Maritza Rocío Lopez

Maritza Rocío López V

Cuando se tiene la percepción que los preceptos legales no satisfacen a cabalidad el derecho a la seguridad, la paz o la tranquilidad; cuando la comunidad se siente indefensa o desprotegida, cuando se considera que la denuncia resulta ser un trámite engorroso, cuando hay falta de credibilidad en mecanismos judiciales como la denuncia o la querella interpuesta ante la comisión de un delito, cuando los atracos se han incrementado, no se cuenta con suficiente presencia policíaca para transitar con tranquilidad o se siente que al Gobierno el tema de la seguridad se le salió de las manos; las personas idean formas de actuar y protegerse, aflorando reacciones violenta contra los supuestos delincuentes, contra el primero que se atraviese o consideren sospechoso; haciéndolo blanco de la ira colectiva, la cólera, golpizas o barbarie humana.

Hechos que responden a la indignación social, que siembran emociones negativas, pasiones que sobrepasan la capacidad de tolerancia y pueden desencadenar tragedias; algo que se debe erradicar por cuanto que, en lugar de acudir a las instancias responsables, deciden solucionarlo de manera desproporcionada por sí mismos; olvidando que en el deseo de hacer justicia, no se deben alzar en armas, cometer un delito, ni ponerse al nivel de los delincuentes.

Independientemente que una persona comenta un hurto, ante todo se le debe respetar el derecho a la vida y se cumpla con las garantías establecidas en un proceso legal, para determinar su culpabilidad o inocencia. La justicia por mano propia, no puede convertirse en una costumbre, la cultura del “ojo por ojo, diente por diente” o Ley del Talión, no puede ser una práctica común entre los ciudadanos.

La justicia por mano propia no es justicia, es violencia; desencadena reacciones desmedidas, implica un descontrol social difícil de revertir, una tragedia humana que siembra venganza en el corazón de las personas y aunque para algunos resulte lo mejor, no necesitamos personas o grupos asuman las obligaciones de las autoridades ni la justicia en el país.

No son pocos los casos donde se han cometido errores de identidad, o se ha dado muerte a inocentes. Es tiempo de revisar al interior de las familias qué tipo de educación y ejemplo se está brindando frente a la legalidad, la honestidad y el acatamiento de normas sociales; que se brinde una educación que fortalezca el tejido social, que se ejecuten políticas que eviten este flagelo y elimine de una vez por todas la concepción de justicia por mano propia, como un mecanismo legítimo.

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