En este edificio se localiza el apartamento ocupado por la Fiscalía en Barranquilla.

 

Como parte de las investigaciones por corrupción en el Plan de Alimentación Escolar PAE, la Fiscalía decidió imponer medidas  cautelares  a cooperativas y bienes del empresario huilense Germán Trujillo.

Se trata de cuatro bienes inmuebles de Trujillo avaluados en 33.000 millones de pesos, ubicados en varas zonas del país.

Sin embargo, por tratarse de una medida cautelar que inicia la Fiscalía, será ahora un juez de extinción de dominio el que tome la última determinación.

Los hechos

Para la Fiscalía General en este caso de presuntos hechos de corrupción en el Plan de Alimentación Escolar en el departamento de Santander, presenta varias irregularidades en las etapas de planeación, contratación.

Mediante el contrato 601 de 2016, la Gobernación de Santander adjudicó a la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda., el suministro de alimentación para 124.892 estudiantes de 82 municipios, por un valor de $35.767’321.026.

El ente acusador ha señalado que las pruebas dan cuenta de que el dinero fue desembolsado en su totalidad al contratista y que supuestamente las raciones de comida no llegaron a los estudiantes en Santander.

 

Además, se ha insistido por parte de la Fiscalía que hubo sobrecostos en los productos que se  adquirían y pagos por víveres a empresas ficticias o con objetos comerciales distintos.

De acuerdo con las facturas y cuentas de cobro halladas por la Fiscalía, se compraron tamales  por 30 millones de pesos en una empresa de grúas en Acacías, Meta.

También fueron adquiridos postres a una asociación de padres de familia en Tarqui, Huila que estaba inactiva.

Habría habido compra de mercados a una empresa transportadora ubicada en Algeciras.

Las investigaciones también habían dado como resultado el hallazgo de las sociedades y bienes presuntamente utilizados para presumir aparente legalidad.

Situación actual

Trujillo se encuentra cumpliendo medida de aseguramiento de detención domiciliaria tras haber llegado a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

El empresario huilense  aceptó cargos por celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y privado, y peculado por apropiación. Además, devolvió una suma considerable.

Por los mismos hechos fueron cobijados con la misma medida Luisa Fernanda Flórez Rincón, contratista y representante legal de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones así como Fernando León Medina Monsalve, interventor del contrato PAE 2016; Aníbal González Sánchez, coordinador PAE y Ana de Dios Tarazona García, secretaria de educación de Santander.

Qué sigue

LA NACIÓN conoció que ahora, los abogados de Trujillo irán donde el Juez de Extinción de Dominio de Garantías,  en busca de un control de legalidad.

A partir ara  alegarán que la Fiscalía se habría extralimitado por varios motivos.

Primero, los dineros fueron devueltos por el empresario, es decir, $2.238 millones, valor cuantificado por la Fiscalía.

Asimismo, se intentaría demostrar que el apartamento no fue adquirido con plata proveniente de la cooperativa.

A esto se suma el hecho de que ya aceptó cargos. Si el juez de Extinción de Dominio acepta la solicitud procedería a tumbar la medida para dar paso al proceso de extinción que podría durar varios años.

Fuentes jurídicas consultadas afirman que el paso a dar por los abogados del empresario Trujillo está basado en el artículo 111 del Código de Extinción de Dominio.

La norma señala que “Las medidas cautelares proferidas por el Fiscal General de la Nación o su delegado no serán susceptibles de los recursos de reposición ni apelación. Sin embargo, previa solicitud motivada del afectado, del Ministerio Público o del Ministerio de Justicia y del Derecho, estas decisiones podrán ser sometidas a un control de legalidad posterior ante los jueces de extinción de dominio competentes”.

El objetivo

Pero, ¿para qué sirve el control de legalidad? Precisamente para revisar la legalidad formal y material de la medida cautelar. El juez competente solo declarará la ilegalidad con base en varios motivos:

 

  1. Cuando no existan los elementos mínimos de juicio suficientes para considerar que probablemente los bienes afectados con la medida tengan vínculo con alguna causal de extinción de dominio.

 

  1. Cuando la materialización de la medida cautelar no se muestre como necesaria, razonable y proporcional para el cumplimiento de sus fines.

 

  1. Cuando la decisión de imponer la medida cautelar no haya sido motivada.

 

  1. Cuando la decisión de imponer la medida cautelar esté fundamentada en pruebas ilícitamente obtenidas.

 

Los bienes

La Fiscalía ocupó un apartamento que cuenta con depósito y parqueadero en la ciudad de Barranquilla, la  sede de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda. ubicada  en Neiva.

También una bodega a nombre de la Agencia Surcolombiana de Inversiones Ltda – Surcol, en Cúcuta, y  un establecimiento de comercio de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, localizado en el norte de Bogotá.

Estos bienes fueron afectados con medidas cautelares de extinción del derecho del dominio y quedarán a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración

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