Sergio Felipe Salamanca

Colombia ha sido un país pionero en el reconocimiento de derechos a los diferentes elementos que hacen parte de la naturaleza, como ríos, páramos, animales y selvas, lo cual es el producto del esfuerzo de nuestros jueces, que caso a caso han ido construyendo jurisprudencia que pone a la vanguardia al ordenamiento jurídico colombiano en materia de protección del medio ambiente, por medio de sentencias como la del río Atrato, la de la Amazonía colombiana, la de las abejas y la de los páramos de Pisba y SanTurbán.

Al igual que los jueces, el legislador colombiano ha realizado importantes aportes, como la Ley 1774 de 2016, que además de reconocer a los animales como seres sintientes y no como simples cosas; creó todo un nuevo título en el Código Penal, dedicado exclusivamente a los delitos contra los animales. Pero no todo es nuevo, ya desde comienzos de la década de 1990 la Constituyente tenía muy clara la importancia del medio ambiente para la Colombia del futuro, consagrando en nuestra carta magna el derecho que todos tenemos de disfrutar de un medio ambiente sano, incluidas las generaciones futuras.

Este derecho trae consigo el deber que tenemos todos los ciudadanos y el mismo Estado de velar por una efectiva protección del medio ambiente, sin embargo, ha sido una de las tres ramas del poder público la que ha brillado por su falta de contundencia en la tarea de protegerlo, la Rama Ejecutiva. Esta situación ha quedado perfectamente plasmada con las nefastas consecuencias del proyecto Hidroituango y el pasmoso silencio del Gobierno y de las autoridades ambientales al respecto.

Me resulta increíble como abogado, pero en especial como colombiano, que a un proyecto que ha estado a punto de borrar del mapa a comunidades enteras y que actualmente tiene agonizando al segundo río más importante de Colombia no se le haya revocado su licencia ambiental, ni se haya ordenado su desmantelamiento. Las hidroeléctricas siempre han sido planteadas como grandes alternativas energéticas, sin embargo, son proyectos que para ser construidos conllevan la inundación de hectáreas productivas, el desplazamiento de personas, fauna y flora, con el agravante de que en muchos casos, la energía generada es exportada, haciendo que quienes soportan las externalidades de los proyectos ni siquiera vean compensado su situación en la factura de la energía.

 

 

Comentarios