Cecilia González Villa/LN

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La polémica está servida. Las recientes muertes registradas en distintas regiones del país  por culpa de balas perdidas volvieron a abrir el debate.

El dilema radica en si se permite que los civiles que cuentan con salvoconducto  puedan seguir portando armas de fuego, o si definitivamente se prohíbe su uso.

Pero la polémica no es nueva. Ya había comenzado el 27 de diciembre del año pasado cuando el presidente Iván Duque firmó el decreto mediante el cual se prorrogó de la restricción  del uso de armas de fuego en el país.

Como si fuera poco, el mismo decreto establece en uno de sus apartes la inclusión de algunas facultades al Ministerio de Defensa para otorgar permisos especiales, en casos necesarios.

Al respecto, el ministro de Defensa Guillermo Botero incluso había recibido solicitudes por parte de políticos pero precisamente para algunos sectores las cosas no suenan bien pues podría presentarse situaciones que finalmente terminarían en abusos y desbordamientos innecesarios.

La prórroga presidencial entró en vigencia el pasado primero de enero y va hasta el próximo 31 de diciembre.

Todo ello, mientras se habla de un incremento de cerca de 2.036 casos solo entre enero y octubre del 2018, de acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal. Las cifras de los dos últimos meses aún se desconocen y menos las de enero de este año.

El panorama

Aunque en la ciudad de Neiva las autoridades señalan que solo se tiene un caso de herido por bala perdida, registrado este año, y tres lesionados en 2018 por el mismo motivo, el peligro está latente.

De hecho, la gran mayoría de los asaltos y hurtos son hechos con armas de fuego lo que incrementa la inquietud entre la ciudadanía. Y es que  pese a los controles, pareciera que no son suficientes.

Sin embargo, para el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Neiva, Hugo Alberto Llanos, en la capital huilense el panorama no es tan complicado como pareciera pues a su juicio, los controles sí han servido.

A su turno, el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, Nelson Quiñones sostuvo que los controles por parte de las autoridades son diarios precisamente para evitar que la problemática crezca.

De hecho, el oficial precisó que  en total son 177 armas de fuego  ilegales las que fueron  incautadas el año anterior, durante capturas u operativos.

Quienes las portaban están respondiendo actualmente por el delito de porte ilegal de armas, pues no pudieron comprobar que tenían permiso alguno para portarlas.

Según el coronel Quiñones en Neiva no se podría hablar de zonas específicas donde más se reportan casos de hallazgos de armas ilegales.

“No podemos hablar de zonas pues con los controles que se hacen a diario, las requisas que se hacen en vía pública, los puestos de control en establecimientos se puede encontrar en muchas ocasiones personas portando armas ilegales”, señaló el oficial.

Sostiene que ante este panorama, se trata de un delito que se está combatiendo porque de esta manera se busca evitar al máximo la comisión de delitos como el hurto y asalto, principalmente.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva asegura que no solamente son incautadas armas ilegales en operativos o puestos de control y por ende quienes las portan son judicializados, sino que igualmente es delito disparar al aire y también se castiga con cárcel.

No obstante, no siempre se trata de armas de fuego verdaderas. El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Hugo Alberto Llanos explica que los delincuentes también están utilizando pistolas conocidas como de fogueo.

Este tipo de armas no disparan balas sino solo fogueo pero suenan igual que una convencional.

Porte legal

En Colombia la fuerza que tiene la entrega de salvoconductos o permisos para portar armas es el Ejército Nacional.

Sin embargo, en este momento por cuenta de un decreto presidencial firmado en diciembre del año pasado, en ninguna zona del territorio nacional se está autorizando a nadie para portar un arma.

Aunque el decreto establece algunas excepciones para permisos especiales, según el jefe de Estado Mayor de la Novena Brigada del Ejército, coronel Wbaldo Franco Ruiz, aún se espera que el Ministerio de Defensa dé vía libre.

“Estamos esperando que el Ministerio de Defensa emita una resolución para que se establezca cuáles son los requisitos que se deben cumplir o especificaciones para dar ese tipo de permisos. Por eso, por ahora no estamos dando esos permisos”, explicó Franco Ruiz.

Pero el año pasado antes del decreto, la Brigada otorgó alrededor de 240 permisos en varios de los municipios del departamento del Huila.

El oficial precisó que se trató de autorizaciones para portar armas de fuego a personas que pudieron comprobar situaciones especiales para solicitar el permiso.

“Estas personas deben tener condiciones especiales de seguridad, que en determinado momento tuvieran amenazas o que por la actividad económica que realizan debieran moverse con grandes cantidades de dinero y requirieran una seguridad más alta”, indicó el coronel Franco Ruiz.

Para estos casos, también se confirma que quienes solicitan permisos para el porte de armas de fuego no presenten antecedentes y que puedan comprobar que en verdad requieren llevar armas consigo para defenderse en eventuales ataques.

Añadió que todas estas condiciones tienen que ser aplicadas al pie de la letra para evitar que los salvoconductos sean otorgados a delincuentes que quieran pasarse de listos.

Y  a nivel nacional, el congresista del Centro Democrático, Christian Garcés, precisó que el año pasado más de 405.000 personas tuvieron porte legal de armas de fuego pero tras la entrada en vigencia del decreto presidencial fueron declarados inactivos.

Todo esto, en medio de la polémica que ha generado la propuesta del Centro de Democrático de flexibilizar el decreto presidencial que prohíbe el porte de armas.

 

 

 

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