Marcos Silva Martínez

La impunidad y la corrupción crecen y los organismos oficiales, cuya función es ejercer pronta y cumplida justicia. El caos y la anarquía se tomaron la institucionalidad, mientas el gobierno engaña con el cuento de que el que la hace la paga es una farsa.

Ser pillo paga. Lo demuestra el tropel de excarcelaciones de peligrosos delincuentes y el reparto del poder en cabeza de oscuros personajes. En todos los casos a favor de la extrema derecha.

Ocurre, porque la politiquería, el clientelismo, el amiguismo y los corruptos cooptaron el poder público. Los cargos, son negociados, bajo el sofisma de participación democrática en el poder. Los elegidos no son los más capaces, porque deben ser maleables incondicionales.

El rechazo sistemático o sesgado, de magistrados y funcionarios con poder de decisión, al reordenamiento institucional, obedece a que consideran amenazados sus privilegios económicos-políticos y pueden reducírseles gabelas y oportunidades de impunidad. Magistrados y determinados funcionarios, con la institucionalidad vigente, son intocables.

La decisión de la Corte Constitucional, de revivir la Sala Administrativa del desprestigiado Consejo de la Judicatura, apunta a garantizar impunidad para altos funcionarios y mantener la politiquería y el clientelismo en el acceso a la magistratura y en las transacciones burocráticas, que de ese ambiente se derivan.

Ha sido imposible la creación e implementación del Tribunal de Aforados, prevista para juzgar al Fiscal, Procurador, Defensor del Pueblo, congresistas   y Magistrados de las Altas Cortes.

La conformación de ese Órgano Judicial para aforados puede ser desvirtuado al 1000%, si interviene el Congreso, la politiquería y la corrupción.

Sus miembros deberían ser escogidos por convocatoria pública del Consejo de Gobierno Judicial, creado para acabar con el corrupto, clientelista y politiquero Consejo Superior de la Judicatura. El mismo en el que prevalece la componenda y el oportunismo. El mismo que   ha propiciado y protagonizado   escándalos, como el carrusel de las pensiones, nombramientos y remplazos injustificables, entre otros. Es un organismo que con su estructura, composición y dependencias politiqueras, no conviene a la Rama Judicial, ni a los altos intereses de la sociedad colombiana.

Con la posición de la Corte Constitucional, es imposible elegir los Magistrados del Tribunal de Aforados, como debe ser.

Deben ser seleccionados por rigurosos méritos académicos-jurídicos y limpieza de antecedentes, no al estilo de la selección de exmagistrados y magistrados como, Pretelt, Rojas Ríos, Ovidio Claros, Lizcano, Ema Garzón, Ricaurte, entre muchos otros.

Los usufructuarios del poder quieren siempre cortes de bolsillo. Si no lo son, les declaran la guerra, como ocurrió contra los Magistrados de la Corte suprema, de la época del nefasto gobierno de Uribe Vélez y este mismo, imponiendo la segunda instancia en la Corte de hoy.

Así las cosas y mientras el leguleyismo, los rábulas fletados y el cálculo interesado de conveniencias, operen con la franquicia como hoy, la dictadura jurídica de magistrados irresponsables, el caos y la impunidad en la justicia seguirá igual.

Ya son diez intentos de reforma a la justicia. Todos fracasados, bajo la posición cerril de magistrados de la Corte Constitucional, para evitar el cambio. No quieren tener quien los investigue. Y todas las reformas deben ser sometidas a revisión de la Corte.

Queda el recurso de la Consulta Popular, es decir del accionar del pueblo y depende del elector y de la dirigencia de los ciudadanos honestos. Es la única solución contra a hecatombe del poder público.

 

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