El juez Tito Alejandro Rubiano anuló en serie tres nuevos acuerdos verdes.

RICARDO AREIZA

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Como en el turmequé, el deporte nacional,  el juez Séptimo Administrativo de Neiva Tito Alejandro Rubiano hizo ‘moñona’ al invalidar en serie tres nuevos acuerdos municipales que frenaban la mega minería de alto impacto.

El funcionario judicial en una inusual audiencia concentrada declaró la nulidad de los acuerdos verdes aprobados en Timaná, Oporapa y San Agustín.

Después de casi siete horas de fogosa disertación jurídica, el funcionario judicial, reiteró que tanto los municipios como los concejos locales se extralimitaron. En su criterio, los concejales no tenían la competencia para prohibir una actividad legal como la explotación de los recursos naturales.

Con esa misma argumentación, el año pasado sacó del ordenamiento jurídico los acuerdos de Altamira y Pitalito, que conservaban el mismo espíritu antiminero.

Con anterioridad se ‘desinflaron’ otras dos consultas populares antimineras promovidas por la comunidad en los municipios de Íquira y Oporapa, previamente avaladas por la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral  y falladas favorablemente por el Tribunal Administrativo del Huila.

El nuevo fallo proferido al término de la audiencia inicial, está en la misma línea argumentativa para precisar los límites de las competencias, en medio del caos generado por las contradictorias sentencias proferidas por las altas cortes.

“No es que estemos en un escenario de inseguridad jurídica, eso es autonomía de los jueces”, aclaró el juez ante los reparos formulados por los recurrentes y contradictorios fallos que se han venido profiriendo a lo largo y ancho del país.

“Podemos tener críticas pero esa es la justicia que tenemos”, subrayó en medio de un debate nacional sobre los efectos  fiscales que estas acciones populares están generando y pueden provocar en la economía del país.

Ofensiva jurídica

La contraofensiva jurídica la inició el año pasado el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería para frenar las numerosas iniciativas ciudadanas promovidas por las comunidades, autoridades locales y organizaciones ambientalistas.

Las dos entidades, apoyadas por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, recalcaron que los acuerdos que se han venido replicando por todo el país vulneran normas superiores y por lo tanto los acuerdos deben ser anulados.

“En este caso,- dijeron- tanto los municipios como los concejos de Oporapa, Timaná y San Agustín carecen de competencias para prohibir las actividades minero-energéticas en sus territorios”.

La restricción de estas actividades se amparó en el principio de autonomía territorial y las expresas facultades constitucionales de los concejos para determinar los usos del suelo y planear  el desarrollo local, soportados, entre otras por la sentencia T-445 de la Corte Constitucional, “inaplicable” en estos casos según lo reseñó, Carlos Alberto Álvarez Pérez, abogado del Ministerio de Minas.

En su criterio, los entes territoriales no tienen una facultad constitucional o legal para prohibir actividades minero energéticas en sus territorios a través de un acuerdo municipal.

Aunque la Constitución reconoce en cabeza de las entidades territoriales la competencia para establecer el uso del suelo, esta función, según el togado, debe ejercerse de manera coordinada y concurrente con las competencias de la Nación.

“Esa decisión no la podía adoptar de manera unilateral ya que está sometida a reservas de ley abrogándose de ese modo la competencia del legislador la cual se entiende exclusiva y excluyente” afirmó Rubiano Herrera.

Aspecto de la audiencia concentrada a la que concurrieron varios concejales.

Cambio de tercio

Esos cambios de posición en los despachos judiciales han generado una verdadera confusión en el país. Una nueva interpretación de los principios de coordinación y concurrencia, promovida por el Gobierno Nacional y acatada sin reparos por los jueces del país,  cambió las reglas de juego que se venían sustentando en esta materia.

Antes, la restricción de las actividades minero-energéticas estaba amparada en el principio de autonomía territorial y las expresas facultades constitucionales de los concejos para determinar los usos del suelo y planear  el desarrollo local.

Además, en el debate se incorporó otro tema esencial, las competencias entre los distintos órganos del poder.

“Tanto la Nación como los municipios no pueden decidir de manera unilateral y aislada sobre la explotación de recursos naturales no renovables en determinadas regiones del país indistintamente de quien tome la decisión”, precisó el juez de conocimiento.

“De hacerlo- añadió- se violarían normas superiores porque no tendrían las competencias ya que solo el legislador puede restringir esas actividades. Y no lo puede hacer de cualquier manera, sino además, consultando el medio ambiente sano, la libertad económica, los derechos a la vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y que sea beneficioso para todos los ciudadanos”.

“Así que cuando los municipios como Oporapa, Timaná y San Agustín, de manera absoluta, adoptando un criterio absolutista, prohibieron la explotación minero-energética en sus territorios, lo hicieron sin competencias; vulneraron el ordenamiento jurídico, extralimitaron sus funciones en razón a que asumieron un asunto que es propio de la Rama Legislativa del poder público en cabeza del Congreso”.

Efectos económicos

No obstante, distinta a esta posición, hay otras razones de peso que el funcionario judicial expresó sin reservas.

“Si se mantuviera la legalidad de los actos administrativos demandados permitiríamos que las autoridades municipales limitaran una actividad económica que es de utilidad pública, de interés estatal, que constituye un insumo importante para la calidad de vida de sus habitantes como la minería o los recursos naturales no renovables”, expuso al proferir su quinto fallo anulatorio.

Epílogo

En estas condiciones- añadió- los acuerdos municipales demandados, transgreden e infringen disposiciones constitucionales y legales. Además,  fueron expedidos sin las competencias para prohibir asuntos que son  en general de propiedad del Estado y regular la explotación minero-energética.”, concluyó el juez.

“Esto generaría-dijo- una afectación significativa a los intereses del Estado, la población y las entidades territoriales”.

Miller Dussán y los concejales de Timaná Argenis Rojas, José Carrillo, presidente y Wilmar Rojas.

Otras víasLa ‘embocinada’ jurídica revivió otro debate sobre la vigencia o revisión de los mecanismos de participación ciudadana.

“La decisión ya estaba cantada. Pensamos que nos llevaríamos una buena noticia, pero salimos desilusionados. Los tres acuerdos de Timaná, Oporapa y San Agustín fueron anulados, a pesar de nuestra argumentación en defensa de nuestra autonomía, de nuestras competencias y en defensa de nuestras comunidades”, explicó la concejal Argenis Rojas.

“Una vez más se falló en contra de los intereses de la comunidad. No sé si quedamos desprotegidos, buscaremos otras estrategias, vamos a apelar esta decisión, para blindar nuestros municipios. Y sino nos quedan las vías de hecho porque por las vías de derecho no pudimos”, subrayó la dirigente ambientalista.

La misma posición la reiteró el presidente del Concejo de Timaná, José Carrillo. “De verdad, muy preocupante esta decisión porque se falló contra los intereses de la comunidad. Esto ya estaba arreglado, estaba decidido, acomodado para ratificar que los concejales no podemos decidir sobre nuestro territorio”.

En su opinión, “la corporación no se doblegará y vamos a persistir de defensa de nuestro territorio porque en  el futuro inmediato los conflictos no serán por oro sino por agua”.

“Sin palabras, quedamos sorprendidos, este fallo demuestra que el gobierno nacional y el poder judicial solo defienden a las grandes empresas. Seguiremos haciendo lo que nos corresponde, estamos en sesiones vamos a convocar un cabildo abierto para analizar este fallo”, afirmó Wilmar Rojas.

“Lo claro es que se mantiene una línea que no va a cambiar, pese a la nueva argumentación que fue considerada. Se desconoció la protección del medio ambiente, la protección del patrimonio ecológico y cultural y terminaron favoreciendo lo que ellos llaman el desarrollo empresarial, de las grandes empresas y por encima de los intereses de las comunidades, del derecho al territorio y el derecho  la vida”, opinó el académico Miller Dussán, vocero de Asoquimbo. En su criterio, la decisión no significa una derrota

“Vamos a explorar otras alternativas. A través de los alcaldes, concejales, autoridades territoriales y organizaciones sociales tendremos que asegurar que el espíritu de los acuerdos anulados se incorpore en los planes y esquemas de ordenamiento territorial.

Embocinada

Con esta triple anulación el juez de la causa obtuvo como en el tejo, una embocinada perfecta. Los demás acuerdos expedidos en Acevedo,  Elías, El Agrado, Íquira e Isnos, con las mismas características, estarán ahora en el bocín de otros dos juzgados administrativos donde hacen cola, rumbo al purgatorio.

En Timaná también se hundió una consulta popular antiminera.

Los acuerdos anulados

El 20 de septiembre de 2018 el mismo juez invalidó el Acuerdo 036 de 2016 proferido por el Concejo de Pitalito, prohibiendo la construcción de nuevas represas, así como la restricción de la gran minería por los impactos colaterales causados al medio ambiente.

El acuerdo prohibía la construcción de represas en su territorio, la minería a cielo abierto, subterránea y por disolución a gran escala y cualquier proyecto de exploración y explotación petrolera convencional o no convencional. Sólo excluyó la pequeña y mediana minería.

También anuló el Acuerdo 003 expedido el 6 de marzo de 2017 que prohibía en jurisdicción de Timaná, la construcción de centrales hidroeléctricas, la explotación minera a gran escala, la extracción minera en cualquiera de sus modalidades, así como la explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales en todo el territorio por las amenazas sísmica ocasionada las fallas geológicas en la zona.

Según el alcalde Juan Bautista Rojas, el Acuerdo 03 de 2017 fue expedido en ejercicio de la autonomía territorial sin invadir los fueros de la Nación, sino organizar el uso del suelo y la defensa del patrimonio ecológico y cultural de su jurisdicción.

La misma suerte corrió el Acuerdo 005 de 2017 aprobado por el Concejo de Oporapa en momentos en que se preparaba la consulta antiminera, respaldada por el Tribunal Administrativo.

El Acuerdo 010 de 2017  que prohibía la construcción de nuevas represas y la minería de alto en Altamira (Huila) se desplomó a pesar de las amenazas sísmicas que lo soportaban.

Los riesgos potenciales por la falla geológica Pitalito-Altamira que inspiraron al alcalde Yesid Rodríguez Tovar y que motivaron a los concejales para su trámite y aprobación, resultaron insuficientes para evitar su inminente naufragio. Argumentando razones de utilidad pública e interés nacional, el juez Séptimo Administrativo de Neiva, Tito Alejandro Rubiano, también le decretó su jurídica sepultura.

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