Los ataques recurrentes en Vegalarga afectaron bienes civiles, ajenos al conflicto.

RICARDO AREIZA

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Tres familias de comerciantes tendrán que ser indemnizados por los daños ocasionados por dos ataques terroristas perpetrados por las antiguas Farc ya desmovilizadas en el corregimiento de Vegalarga.

En tres fallos distintos, el Tribunal Administrativo del Huila accedió a las reclamaciones por los destrozos ocasionados a las viviendas civiles, ajenas al conflicto y el riesgo excepcional al que fueron sometidos sus ocupantes en dos de los múltiples ataques.

El primero ocurrió el 14 de agosto de 2010 cuando milicianos de la antigua organización sediciosa activó una carga explosiva en momentos en que pasaba una patrulla militar.

El segundo ocurrió el 30 de noviembre de 2010 al explotar un carro-bomba. El automotor, una camioneta 4×2 con placas TBX- 607 de servicio público adscrita a la empresa Cootransvega fue explotada a media cuadra del puesto de policía.

El atentado ocurrió a las 3:50 p.m. dejó como saldo un policía muerto y nueve heridos. Algunos civiles también resultaron lesionados por las esquirlas.

La mayoría de las víctimas civiles, recibieron algunas ayudas humanitarias pero las reparaciones locativas corrieron por su propia cuenta. Muchos de ellos decidieron demandar. En estos tres nuevos fallos se ordenó al Estado las respectivas indemnizaciones.

En este evento la decisión beneficia a María Yineth González Mora, Luis Alfredo Soto Otálora y Jakeline Soto González, quienes tuvieron que reparar los daños ocasionados a la vivienda y local comercial.

El Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, en sentencia proferida el 29 de abril de 2016 accedió a las pretensiones de la demanda.

Según el despacho judicial, “en el presente caso se estructura bajo la figura de riesgo excepcional toda vez que la sola presencia de instalaciones de militares y policías constituyeron una situación de riesgo, desequilibrando las cargas públicas a las que se encuentran sometidas cualquier persona y en consecuencia consideró que el hecho dañoso debe ser atribuido a las entidades demandadas”.

“Si bien es cierto que las Farc fueron las que instalaron y detonaron el artefacto explosivo no se puede desconocer que fue con ocasión a la presencia de la fuerza pública que en cumplimiento de sus deberes desencadenaron dicho acontecimiento generando un riesgo excepcional y por tanto le corresponde al Estado asumir dicha responsabilidad”, precisó el juez.

“El ataque fue detonado en las inmediaciones de las instalaciones policiales y no estaba dirigido a la población civil”, insistió.

El Ministerio de Defensa insistió en la inexistencia de riesgo creado por el Ejército Nacional por cuanto la entidad no  desplegó ninguna actividad que colocara en riesgo a los ciudadanos, ni que sacara provecho o beneficio alguno, ni que se le hubiese impuesto una carga que no tuvieran que soportar, como tampoco se probó que el acto delictivo estuviese dirigido contra la demandada por el contrario fue un ataque general e indiscriminado contra la personas que residían en el sector. No obstante, los magistrados opinaron distinto.

“En este caso, se estructura un riesgo excepcional derivado de la existencia de bases de la fuerza pública, específicamente estación de policía, en la zona urbana del corregimiento, que si bien tiene como finalidad la de defender a sus pobladores, en el caso presente se creó un riesgo grave y excepcional para quienes habitaban en sus inmediaciones”, precisó el magistrado Enrique Dussán Cabrera.

“Si bien- aclaró- no fueron las armas oficiales las que ocasionaron el acto delictivo y en consecuencia generaron el daño moral en los demandantes, y que tal hecho es una violación del derecho internacional humanitario de parte del grupo subversivo, la existencia del comando de estación de policía dio origen al ataque por parte del grupo armado al margen de la ley”.

En el expediente se demostró que el inmueble de la señora María Yineth González Mora resultó afectado por el atentado terrorista acaecido en el corregimiento de Vegalarga.

Aunque se probó el daño, no se acreditó el monto del mismo por cuanto si bien se aportaron unas facturas de compra de unos materiales (cortina en hierro, bultos de cemento y tejas) no se allegó documento alguno que acredite la utilización de los mismos en la reparación de la vivienda, ni dictamen pericial que determine el valor de los daños y por tal razón se debió condenar en abstracto.

Segundo caso

La nueva demanda se suscitó por el ataque perpetrado el14 de agosto de 2010, aproximadamente a las 6:30 de la mañana por parte de milicianos de las Farc. Los subversivos activaron una carga explosiva en la calle principal camuflada en bultos víveres, explotando justo cuando los militares caminaban por el sector.

La explosión dejó cuatro militares heridos y afectó las estructuras físicas de las viviendas de la zona además de los elementos y enseres que se encontraban en el interior de dichos inmuebles– ubicadas a menos de 200 metros de la Estación de Policía.

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, en sentencia del 16 de abril de 2015, denegó las pretensiones argumentando que la demandante no tenía la calidad de poseedora. Solo poseía  una promesa de compraventa realizada sobre un objeto ilícito, por estar este embargado. Sin embargo, la decisión fue revocada en segunda instancia.

Los demandantes tenían un negocio de ferretería, veterinaria, panadería y modistería, conocido como “Variedades y Delicias La Casona”. El inmueble de la señora Leydemir Olaya Cardozo registró daños en el tejado, en las puertas de la fachada, en las paredes y en los vidrios de las ventanas. Las esquinas averiaron vitrinas, mostradores, sillas rimax y mesas.

En el momento de los hechos residían en el inmueble Leydemir Olaya Cardozo (accionante), Ángela Martínez, Oscar, Valentina González Olaya (hija) y el padre Hober González.

La demandante no aparecía en el censo de damnificados realizado por la Alcaldía de Neiva. Sin embargo, en forma posterior se probó que estaba en la vivienda cuando se produjo el ataque.

Si bien se probó el daño, no se acreditó el monto del mismo. Además, se ordenó la indemnización por el daño moral “bajo el principio de la solidaridad”.

En su tasación sólo se tuvo en cuenta que el daño moral sólo es consecuencia de haber padecido el acto terrorista, mas no de la pérdida de cosas o bienes materiales. Por los daños materiales se condenó en abstracto hasta que demuestre los costos de la reparación del inmueble impactado por el artefacto explosivo.

La decisión sólo beneficia a la comerciante Leydemir Olaya Cardozo y a su hija Valentina González Olaya. Cada una recibirá el equivalente a diez salarios mínimos mensuales.

Las acciones terroristas estaban orientadas a sacar a la fuerza pública.

Tercer caso

Por este mismo ataque terrorista el Estado fue condenado a indemnizar a los comerciantes Mayury Rodríguez Corredor,  Hernando Ortiz Olaya y al pequeño John Sebastián Ortiz Rodríguez, propietarios de la “Tienda Central”, afectada por la onda expansiva.

El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Neiva, mediante la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2015 aceptó parcialmente las peticiones.

Según el Ministerio de Defensa, el daño sufrido por los demandantes sobrevino del artefacto dejado por las Farc en la vía central del corregimiento y activado al paso de miembros del Ejército.

No obstante, en criterio de los magistrados, se estructuró en este caso un riesgo excepcional derivado de la presencia del Ejército como de la existencia de bases de la fuerza pública, contra quienes estaba dirigido el atentado.

“Considerar los actos de terrorismo como el hecho exclusivo de un tercero, en términos del mal llamado nexo de causalidad, implicaría condenar a la impotencia a la población, dado que quien tiene el deber jurídico de protegerla, porque tiene el monopolio legítimo de la fuerza, es el Estado, encarnado en sus fuerzas militares y de policía”, precisó el Consejo de Estado.

Los tres demandantes en este caso, tendrán derecho a una indemnización en abstracto mientras se realiza el avalúo de las reparaciones y por daño moral el equivalente a diez salarios mínimos mensuales.

Por esos mismos hechos otras familias han sido indemnizadas. Actualmente cursan en la jurisdicción administrativa numerosas acciones de reparación.

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