Esperanza Andrade

Estamos abocados hoy los congresistas a estudiar el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso, ayer en Bogotá, nos reunimos los miembros de la bancada parlamentaria huilense, el presidente de la Cámara de Comercio de Neiva y algunos empresarios para estudiar la carta de navegación que nos debe conducir a un “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. En este instrumento hay una excelente oportunidad para avanzar hacia el fortalecimiento de la legalidad, emprendimiento y equidad de los colombianos. El documento tiene una agenda muy ambiciosa, redefinir prioridades nacionales, proyectar una identidad colectiva y al mismo tiempo mantener las contingencias de una economía afectada por nuestra alta dependencia del petróleo.

Un primer aspecto que nos ha despertado la atención del texto radicado ante el Congreso de la República y contenido en el artículo 179 del PND, el cual pretende reformar la ley 142 de 1994 y la Constitución Política, es la intención de eliminar o desmejorar progresivamente el subsidio de energía para el estrato 3, sin una fundamentación o urgencia económica, cuando se sabe que los hogares colombianos que habitan en este estrato son todavía presos de enormes presiones económicas y de apremiantes necesidades que dificultan su ascenso y acceso tanto a oportunidades como a una calidad de vida integralmente digna. Nos opondremos a la eliminación de este subsidio, además, porque es abiertamente inconstitucional.

También preocupa que la menguada aplicación y alcance a las consultas populares, sobre temas mineros y energéticos, se sume por vía del artículo 18 del PND, un sistema de “licencias exprés” para la formalización minera. Si bien la norma está concebida para la minería tradicional o pequeña minería, un crecimiento exponencial de los licenciamientos por vía de este trámite y su relación con las zonas de áreas de reserva especial impone una amenaza inminente a nuestros ecosistemas y nuestra soberanía alimentaria. Además, bien se sabe que el control y vigilancia a este tipo de minería resulta más complejo para las autoridades ambientales, motivo por el cual se puede estar sub dimensionando el nivel de impacto de este cambio administrativo.

En resumen, este Plan está enfocado en el futuro, en la próxima década, y tiene como referente alcanzar para el año 2030 las metas de los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS), que apuntan a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de prosperidad. Por eso, vamos a trabajar con esperanza, por la gente, en ese gran propósito nacional.

Comentarios