Por lo menos 55 viviendas se pagaron pero nunca se construyeron.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

La mayoría de las viviendas construidas en el populoso sector de Villa Karol en Garzón amenazan ruina. Las fallas estructurales encontradas en la ejecución del proyecto de vivienda popular no garantizan ninguna estabilidad y en cualquier momento pueden colapsar.

Las 55 casas fantasmas pagadas con  dineros públicos pero no entregadas, agravan el panorama entre las familias que le apostaron en el 2007 a tener una vivienda propia.

La conclusión está consignado en dos estudios contratados para verificar las anomalías encontradas en la ejecución de ese proyecto, aun inconcluso, ocho años después de haber sido contratado.

“No todas las viviendas terminadas garantizan la  habitabilidad. El riesgo que se corre por las deficiencias en algunas columnas y vigas no la hacen seguras en el tiempo”, dictaminó el ingeniero Jesús María Gutiérrez al analizar los resultados de las pruebas de resistencia practicadas en ese sector.

“Se encontraron algunos elementos como columnas y vigas sometidos a la torsión que en caso de un sismo puede ocasionar el colapso de la estructura”, confirmó el perito.

Según las pruebas de laboratorio al menos dos columnas de cada vivienda deben demolerse.

“En conclusión- dijo- las viviendas de Villa Karol no garantizan la sostenibilidad para uso continuo en el tiempo por cada uno de sus beneficiarios. La estabilidad tampoco se garantiza”, según los resultados de laboratorio (esclerometría y núcleos).

A ‘machetazo’

Lo insólito: con recursos públicos se contrataron 124 viviendas de interés social para familias de escasos recursos económicos. Sólo 69 fueron terminadas a “machetazo”. Las otras 55 casas fantasmas se pagaron pero nunca se entregaron.

“Ocho años después seguimos esperando una solución. Es un proyecto que iniciamos en el 2007, aportamos cuatro millones de pesos y hasta el momento no nos han construida nada”, denunció la vocera de la Asociación de vivienda.

Por estos hechos tendrán que responder la firma contratista (Inca Ltda), el interventor y el alcalde de la época, como lo corroboró LA NACIÓN en un nuevo seguimiento.

Por lo menos 55 viviendas se pagaron pero nunca se construyeron.

Casas fantasmas

Las fallas estructurales quedaron consignados en un primer informe técnico rendido en el 2015 por la ingeniera civil María Eugenia Cadena. Después fue soportado por otros dos especialistas confirmando las enormes fallas estructurales y la pérdida de los recursos públicos en por lo menos 55 viviendas que no se ejecutaron, se hicieron a medias o que nuca fueron entregadas a satisfacción de las partes.

Los pagos están consignados en las nueve actas parciales del avance alcanzado entre el 16 de febrero de 2012 y el 30 de septiembre de 2013.

El secretario de Planeación certificó que hasta esa fecha la obra estaba ejecutada en el 82% de la obra ejecutada y en la Fiducia Popular solo quedaba un remanente de 271 millones de pesos. ¿Y el resto?

Graves amenazas

Las viviendas construidas presentan graves afectaciones por calidad en los elementos estructurales, en la mampostería y otras fallas técnicas generando un detrimento patrimonial establecido inicialmente en 1.020 millones de pesos por la Contraloría General de la República. En un nuevo examen se redujo a la mitad. Por esa cifra responderán el alcalde de la época, el contratista y el interventor.

Enormes fallas

Las anomalías denunciadas por la comunidad fueron corroboradas en el 2018 y soportadas con dos peritajes técnicos.

“Son 55 viviendas las que faltan por construir. Éstas presenten algún avance en su construcción se cuantifican como daño toda vez que no están recibidas a satisfacción por la supervisión de la administración municipal actor fundamental en este proceso contractual”, confirmó la ingeniera Cadena.

El informe técnico fue soportado por un peritaje realizado por el ingeniero civil Carlos W. Plazas Vargas, especialista en Ingeniería de Estructuras, quien puso al descubierto las fallas constructivas, los riesgos estructurales en las viviendas ejecutadas y la inestabilidad de las casas.

El dictamen, conocido por LA NACIÓN, confirmó las  deficiencias constructivas relacionadas con malas prácticas de fundición en los elementos estructurales (columnas, vigas, placa de piso y entre piso).

En otras viviendas se detectaron hormigueros (huecos que quedan en el concreto endurecido) hierros expuestos, deficiencias y ausencias en traslapos, variaciones en las secciones de columnas y vigas.

El peritaje técnico develó mampostería contaminada, pega de ladrillo que supera los 2,5 centímetros, sin ninguna verticalidad en los muros.

“Se observó pandeo de placa de entre piso y vigas en algunas viviendas, se determinó que el estado de las viviendas inspeccionadas es regular, no hay calidad de obra, ni se garantiza la estabilidad de las mismas por el estado en que se encontraron”, precisó el perito.

contrato costó 1.463 millones de pesos.La mitad se perdió.

Otras falencias

El proyecto se ejecutó sin estudio de suelos, no cuenta con el certificado de tradición y libertad del inmueble, ni cuenta con todos los planos. Tampoco las licencias de construcción.

Además, las pólizas adquiridas no garantizan la confiabilidad de las obras.

“Las casas que no están habitadas son consecuencia de no estar terminadas; algunas les falta el techo, a otras la placa de entrepiso escaleras etc. Una casa en esas condiciones no es apta para albergar persona alguna”.

En su criterio, las deficiencias que se presenta en algunas viviendas como la oxidación de la armadura en vigas, columnas, placas y escaleras se presentan por estar la obra expuesta a la intemperie, afectando los elementos estructurales cuyos aceros estaban expuestos por el escaso recubrimiento por no tener espaciadores que cumplieran los recubrimientos mínimos requeridos.

“La falta  de recubrimiento en los elementos estructurales (vigas, columnas, placa) son fallas técnicas. En cambio, la variación de la sección presentada en las columnas y en las causadas por el uso de una formaleta deficiente y por escasa supervisión, no son causadas por estar la obra a la intemperie.

En su opinión, esas deficiencias fueron causadas por el uso de una formaleta deficiente, por falta de personal calificado y por escasa supervisión.

Aun así, el Fondo de Vivienda (Fonvihuila) certificó el cumplimiento de las normas de sismo-resistencia NSR 10 y nunca formuló reparos al proyecto.

Juicio fiscal

Por esa razón la Contraloría General de la República ordenó la apertura del respectivo proceso de responsabilidad fiscal por el daño al patrimonio público causado al Municipio de Garzón en cuantía de 505,70 millones de pesos.

La el organismo vinculó como presuntos responsables fiscales al alcalde de la época, Delio González Carvajal; a la firma contratista, Ingeniería Civil Agrícola (Inca Ltda), representada por Augusto Cesar Alarcón Umbarila y al interventor,  Carlos Edwars Gómez Ledesma.

Los dos supervisores, Robert Ardila Rojas y  Jorge Eliecer Hernández Ulloa fueron excluidos finalmente del proceso de responsabilidad fiscal.

La decisión fue confirmada por los dos directores de la Gerencia colegiada, Yaneth Rocío Urrea y José Freddy Antía.

Imputaciones

Ocho años después, la Contraloría General de la República avanzó en la recuperación de los dineros públicos.

El daño patrimonial fue ocasionado principalmente por las deficiencias de la interventoría y la falta de controles por parte de Fonvihuila y del alcalde de la época Delio González Carvajal.

Según el organismo fiscalizador el alcalde González Carvajal constituyó inadecuadamente las pólizas de garantías, no hizo uso de ellas cuando se presentaron las deficiencias constructivas y permitió el inadecuado desarrollo del proyecto.

El funcionario en su calidad de ordenador del gasto, cambió las reglas de juego del contrato de obra en lo concerniente al anticipo, contribuyendo al resultado final y la pérdida de los recursos públicos por falta de control.

El daño patrimonial fue estimado inicialmente en 1.020 millones de pesos. Sin embargo, en un segundo reporte pericial realizado en abril de 2018 se determinó el daño patrimonial estimado en 505,70 millones de pesos, valorado sobre valorado sobre las 55 unidades de viviendas que no fueron recibidas a satisfacción por las partes.

El organismo fiscalizador también le imputó responsabilidad fiscal a la firma constructora  Ingeniería Civil Agrícola
(Inca Ltda), representada legalmente por Augusto César Alarcón Umbarila, quien tuvo a disposición los dineros del contrato y le correspondía garantizar la terminación y la calidad de las obras.

“Es claro- afirmó- que la empresa Inca Ltda, dentro del desarrollo del objeto contractual de las vivienda en la Urbanización Villa Karol de Garzón, presentó deficiencias constructivas y un inadecuado desarrollo del proyecto; lo que conlleva a que se construyan viviendas sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos, lo que generó en consecuencia un detrimento al patrimonio de estado.

La firma transgredió las normas del estatuto de la contratación administrativa, por lo tanto su conducta es a título de culpa grave.

Por los mismos vinculó a título de culpa grave al interventor Carlos Edwars Gómez Ledesma. Las deficiencias de la interventoría y por lo tanto el incumplimiento de las obligaciones que estaban a su cargo, según el organismo investigador, produjo el detrimento al patrimonio público.

“Como responsable del proyecto, sus actividades no fueron adecuadamente desarrolladas por cuanto la obra aún presenta deficiencias en términos de calidad, lo que permite predicar que su accionar contribuyó al resultado final reprochado por el órgano fiscal”.

En cambio los supervisores, Robert Ardila Rojas y Jorge Eliécer Hernández Ulloa fueron desvinculados y contra ellos se archivó la imputación de responsabilidad.

En calidad de terceros, civilmente responsables fueron vinculadas las aseguradoras Crediafianzar y Liberty Seguros. El juicio de responsabilidad apenas comienza.

Contrato polémico

El polémico contrato de obra civil fue suscrito el 29 de junio de 2011 con la concurrencia financiera del Fondo de Vivienda del Huila (Fonvihuila) y de la Gobernación del Huila.

El convenio 011 de 2011, firmado con el gobernador Luis Jorge Pajarito Sánchez, incluyó la cofinanciación de 30 proyectos de viviendas en los 17 municipios del Huila por un valor de 6.533 millones de pesos y Fovihuila otros 33 millones.  Incluía viviendas para Teruel, Paicol, Oporapa, Suaza, Guadalupe, Pital, Tesalia, Gigante y Guadalupe.

El convenio suscrito entre Fonvihuila y la Alcaldía de Garzón derivó en el contrato de obra civil a todo costo sin número adjudicado a la empresa Inca Ltda., para la construcción de 124 viviendas nuevas en la urbanización Villa Karol.

El contrato costó 1.463 millones de pesos de los cuales Fonvihuila aportó $657, 20 millones y la Alcaldía de Garzón $806 respectivamente, recursos transferidos por concepto de regalías petroleras.

Según  lo certificó el jefe de planeación de la época hasta esa fecha, quedaban por ejecutar del presupuesto a cargo de la Fiduciaria Popular la suma de $271,76 millones lo que permitía deducir que la ejecución hasta ese momento ascendía a la suma de $1.191 millones.

No obstante, la comunidad denunció las graves deficiencias técnicas y advirtió que no se habían ejecutado todas las viviendas como aparecían en los pagos.

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