoa (Putumayo), Popayán (Cauca), Riohacha (La Guajira) y Santa Marta (Magdalena). El Huila  estuvo en una situación similar durante la administración de  Jaime Bravo en 1998.

En el 2015 Isnos se sometió al mismo procedimiento en el marco de la ley de intervención económica (Ley 550 de 1999).

Plan de choque

El acuerdo de reestructuración fue suscrito en medio de una crisis agravada por siete embargos judiciales por parte de contratistas y proveedores,  presionado por un déficit fiscal superior a los siete mil millones de pesos y con pasivos contingentes supriores a los 70.000 millones de pesos.

Esta fragilidad financiera impactaba negativamente la autonomía en la asignación del gasto e impedía cumplir con las metas propuestas en el plan de desarrollo. Por eso se adoptó el plan de choque.

Presionado por esta crisis, el gobierno departamental anunció su decisión someterse a la ley de quiebras. La iniciativa fue promovida por el gobernador de la época Víctor Isidro Ramírez como un mecanismo de transacción para extinguir la totalidad de las obligaciones incorporadas en un cuantioso inventario de acreencia cercano a los 24 mil millones de pesos.

El acuerdo de saneamiento fiscal fue aprobado por la Dirección General de Apoyo Fiscal en noviembre de 2012 (Resolución No. 3766) y firmado el 25 de febrero de 2014 con vigencia hasta diciembre de 2019 cuando se calculaba el pago total de las obligaciones.

Sin embargo, con dos años de anticipación, el actual gobernador Álvaro Pacheco sacó al departamento de la ley de quiebras  e inició el proceso de saneamiento fiscal.

“Este fue un paso significativo en el saneamiento de las finanzas públicas. Hoy es una realidad. No le debemos un peso a nadie. Hoy es un departamento viable técnica y financieramente”, explicó el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez.

 Fin anticipado

El acta de terminación anticipada fue suscrita por el actual mandatario seccional y el representante del Ministerio de Hacienda, Carlos Alfonso Araújo, promotores del acuerdo y por los cuatro representantes de los acreedores.

La culminación fue debidamente certificada y registrada y le abrió las puertas a un nuevo escenario de sanidad fiscal.

La decisión permitió no solo pagar la totalidad de las obligaciones laborales y mercantiles, sino la totalidad de las deudas con el sector financiero.

La medida ocasionó la liberación de las rentas de destinación específica comprometidas para el pago de las acreencias, recursos que se destinaron a inversión social.

Hoy, después de las penurias que soportó durante siete años, el Caquetá, reporta por primera vez, un superávit fiscal.

Los lunares

Aun así, la Contraloría General de la República encontró que la entidad territorial no cumplió con las reglas establecidas en materia de prepagos de obligaciones en general y pago de pasivos pensionales.

El organismo de control determinó que el acuerdo se liquidó sin pagar la totalidad de las acreencias vinculadas a él.

“En otros casos se pagaron acreencias en fechas posteriores a la vigencia del acuerdo, pese a contar con los recursos y documentos soportes necesarios para ello”, reportó el gerente departamental Rafael Julio Maestre.

Existen acreencias sin pagar que no cuentan con los soportes documentales necesarios ni se evidencia gestión adecuada para lograr su formalización.

Las revelaciones fueron hechas al hacer un seguimiento al escenario financiero derivado del acuerdo de reestructuración de pasivos, terminado anticipadamente el 13 marzo de 2018.  El acuerdo debía concluir en diciembre de 2019.

“En términos generales-concluyó- el escenario financiero fue cumplido en las vigencias objeto de validación, dado que frente al análisis de los ingresos y gastos proyectados y los efectivamente ejecutados no se encontró observación alguna”.

Sin embargo, admitió que la entidad incumplió el acuerdo al no efectuar la totalidad de los pagos en las condiciones y plazos que se establecieron.

“La Contraloría General de la República constituyó catorce hallazgos administrativos; siete tienen incidencia fiscal por valor de $100.201.569 y otros catorce con presunta incidencia disciplinaria”,

La entidad no soportó algunas de las acreencias incluidas en el acuerdo, entre ellas a la Licorera de Caldas, Ministerio del Transporte, Universidad del Quindío, debidamente reportadas a Fiducia del Banco de Bogotá, pero no canceladas.

Adicionalmente, la entidad territorial no realizó durante el trámite del proceso judicial las gestiones jurídicas tendientes a que se ordenara judicialmente el descuento de lo correspondiente a tasas e impuestos, ni efectuó  el cobro de estampillas en (Procultura, Prodesarrollo, Proelectrificación, Proancianatos y servicios administrativos).
En otros casos, ordenó el pago de acreencias cuando ya había terminado el acuerdo de reestructuración de pasivos. Asimismo dispuso el pago de salarios y prestaciones sociales sin los descuentos de ley ni el pago de los aportes parafiscales, subsidio familiar o seguridad social, generando además, el pago de intereses moratorios por  desconocimiento la normatividad laboral.

En su m momento no realizó los pagos al sistema de seguridad social integral de sus empleados lo que provocó sanciones por parte del Ministerio del Trabajo.

Igualmente, debió cancelar altos intereses moratorios por  las cuotas partes pensionales dejadas de pagar a favor de Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Por la misma razón fue condenado a pagar altos intereses moratorios por no haber cancelado oportunamente las cuotas partes pensiones a 69 empleados de la Gobernación. Estos valores se pagaron en mayo de 2018 con posterioridad a la finalización del acuerdo.

Finalmente incorporó y pagó dentro del acuerdo de reestructuración de pasivos, obligaciones que habían sido contraídas por el ente territorial sin que se contara con los recursos y saldos disponibles previo certificado de disponibilidad presupuestal para respaldar estos gastos. Esta situación generó el pago extemporáneo de acreencias que agravó el déficit fiscal.

“La anterior situación se presentó por deficiencias en los mecanismos de control interno, debilidad en la supervisión de las actividades desarrolladas en el transcurso de la ejecución del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.

Drástica austeridad

La medida originó además una drástica reducción del gasto público.

El acuerdo fue financiado con recursos propios reorientados de las sus principales rentas de destinación específica. Entre ellas comprometió el 64% del recaudo de las estampillas de Pro-Electrificación Rural y Pro-Desarrollo, el 30% del recaudo del impuesto de degüello de ganado y el 80% del recaudo de la sobretasa al ACPM.

Igualmente el 20%  de los ingresos corrientes de libre destinación (Sector Deporte-Ligas), el 30%  para el sector cultural.

La evaluación

Las acreencias laborales del Grupo 1 fueron pagadas en su totalidad durante las vigencias 2014 a 2016 por valor de $1.554.704.514.  En el 2016 se pagaron acreencias ciertas por $2.983.150.091 y durante 2017 $8.533.049.665 para un total de $11.516.199.756.

La administración seccional reorientó rentas en cuantía de $21.630 millones de las cuales usó $19.768 millones para el pago de acreencias.

Al final se cancelaron obligaciones que ascendieron a 23.528 millones de pesos.

No obstante, la Contraloría General de la República afirmó que el acuerdo no se cumplió como estaba pactado, quedando saldos pendientes (Ver cuadro).

El Fondo de Contingencias fue creado para respaldar el pago de las acreencias que se encontraban en trámite judicial al inicio del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos por valor inicial de $2.169.

Durante la ejecución del acuerdo se realizaron pagos por $1.805 millones quedando pendiente acreencias por pagar por estar en proceso judicial en cuantía de $1.464 millones.

Posterior a la finalización del acuerdo por orden judicial se cancelaron obligaciones por 344 millones. Otras 56 se fallaron en favor del ente territorial.

De acuerdo con la evaluación posterior, la mayoría de las operaciones se realizaron adecuadamente, quedando saldos pendientes, pagos extemporáneos y sanciones por morosidad.

Pagos pendientes

El secretario de Hacienda, Jorge Murillo confirmó que se creó un fondo de contingencias, precisamente para atender algunas acreencias pendientes por distintas razones (muerte del acreedor, por ejemplo) o pretensiones de las demandas que aún cursan en los distintos operadores judiciales.

“Efectivamente, como ha ocurrido en otros casos, quedaron remanentes que no su pudieron pagar por deficiencias documentales en algunos casos. Esas obligaciones no se pudieron pagar hasta que no se subsanen esas deficiencias documentales”, confirmó Jorge Murillo, secretario de Hacienda.

Si bien quedaron unas cuentas pendientes, hay mecanismos garantizados para subsanarlos.

“El año pasado, la administración creó un fondo de contingencias para garantizar los recursos. Los recursos están disponibles para que en el evento en que se logren subsanar esas deficiencias se puedan cancelar las obligaciones sin ningún inconveniente.

El fondo cuenta con recursos por 1.400 millones de pesos disponibles para atender estas obligaciones.

Nuevo panorama

“Hoy el panorama financiero es altamente positivo. Los ingresos se comportaron adecuadamente tanto que nos permitió prepagar recursos del orden de los 8.440 millones de pesos con el sector financiero. Hoy no tenemos ninguna deuda, estamos en cero deudas con los bancos, y se pagó el grupo que corresponde a los acreedores laborales. Estamos al día con las mesadas pensionales.

Las deficiencias que encontró la Contraloría corresponden a entidades nacionales, entidades financieras, muchas veces por problemas de tramitomanía y el grupo cuatro que corresponde a los comerciantes que ya se pagaron.

En este momento estamos haciendo el cierre presupuestal, y podemos anticipar que vamos a tener un superávit al cierre de la vigencia del 2018.

El contralor departamental, Eduardo Moya, reconoció los esfuerzos que se han realizado y los logros obtenidos en materia de sanidad fiscal. Sin embargo, anunció que el el superávit será determinado cuando se evalué el último ejercicio fiscal.

Sin efectos

Los hallazgos no tendrán ningún efecto sobre el acuerdo. Aunque sí tendrá posibles repercusiones fiscales y disciplinarias.

“El Comité de Vigilancia y el Ministerio de Hacienda concluyeron que el acuerdo se cumplió con la mayoría de los puntos, un 98 por ciento de las acreencias. Por eso se suscribió el año pasado el acta de terminación anticipada y se elevó ante el Ministerio de Hacienda”, explicó Murillo.

Sin embargo, admitió que el tema del debate se concentrará en el organismo de control.

“En este aspecto, ya suscribimos un plan de mejoramiento para corregir los hallazgos, especialmente administrativos”, precisó.

La Asamblea autorizó el acuerdo y  luego amplió las medidas para evitar hacia el futuro un hecho similar.

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