Ha hecho en los últimos días el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, importantes reflexiones y advertencias sobre la muerte de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, que deben merecer la atención no sólo de las autoridades sino de la sociedad civil.

“Dos años después de que Colombia firmara la paz, comienzan a agotarse las excusas. Desde la firma del Acuerdo, se han registrado 446 asesinatos de líderes sociales. Parece que el Estado no estaba listo para proteger la valentía de los líderes”, ha expresado el Procurador. Y otra advertencia contundente del representante del Ministerio Público: “Acá falta una acción decisiva de los Gobernadores y Alcaldes como primeros responsables en los territorios. ¡Es momento de parar esta masacre!”. También ha manifestado el señor Procurador: “Necesitamos acciones efectivas que paren este desangre. La guerra en Colombia ha seguido en contra de la integridad y la vida de los líderes sociales. El 83% de los departamentos están siendo afectados por la violación a sus derechos”.

Estas advertencias del Procurador Carrillo no pueden quedar en el aire. Como lo dijo él también: “No podemos seguir mirando a otro lado”. Esa cifra de 446 líderes sociales asesinados es aterradora y debe llevar a que las autoridades muestren avances significativos no sólo en las investigaciones de estos crímenes sino en evitar que se sigan cometiendo más asesinatos.

Lo mínimo que el ciudadano de a pie esperaría del Estado es que haga un gran esfuerzo por mirar más hacia las regiones y parar el derrame de sangre.

En materia de protección, es claro que estos esquemas de seguridad para los líderes sociales deben ser revisados y ajustados caso por caso. Lamentablemente, muchos de ellos han sido diseñados desde un escritorio en Bogotá.

 

Comentarios