Directivos de Comfamiliar en alerta por impactos de la EPS en el patrimonio de la entidad.

RICARDO AREIZA

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La revisión de la polémica convención colectiva para los 408 trabajadores sindicalizados de la Caja de Compensación Familiar del Huila quedó en suspenso.

El Juzgado Primero Laboral del Circuito negó en principio la revisión forzosa del pacto colectivo, refrendado y ampliado cada dos años y se inclinó por la concertación previa entre las partes.

La revisión por vía judicial fue solicitada por la propia entidad, argumentando que las prebendas pactadas desde hace 44 años pueden precipitar la ‘quiebra’ de la institución

En su criterio,  se han presentado graves alteraciones económicas sufridas por el empleador, en éste caso la Caja de Compensación Familiar del Huila, que hacen inviable financieramente para la entidad continuar con el reconocimiento de algunos de los derechos pactados o compromisos asumidos

El juez Armando Cárdenas Morera se abstuvo de ordenar la revisión por la vía judicial y en su opinión, las partes deben buscar primero una conciliación.

El funcionario judicial les dio un plazo de seis meses para que las partes diriman amigablemente la controversia laboral.

“En concreto el despacho judicial estimó que el conflicto generado entre el empleador y los trabajadores no es jurídico sino económico. Y en estas condiciones las partes deben sentarse a negociar lo que consideren conveniente de la convención colectiva”, explicó el abogado Ambrosio López, vocero de los sindicalistas.

De hecho la ley contempla que la revisión no puede afectar toda la convención sino sólo las cláusulas de contenido económico que dieron lugar al desequilibrio que se pretende corregir, bien sea mediante el acuerdo de las partes o mediante la intervención del juez laboral en el evento de no llegarse a un acuerdo.

En este caso se optó por la primera posibilidad ante de la judicialización. La posición fue planteada el jueves pasado durante la audiencia inicial.

Al final, por petición de las partes, se determinó la suspensión para avanzar en una eventual conciliación. En esas condiciones, la continuidad de la audiencia fue fijada para el 12 de julio próximo.

En contravía

Las prebendas, según Comfamiliar, acentuadas desde el año 2012, van en contravía directa con las condiciones en las que se encontraba al momento de suscribir la primera convención colectiva (1975), sus subsecuentes modificaciones y ampliaciones (firmadas de manera sucesiva cada dos años), que actualmente “son insostenibles para la Caja, deviniendo en la potencial quiebra”.

Los trabajadores insisten en que la entidad si tiene capacidad de mantener la convención colectiva de trabajo, pues la viene pagando desde el año 1976. “Lo que hay que revisar son los excesivos  cargos burocráticos que se han creado y los excesivos costos y gastos en las contrataciones efectuadas por la entidad en los últimos años.

Comfamiliar del Huila- dijo- siempre procuró el bienestar de sus empleados y fue ampliando los beneficios convencionales cada dos años.

La misma entidad admitió en la demanda que el aumento de los beneficios se inició desde la primera convención firmada en 1975. Desde esa época se incluyó la ampliación de beneficios, creación de nuevos y actualización de valores, mercados, primas extralegales, auxilios de salud al trabajador, a la familia del trabajador, auxilios educativos, a nivel preescolar, primaria, secundaria, técnicos y universitarios, para todos los hijos del trabajador, y el auxilio educativo también ha sido aplicable para el trabajador mismo.

Además, estableció auxilio de anteojos, fondos de salud, de vivienda, dinero para adecuación de oficina sindical, todo lo que pudo establecer para beneficiar a sus trabajadores y darles beneficios integrales.

La crisis

Curiosamente Comfamiliar atribuyó la crisis a la llegada de las nuevas plataformas y las cadenas de supermercados que impactaron al hipermercado generando decrecimiento de utilidades de manera tangible.

Además, los descalabros financieros de la EPS que comenzó a golpear el patrimonio de la Caja. “Éstas circunstancias no eran previsibles, jamás se previó que el sistema de salud, las EPS e IPS, quebrarían, ni que se darían situaciones económicas tan gravosas a ser asumidas por la empresa”. “Esto tuvo y tiene repercusión directa sobre la liquidez de la caja y sobre los beneficios extra legales que puede asumir la empresa a favor de los empleados, generando imposibilidad para continuar con ésta carga prestacional”, afirmó al sustentar la necesidad de la revisión de las prebendas para ajustarla a la nueva realidad social, económica y jurídica.

Sin bonanza

Comfamiliar ha sido amplia en la concesión de beneficios dentro de la convención colectiva principal suscrita y las modificaciones y ampliaciones bianuales firmadas, siempre que tuvo el músculo financiero para realizarlas.  Sin embargo el panorama cambió.

“La situación económica de la Caja de Compensación Familiar del Huila no tiene la misma bonanza y robustez que tuvo al momento de sus suscripciones, por el contrario se enmarca en la situación imprevisibles y graves alteraciones económicas o financieras sufridas por el empleador, que dan paso a la revisión judicial de la convención colectiva”, señaló.

El desmonte

Con estas justificaciones Comfamiliar urgió la revisión de la convención por imprevisibles y graves alteraciones económicas sufridas por el empleador.

En consecuencia, de ser precedente, declarar la necesidad de revisión de la convención colectiva vigente establecida a partir de 1975 hasta el 2017, conformada por convenciones colectivas y laudos arbitrales sucesivos desde 1975 hasta 2017, bajo la actual situación financiera.

En tercer lugar, declarar la imposibilidad financiera de la Caja de Compensación Familiar de Huila de continuar con la carga prestacional convencional extra legal contemplada en la convención colectiva y sus consecutivas modificaciones, ampliaciones y actualizaciones.

En cuarto lugar suspender por el término inicial de cinco años algunos beneficios pactados, entre ellos un aporte de 300 millones para la adquisición de la sede sindical y diez millones para mantenimiento.

El proyecto contempla la suspensión de la prima extralegal-convencional de matrimonio, correspondiente a 60 días de salario, beneficio convencional vigente.

Igualmente la prima extralegal de antigüedad, establecido para empleados que tengan a partir de cinco años de trabajo continuo en la caja y la suspensión de la pro-prima.

De igual manera congelaría el pago total de los textos escolares en prescolar, primaria y secundaria para los hijos de los trabajador (700.000 promedio por beneficiario) y el auxilio de útiles, ya que para lo no correspondiente a textos, hay un auxilio de útiles equivalente a tres días de salarios por cada hijo de trabajador.

Como si fuera poco, la entidad solicitó el desmonte del ‘auxilio de maternidad, abortos y partos prematuros’, equivalente a diez salarios minimos, la prima extralegal de carestía y el auxilio médico para el trabajador sindicalizado, correspondiente al 100% del costo total en medicina general y 75% en medicina especializada, además de ello, cuentan con la cobertura de estos servicios por las afiliaciones correspondientes a salud como trabajadores.

Asimismo el desmonte del auxilio de odontología, laboratorios clínicos, dotación (seis dotaciones por año). De manera subsidiaria demandó que las primas extralegales-convencionales, objeto de suspensión no constituyan factor salarial.

Otros impactos

Según Comfamiliar, el acuerdo laboral firmado en 2017, en el marco de la negociación colectiva, se estableció la obligatoriedad de conciliar los procesos judiciales de los trabajadores sindicalizados, reconociéndoles el pago de la totalidad de los beneficios y derechos estipulados en la convención colectiva. En cumplimiento de lo acordado, Comfamiliar tuvo una erogación por conciliaciones de derechos convencionales por valor de 2.863 millones de pesos correspondientes a 209 procesos laborales, distribuidos en la jurisdicción laboral del circuito de Neiva,

“En cualquiera de los casos -añadió- se evidencia que el impacto de la convención afecta a los afiliados de la caja al tener que acceder a servicios más caros, inclusive fuera de precios de mercado o simplemente en no poder acceder a servicios que anteriormente contaba de manera subsidiada que benefician a gran población de manera permanente, como servicios de colegio, escuelas deportivas, programas de adulto mayor”,  entre otros.

Al día presente los costos de la convención “son insostenibles para la Caja, deviniendo en la potencial quiebra que afectaría no sólo a los trabajadores hoy vinculados a la Caja (sindicalizados y no sindicalizados) sino a todos los trabajadores afiliados que se benefician de los distintos programas sociales prestados por la Caja”.

Aun así, en medio de las crecientes pérdidas la entidad busca opciones para revisar las concesiones laborales, pactadas  sin examinar los efectos. ¿Y el Consejo Directivo?

Los trabajadores tendrán que buscar un acuerdo.

Como lo ha revelado LA NACIÓN, las pérdidas acumuladas que ha venido registrando año tras año la EPS, está comprometiendo desde hace dos años el patrimonio global de Comfamiliar. La entidad, admite por primera vez una posibles “quiebra”.

El balance general de Comfamiliar Huila a diciembre 31 de 2016, reportó pérdidas acumuladas por $97.136 millones, correspondientes a los resultados negativos generados por la EPS régimen subsidiado y contributivo, de los años 2013 a 2015.

La EPS, administrada por la caja, registra pérdidas de 157.292 millones de pesos que comenzaron a afectar el patrimonio de la Caja.

A 31 de diciembre de 2017, presenta una siniestralidad del 106% (lo que representa un 14% por encima del máximo permitido).

“La entidad presenta una situación financiera crítica en lo referente al pago de obligaciones contraídas con las EBP prestadoras de servicios, impactando desfavorablemente sus estados financieros”, concluyó la Supersalud. Adicionalmente, estimó que “a 31 de diciembre de 2017 los pasivos son superiores a los activos, en un 426%, lo que genera que su indicador de endeudamiento sea crítico”.

Estos riesgos comprometen no solo el patrimonio de la corporación sino que pueden traumatizar la ejecución de los programas sociales.

Las pérdidas, según voceros de la entidad, se producen por la insuficiencia de los ingresos derivados de la UPC del régimen subsidiado para asumir los costos médicos en los distintos niveles de complejidad, el impacto del nuevo modelo de calcular las reservas técnicas y la onerosa carga de los gastos operacionales. Estas variables hacen inviable financieramente la EPS que comenzó a corroer el patrimonio de la Caja, sin que los empresarios y afiliados hayan entendido la complejidad del panorama.

“Mantener la EPS excede con creces cualquier ingreso que se obtenga, se ha requerido asumir los excedentes como gravosas pérdidas para Comfamiliar del Huila, a prorrata disminuir los pocos recursos que quedan para inversión y buscar préstamos bancarios para amortizar las pérdidas”, admitió la entidad al reclamar la revisión de la convención.

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