Estocada final a consulta verde en Timaná

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El Tribunal Administrativo del Huila hundió la consulta popular en defensa del patrimonio natural  en Timaná.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

El Tribunal Administrativo del Huila sepultó  definitivamente la consulta popular sobre la conveniencia o no de realizar actividades minero-energéticas y la construcción de hidroeléctricas en Timaná.

La corporación judicial, con ponencia del magistrado Jorge Alirio Cortés Soto, declaró inconstitucional la iniciativa y le dio cristiana sepultura.

La decisión desató ayer una nueva tormenta en la comunidad.

“Lamentablemente, todos los tribunales del país se pusieron de acuerdo para frenar estas iniciativas. Es una decisión fatal para las regiones y los municipios”, afirmó el ex alcalde Pedro Nel Jiménez, presidente del comité de promotores.

La misma línea

Según la corporación judicial, la propuesta de consulta popular cumplía con los requisitos formales, no obstante, no se ajustaba a los postulados constitucionales. Acorde con una línea que se abrió paso en los altos tribunales, señaló que la entidad territorial desbordó sus competencias porque sobrepasó el ámbito local y desconoció los principios de concurrencia, coordinación y subsidiaridad al pretender de forma unilateral prohibir actividades de exploración y explotación de los recursos no renovables.

“El principio de autonomía territorial exige la armonización con los intereses generales del Estado atendiendo la distribución de competencias entre la Nación y los entes territoriales”, insistió el magistrado Jorge Alirio Cortés Soto.

“La propuesta de consulta popular entra en conflicto con las competencias que tiene el gobierno nacional en el aprovechamiento de los recursos del subsuelo, lo cual escapa a sus competencias”, admitió el ponente.

En su criterio, “este mecanismo de participación ciudadana no puede ser utilizado para prohibir de forma unilateral actividades de exploración y explotación del suelo (hidrocarburos, generación hidroeléctrica y minería) en el municipio”.

Según el Consejo de Estado,  “la autonomía de los municipios en materia de ordenación del suelo y de consultas populares sobre minería e hidrocarburos, no es absoluta, en tanto debe ejercerse de manera coordinada y concurrente con las competencias de la Nación y la dirección general del Estado en la economía y sostenibilidad fisca

La estocada

La decisión es la estocada final contra la iniciativa ciudadana. En diciembre pasado, la misma corporación confirmó la suspensión del acuerdo 003 expedido el 6 de marzo de 2017 por el Concejo.

El Acuerdo prohibía en jurisdicción de Timaná, la construcción de centrales hidroeléctricas y la explotación minera a gran escala y restringía la explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales en todo el territorio por las fallas geológicas en la zona.

El acuerdo como la consulta, según el alcalde Juan Bautista Rojas fueron promovidos en ejercicio de la autonomía territorial para proteger el uso del suelo y la el patrimonio ecológico y cultural de su jurisdicción. “No se trata-dijo de desconocer las competencias de la Nación”.

El mandatario local argumentó  la alta sensibilidad del territorio por los fenómenos naturales, las condiciones geológicas del suelo, las fallas geológicas regionales y locales y las amenazas sísmicas que generan riesgos potenciales. Los acuerdos de Altamira, Oporapa y Pitalito corrieron la misma suerte.

La iniciativa ciudadana fue respaldada por 6.500 ciudadanos. SUMINISTRADA

La consulta

La propuesta nació en el 2016 y se consolidó en enero del año pasado durante una jornada de recolección de firmas.

La iniciativa respaldada por 6.500 ciudadanos fue presentada por el alcalde Juan Bautista Rojas el primero de octubre de 2018.

El funcionario le pidió al Concejo en sesiones extraordinarias el concepto previo para realizar la iniciativa ciudadana, impulsada por un comité cívico liderado por el ex alcalde Pedro Nel Jiménez.

Una comisión accidental rindió el informe general y emitió concepto favorable y le despejó el camino de continuar con el trámite de la consulta popular.

Finalmente avaló la iniciativa, según Resolución No. 017 de octubre 12 de 2018.

La propuesta pretendía consultar a la comunidad sobre la conveniencia de ejecutar en ese territorio proyectos de exploración petrolera, generación de energía y actividades de minaría a mediana y gran escala.

El 30 de octubre de 2018 el Tribunal Administrativo del Huila inició el estudio de la constitucionalidad del texto de la consulta popular.

Aval ciudadano

Según el registrador Luis Eduardo González, la consulta realizada hace un año cumplió con los requisitos legales y constitucionales.

“En dos días se recaudaron 5.337 firmas recolectadas, cuando solo se requerían 1.553”, certificó el funcionario. El aval superó el diez por ciento del censo electoral.

El comité promotor  lo integran el exalcalde de Timaná Pedro Nel Jiménez Sterling, la empresaria María Antonia Estupiñán Téllez, el sacerdote Miller Calderón Calderón y los concejales Argenis Rojas Hoyos y Dagoberto Tejada Torres.

“Para nosotros ha sido la sorpresa más grande porque están desconociendo un mecanismo de participación ciudadana, establecida en la Constitución. Es una decisión contra la ciudadanía que se manifestó libremente”, expresó la concejal Argenis Rojas, una de las promotoras.

“Quisimos agotar las vías de derecho y mire lo que pasó, ahora nos quedan otras vías, la protesta civil”, afirmó.

Tutelatón

La reacción no fue la única. Otros voceros censuraron la decisión.  “Nos parece deplorable que se hayan puesto de acuerdo todos los tribunales del país y una minoría de magistrados de la Corte Constitucional para favorecer a las multinacionales, para abrirle campo, para entregarle los territorios y eso no lo vamos a permitir”, respondió el ex mandatario.

“Ya no tenemos ya quien nos defienda, los jueces y magistrados ya no representan en nada al pueblo, no defienden el espíritu de la Constitución, solo protegen a las multinacionales”, afirmó.

“La consulta popular no ha sido modificada en ningún momento. Ellos están tratando de cambiar la esencia de la consulta. No es el gobierno nacional ni los políticos ni los estamentos judiciales los que deben indicarnos cómo podemos vivir en las regiones y como debemos defender el agua y nuestro territorio”, añado.

“La lucha no ha terminado. Vamos a seguir defendiendo este mecanismo y desde ya estamos preparando nuevas acciones judiciales, porque no nos podemos quedar quietos. La consulta está respaldada por más de 6.500 ciudadanos, producto de un gran firmatón realizado en enero de 2018. Y para comenzar vamos a realizaron un tutelatón”, anunció Jiménez Sterling.

Sepultada

El 10 de diciembre del año pasado, el Consejo de Estado sepultó la primera consulta popular convocada por la comunidad en Íquira (Huila). La iniciativa se oponía al desarrollo del bloque de perforación exploratoria VSM-22 adjudicado hace siete años a la multinacional petrolera Telpico.

El alto tribunal con la ponencia del magistrado huilense Alberto Yepes Barreiro, respaldó la tesis de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y sepultó la iniciativa ciudadana en momentos en que se encontraba en pleno trámite.

El funcionario judicial se apartó de otra posición fijada por la Sección Cuarta, según la cual, las consultas populares son factibles en virtud del derecho a la participación ciudadana y en materia minero-energética.

El Tribunal Administrativo del Huila hundió la consulta popular en defensa del patrimonio natural en Timaná.

Nuevo derrotero

Según Yepes Barreiro, las consultas populares tienen límites. Las actividades relacionadas con la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables no son competencia únicamente del nivel central (Nación) ni del descentralizado territorialmente (departamentos y municipios) ni de la ciudadanía.

Por las implicaciones que tiene en la práctica compete a todos los niveles.

“La propiedad, planificación, aprovechamiento y explotación de los recursos naturales no renovables radica en el Estado. Sin embargo, las facultades no están exclusivamente en cabeza de las entidades del orden central con competencias sobre el particular si no que se ejercen de forma conjunta con las demás entidades y organismos competentes en el asunto”, anotó Yepes.

“Por lo tanto –añadió- no resulta posible que la planeación, aprovechamiento, exploración o explotación de recursos naturales no renovables sea un asunto susceptible de ser sometido a una consulta popular del orden municipal, sin que para tal efecto haya participado la Nación en observancia de los principios de autonomía territorial, concurrencia y coordinación”.

Acuerdos en vilo

Los acuerdos aprobados en la mayoría de los municipios prohibiendo la megaminería comenzaron a ‘desgranarse”. Tres han sido suspendidos o anulados.

El pasado 20 de noviembre el mismo despacho judicial decretó la nulidad del Acuerdo 010 de 2017  que prohibía la construcción de nuevas represas y la minería de alto impacto en Altamira.

La misma suerte corrió el Acuerdo 005 de 2017 aprobado en Oporapa, suspendido por el Tribunal Administrativo en momentos en que se preparaba la consulta antiminera, avalada por la misma corporación.

El 20 de septiembre el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva invalidó el Acuerdo 036 expedido en el 2016 por el Concejo de Pitalito, prohibiendo la construcción de nuevas represas, y la restricción de la gran minería por los impactos colaterales causados al medio ambiente.

Un acuerdo similar aprobado en San Agustín quedó en suspenso mientras se resuelve la segunda instancia.

La nueva lectura

Una nueva lectura de los principios de coordinación y concurrencia cambió las reglas de juego que se venían sustentando en esta materia.

Antes, la restricción de las actividades minero-energéticas estaba amparada en el principio de autonomía territorial y las expresas facultades constitucionales de los concejos para determinar los usos del suelo y planear  el desarrollo local.

Dirigentes ambientalistas argumentan que la Constitución reconoce en cabeza de las entidades territoriales la competencia para regular el uso del suelo que no pueden ser desconocidos. Sin embargo esa postura evolucionó con las sentencias de unificación.

“Aun cuando los ciudadanos pueden participar en las decisiones que afectan su derecho al medio ambiente y los municipios pueden regular el uso del suelo y proteger el medio ambiente, estas prerrogativas no pueden desconocer las competencias que sobre la explotación de recursos naturales tienen las demás entidades del Estado”, explicó el juez Tito Alejandro Rubiano, quien invalidó varios acuerdos.

“Pese a que la Constitución reconoce en cabeza de las entidades territoriales la competencia para establecer el uso del suelo, esta función propia debe ejercerse de manera coordinada y concurrente con las competencias de la Nación, considerando que el subsuelo y los recursos naturales no renovables son propiedad del Estado” insistió el funcionario judicial.

En este caso, como lo exige la nueva normatividad, es imperativa la concertación entre las diferentes autoridades -nacionales y territoriales- para la adopción de decisiones sobre la materia.

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