Comenzó ayer ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de neiva el juicio oral por irregularidades en salud.

RICARDO AREIZA

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La Fiscalía pidió ayer sentencia condenatoria contra el ex director de la Caja de Compensación Familiar del Huila, Armando Ariza Quintero, por la supuesta desviación de recursos del régimen subsidiado de salud.

La misma solicitud fue hecha ayer contra varios ex alcaldes de Garzón  y La Plata y directivos de la clínica Medilaser, por las contrataciones realizadas hace 11 años.

La petición fue elevada ante la juez Cuarta Penal del Circuito de Neiva, Paola Andrea Ochoa, en la primera audiencia del juicio oral.

El juicio es el segundo que se realiza por los escandalosos hechos.  El primero por supuestas irregularidades en la clínica Revivir de Pitalito fue archivado por falta de pruebas y los implicados, entre ellos Ariza, fueron absueltos.

Ariza Quintero fue detenido el primero de junio de 2015 en simultáneos operativos ordenados por el fiscal 22 Seccional de Bogotá Ciro Alfonso Castilla Lobelo con varios ex alcaldes y los gerentes de las clínicas.

La acusación

La acusación fue radicada el 27 de abril de 2016  por el fiscal 25 seccional de Cundinamarca por las supuestas irregularidades registradas entre el 2008 y 2011.

Ariza Quintero, según la Fiscalía, contrató con Medilaser la atención de los afiliados del régimen subsidiado del centro, sur y occidente del Huila, sin tener la infraestructura adecuada ni cumplir con los requisitos legales. La contratación, a juicio del ente acusador, tenía un claro favorecimiento hacia la IPS particular.

El entonces director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Mario Montes aseguró que la supuesta defraudación  podría superar los 20.000 millones de pesos.

Ariza Quintero, quien se excusó de asistir a la primera audiencia del juicio oral

Igualmente denunció una supuesta triangulación de los servicios de aseguramiento para favorecer a la clínica privada y responsabilizó a Ariza Quintero de omitir adrede los principios del régimen de contratación estatal.

La tesis fue ratificada ayer por el fiscal, Elkin Ricardo Vega quien recibió el espinoso caso el año pasado. El funcionario reiteró que la contratación entre Comfamiliar y Mediláser no fue transparente ni se respetaron los principios de moralidad, imparcialidad, eficacia y publicad.

Los ex alcaldes  de La Plata, Adolfo León Ubajoa, Ramiro Paredes González y el actual mandatario de Garzón, Édgar Bonilla Ramírez. Ninguno aceptó los cargos. Por el contrario, reclamaron su absolución argumentando que la contratación se hizo de acuerdo con los parámetros establecidos en esa época por el Ministerio de Salud.

En ese mismo orden estuvieron los últimos cuatro gerentes de Medilaser. Tampoco aceptaron los cargos. La Fiscalía les imputó los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales,  interés indebido en la celebración de contratos; peculado por apropiación en beneficio de terceros; enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento público por la contratación realizada entre los años 2009 a 2011 para  la prestación de servicios a los afiliados al régimen subsidiado de salud.

“La Fiscalía probará que los contratos de aseguramiento se realizaron sin cumplir con los requisitos, violando el régimen de contratación estatal, generando un detrimento patrimonial en beneficio de Medilaser”, afirmó el fiscal Elkin Ricardo Vega Beltrán al explicar su teoría del caso.

“La Fiscalía demostrará y probará que existió un interés indebido para favorecer a un tercero, además que los porcentajes para contratar con la red pública fue inferior al reglamentado y se acudió a la red privada”, explicó Vega Beltrán.

“Se probará que la clínica privada no tenía sedes en Garzón y La Plata y por lo tanto no tenía habilitados los servicios. Por esa razón, los pacientes debían ser desplazados a Neiva incurriendo en gastos adicionales”, insistió el representante de la Fiscalía.

En el caso de Armando Ariza, el funcionario le adicionó el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.

“Por estas razones, con el material probatorio, con probabilidad de verdad, con el conocimiento más allá de toda duda razonable, demostrará que esas conductas son atípicas y por lo tanto solicitará sentencia condenatoria”, concluyó el fiscal.

Durante las audiencias preparatorias que se prolongaron durante un año, se descubrieron cerca de 5.000 documentos y se programaron 40 testigos, 15 de ellos de la Fiscalía.

Fiscalía pide condena por anomalías en salud

La contraparte

Lo claro,  según la contraparte, es que hay un desconocimiento de la normatividad  que rige el Sistema General de Seguridad Social y especialmente con el régimen subsidiado.

Además, la defensa anunció que demostrarán graves vacíos en la acusación y una interpretación equivocada de las normas que existían y que fueron modificadas durante el periodo de contratación. La Fiscalía, confunde, según la argumentación de la contraparte, un contrato de aseguramiento y uno de prestación de servicios de salud.

Por esta razón no  existió doble contratación, como lo revela la Fiscalía. Tampoco es cierto que los alcaldes estaban obligados a realizar un concurso público para escoger a las entidades aseguradoras. Para esa época ya estaba vigente la regionalización del régimen subsidiado.

La competencia  para escoger la empresa operadora era del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Salud. En esa época hubo una selección y una calificación. Además,  desconoce  la libre elección de la EPS por parte de los afiliados, derecho consagrado en la Ley 100 de 1993 que los alcaldes no podían ignorar.

Los porcentajes

Según la Fiscalía debía contratarse el 60% de los recursos de aseguramiento con la red pública del municipio. Lo que no precisó es que esa norma fue reglamentada en el 2007 con unas condiciones exigentes.

En efecto, el Decreto 1020 de 2007 (artículo 7), estableció la obligación de las EPS de contratar como mínimo el 60% del gasto en salud con las Empresas Sociales del Estado. Esos porcentajes cambiaron en varias oportunidades.

En esa época el Consejo de Estado anuló esa obligatoriedad y revivió el espíritu de la Ley 1122 de 2007 según el cual, ese mínimo de contratación debe realizarse con la red pública debidamente habilitada en el municipio de residencia, siempre y cuando exista allí la correspondiente capacidad resolutiva.

El porcentaje mínimo de contratación deberá ser cumplido mediante contratación de los servicios de baja, mediana o alta complejidad establecidos en el POS-S con Empresas Sociales del Estado de la región donde opera la EPS, que los tengan habilitados y que garanticen condiciones de acceso, calidad y oportunidad.

Además, previó que la obligatoriedad de dicho porcentaje mínimo de contratación estará sujeta al cumplimiento de requisitos e indicadores de calidad y resultados, oferta disponible, indicadores de gestión y tarifas competitivas.

En otra norma se determinó que el Ministerio no podía señalar exactamente el porcentaje aplicable para la suscripción de contratos entre aseguradores y prestadores, ni para determinar la distribución de la misma en los diferentes niveles de atención y grados de complejidad.

Además, está previsto en la misma ley que los servicios de baja complejidad se prestarán de manera permanente en el municipio de residencia de los afiliados, salvo cuando a juicio de estos sea más favorable recibirlos en un municipio diferente con mejor accesibilidad geográfica.

Finalmente precisó que los contratos de aseguramiento firmados por las entidades territoriales para atender a los beneficiarios del régimen subsidiado no son contratos de prestación de servicios de salud. Pero además, se rigen por el derecho privado y no por la Ley 80 de 1993 (régimen de contratación estatal).  Esta argumentación orientará el juicio oral que apenas comienza.

La otra cara

Por su parte, la bancada de la defensa, advirtió que esas conductas no ocurrieron ni se demostró la desviación de recursos. Tampoco el peculado por apropiación, y menos el enriquecimiento ilícito ni de particulares ni de servidores públicos.

“Si el eje de la acusación, es la contratación irregular, lo que se demostró es que en este caso, a la luz de las pruebas que se descubrieron, la contratación fue legal”, afirmó el abogado Jesús Antonio Marín.

“Por lo tanto, no se configuraron los delitos de indebida celebración de contratos ni celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales”, aseguró.

En su criterio la clínica no estaba habilitada, no contaba con la infraestructura técnica, científica y física adecuada para prestar los  servicios contratados, en los niveles de atención  y complejidad en Garzón y La Plata en oportunidad y calidad.

Además, contrató con la red pública la prestación de los servicios de salud por evento controlado, en desventaja  la clínica Medilaser, contratada para atender a los afiliados del Sisben por UPC (unidad de pago por capitación) que garantiza el acceso de la población vulnerable asegurada.

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