Luis Enrique Dussán

Luis Enrique Dussán López

Diez años después de que el Gobierno Nacional diera via libre a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo y de haberse acordado con el Gobierno Departamental y los Alcaldes de la época las compensaciones como parte de la Licencia Ambiental, resulta lamentable que no solo se quedaron por fuera temas estratégicos sino que tampoco se han cumplido las compensaciones definidas; el proyecto genera energía para el País y riqueza para sus propietarios, pero en detrimento del ambiente y de la situación socioeconómica de muchos Huilenses.

Sobre este tema me pronuncié a través de varios debates tanto en Cámara como Senado, así como en 4 columnas por este mismo medio. En su momento dije que “de no tenerse la garantía de que este proyecto le genere a la región mayor desarrollo, con compensaciones suficientes y un gran valor agregado en lo socioeconómico, productivo y ambiental, tendríamos que oponernos”. En el transcurso de las discusiones, a nombre de la bancada parlamentaria, fijé posiciones fuertes y argumentadas que significaron avances claves en los compromisos y también requerí del Gobierno Departamental mayor liderazgo y una posición mucho más ambiciosa y radical.

Estimamos en su momento que las compensaciones representaban $300 mil millones, incluían: compra y adecuación con riego de 5.200 Has, reforestación de 3.300 Has, vía perimetral, 6 puertos, viaducto de 1.5 Km, compra y entrega de 7.500 Has para reserva forestal, reubicaciones de campesinos dándoles tierra, riego, vivienda y proyectos productivos, reserva de caudal para riego y acueductos Municipales de 55 m3/s, $16.500 millones para proyectos municipales, fondo ambiental por $9.500 millones, reposición de infraestructura, vivienda para jornaleros, ferry, etc. Y anualmente se recibirían transferencias de Ley 99 por $7.500 millones e impuestos prediales del 150%, industria y comercio, y timbre.

Por fuera quedó la tarifa de energía especial donde a través de un Proyecto de Ley que presenté, que no avaló el Gobierno y por ende no fue aprobado, y varios debates sobre el sistema tarifario, logramos una reducción del 13% que se absorvió en incrementos posteriores (En 2018 el incremento de la tarifa en Neiva fue del 11,56%, el segundo mas alto del país). Otro tema en veremos es que el Departamento fuera socio del proyecto. Tampoco se aprobó que el proyecto fuera multipropósito, ni que se fijara un término para la explotación y posterior reversión al departamento.

Retomaremos este tema buscando el total cumplimiento de lo acordado y estaremos de frente en la oposición a nuevas represas en el Huila.

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