El juez Tercero Penal Municipal de Neiva Arcesio Hoyos les impuso medidas no carcelarias contra los seis implicados en supuestas anomalías en el PAE.

RICARDO AREIZA

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Invocando las garantías de los menores, como sujetos de especial protección constitucional, el juez Tercero Penal Municipal de Neiva, Jorge Arcesio Hoyos Arias confirmó las medidas de aseguramiento contra el ex alcalde de Neiva y actual precandidato a la Gobernación Héctor Aníbal Ramírez y otras cinco personas, imputadas por anomalías en el programa de Alimentación Escolar (PAE).

Además, por tratarse de delitos recurrentes contra la administración pública, el juez de garantías, les impuso medidas no privativas de la libertad a su jefe de Contratación Euclides Dussán García, al secretario de Educación, Enrique Vargas Leyva, a Luis Fernanda Flórez, representante legal de la empresa contratista y los interventores, María Cristina Forero Vargas y Daniel Francisco Alvira.

“Los casos investigados por anomalías en los programas de la alimentación escolar afecta la garantía de los derechos de los niños de escasos recursos económicos que tienen protección prevaleciente y superior”, anotó Hoyos Arias. Además, en su criterio, sería un mal precedente para la sociedad que reclama acciones concretas contra la corrupción.

La imputación fue realizada el 28 de noviembre de 2018 por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, por haber inobservado hace diez años el estatuto de contratación estatal. Aunque no es privativa de la libertad, la decisión confirma la gravedad de las imputaciones.

Primera reacción

“La medida de aseguramiento que profirió el juez no es privativa de la libertad, lo único que busca es garantizar la comparecencia de los imputados. Aunque respetamos la decisión fue apelada porque la consideramos injusta”, afirmó el precandidato conservador, quien compite con el dirigente deportivo Jorge Fernando Perdomo y el ex senador Carlos Ramiro Chávarro. El tercero, Rey Ariel Borbón, declinó.

“Esta medida de aseguramiento no nos genera ningún inconveniente para continuar con nuestro propósito de llegar a la Gobernación. Por el contrario – añadió- continuaremos sin ningún temor adelantando nuestra campaña, asistiendo a donde nos llamen pero con la conciencia tranquila”.

Las medidas

El juez de garantías les impuso finalmente medida de aseguramiento no privativa de la libertad a los seis imputados.

Entre otras, la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez ante sí mismo o ante la autoridad que él designe.

La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social y la expresa prohibición de salir del país.

Además, les impuso como como medida cautelar la prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona.

En estas condiciones al ex alcalde y actual precandidato conservador, Héctor Aníbal Ramírez; a su jefe de Contratación, Euclides Dussán García y al ex secretario de Educación, Enrique Vargas Leyva les fijó una caución equivalente a cinco salarios mínimos mensuales (4.14 millones de pesos aproximadamente).

La misma caución se le impuso a la gerente General de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Luisa Fernanda Flórez Rincón, condenada a 42 meses de prisión por irregularidades en el manejo de los programas de alimentación escolar en Santander. Por estas anomalías Flórez Rincón aceptó los cargos. En la nueva imputación compareció en este proceso virtualmente.

A María Cristina Forero Vargas y a Daniel Francisco Alvira Trujillo, en calidad de interventores, el juez de garantías les fijó una caución de dos salarios mínimos mensuales que deberán constituir en forma inmediata.

El jefe de Contratación Euclides Dussán y el interventor Daniel Francisco Alvira con sus apoderados

Apelación

La decisión proferida ayer en la audiencia de medida de aseguramiento que se prolongó durante seis horas, fue impugnada por todos los imputados.

“La medida en nuestra opinión, era innecesaria y no se ajustaba a los postulados constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad. Todos los imputados han comparecido a todas las audiencias e incluso a los requerimientos de la Fiscalía”, argumentó el abogado Richard Mauricio Gil.

En su criterio, “no había necesidad de imponer medidas cuando no hay peligro de obstrucción de la justicia, no comparecencia y riesgos futuros para la seguridad de la sociedad y de las víctimas”.

“Además,  los elementos de prueba presentados por la Fiscalía no permiten determinar la estructuración de un delito, más aun, no se trataba de peculado y fueron hechos ocurridos hace diez años”.

Las anomalías

Según la imputación, las anomalías se registraron en dos adiciones a los contratos 626 suscrito el 4 de agosto de 2009, por valor de 1.506,96 millones de pesos y 385 firmado el 12 de julio del 2010 por 1.746,24 millones de pesos.

La adjudicación benefició a la Cooperativa Multiactiva de Inversiones Ltda,  por el entonces jefe de Contratación Euclides Dussán García.  El contrato estipulaba que debía liquidarse a 31 de diciembre. Sin embargo no se hizo.

Según el fiscal, el 20 de noviembre de 2009 se adicionó por solicitud de la interventora  María Cristina Forero Vargas y la representante de la cooperativa Luisa Fernanda Flórez Rincón.

El contrato fue reanudado el 2 de febrero de 2010, como quedó consignado en el acta de reinicio firmada por el secretario de Educación Enrique Vargas. Esa adición costaba 677 millones de pesos para 19 mil beneficiarios.

La figura se repitió al finalizar el año. El segundo contrato, 385 del 12 de julio del año 2010 por 1.746 de pesos ejecutado por la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda,

Cuatro meses después, el 17 de noviembre el interventor Daniel Francisco Alvira, y la Gerente de la cooperativa, Luisa Fernanda Flórez suspendieron el contrato y lo reiniciaron el 16 de enero de 2011. La nueva adición ascendió 862 millones.

En estas condiciones, los actores involucrados, violaron el régimen de contratación estatal ya que tenían que liqudar el contrato y abrir un nuevo proceso licitatorio.

La justificación

No obstante, el ex alcalde y actual precandidato Héctor Aníbal Ramírez, sustentó su argumentación.

“Es una decisión que no la hemos podido entender. Insólitamente nos están cuestionando por haber cumplido con nuestra obligación al haber garantizado que los estudiantes de escasos recursos tuvieran la alimentación escolar desde el primer día de clase y no esperar a realizar una nueva licitación que puede durar más de tres meses”, afirmó Ramírez Escobar.

“Por eso-añadió- una vez finalizado el año escolar, suspendimos el contrato y lo reabrimos en el mes de enero para garantizar que los estudiantes tuvieran el servicio. Por eso adicionamos el contrato conservando los precios por ración del año anterior. Este es el cuestionamiento que hace la Fiscalía porque considera que se violó el principio de anualidad, no porque se haya perdido un solo peso. Tampoco que hubo sobrecostos ni mala prestación del servicio.

Otros procesos

Las imputaciones por alimentación  escolar en el Huila no son ni serán las únicas.

“Estamos revisando la contratación de los programas de alimentación escolar de los años posteriores para determinar posibles irregularidades”, anunció el director seccional de Fiscalías, Justino Hernández.

La Procuraduría General de la Nación abrió en agosto del año pasado varios procesos disciplinarios en varias regiones del país. El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo abrió cinco procesos disciplinarios contra funcionarios de las gobernaciones de Santander y Huila, y de las alcaldías de Neiva, Floridablanca, Pitalito y Cúcuta.

En Pitalito abrió investigación disciplinaria en contra del alcalde Miguel Antonio Rico Rincón y Jorge Enrique Motta Carvajal, por presuntas irregularidades en la celebración de tres contratos con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada por más de 7.800 millones de pesos.

El organismo de control anunció un presunto direccionamiento de la contratación a favor del operador que habría vulnerado los principios de responsabilidad, transparencia, y el deber de selección objetiva.

El ex alcalde Héctor Aníbal Ramírez sugirió móviles políticos.

‘¿Un manejo político?’

El precandidato conservador Héctor Aníbal Ramírez advirtió que la medida de aseguramiento no privativa no logrará frenar su aspiración a la Gobernación. Por el contrario, consideró que persistirá en ese empeño.

“Por supuesto que nuestra precandidatura a la Gobernación sigue firme. No le puedo decir si la Fiscalía exageró, solo le digo que respeto la decisión de los jueces, pero esta no la comparto, consideró que es lo más injusto que ha podido pasar”, reveló a LA NACIÓN.

El precandidato ‘enredado’ en otras investigaciones penales y disciplinarias, aseguró que “hasta el momento no hay ningún fallo”.

Ramírez Escobar, afirmó que curiosamente la nueva imputación, se reactivó en plena campaña proselitista.

“Este caso fue abierto en el 2012 cuando no tenía ninguna aspiración política. Ahora, precisamente, en pleno proceso electoral vuelven y reabren este proceso con un ingrediente adicional de vincular a Héctor Aníbal Ramírez, quien figura entre los precandidatos. Eso deja un sabor agridulce”, subrayó Ramírez Escobar.

“Dios quiera que toda esta situación que se ha venido presentando no esté antecedida de manos oscuras que quieren evitar que los procesos políticos se desarrollen de manera limpia y transparente”, subrayó.

Aunque la medida no lo inhabilita, le podrá generar serios impedimentos de carácter moral frente a su aspiración política.
De hecho, el directorio departamental conservador se reunirá para fijar una posición en este caso.

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