Los ‘enredos’ penales por alumbrado público en Campoalegre

La ex alcaldesa de Campoalegre Neyla Triviño Rojas y ocho concejales siguen en juicio por haber autorizado la concesión del servicio público sin el lleno de los requisitos. Pero además, por un supuesto “interés” indebido en la celebración del cuestionado contrato.

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Ante el Juez Tercero Penal del Circuito de Neiva, Jorge Enrique Luna,  la Fiscalía mantuvo la acusación por la irregular concesión del servicio de alumbrado público.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

El juicio oral por la ilegal concesión del servicio de alumbrado público en Campoalegre, entró en la recta final.

Ante el Juez Tercero Penal del Circuito de Neiva, Jorge Enrique Luna Corrales asistieron los últimos testigos después de casi cinco años de haberse formulado la acusación en mayo de 2014.

Por este caso responden  la  ex alcaldesa de Campoalegre, Neyla Triviño Rojas y ocho de los 13 concejales de la coalición mayoritaria  que apoyaron su gestión. Los nueve implicados fueron acusados por los delitos de prevaricato por acción, al proferir actos ilegales, en concurso con interés e indebida celebración de contratos.

La ex mandataria se excusó de concurrir. En cambio asistió su esposo Antonio Gutiérrez, también ex alcalde y la mayoría de los concejales imputados.

En otras audiencias del juicio oral, concurrieron varios testigos entre ellos la ex tesorera Sandra Milena Burgos y el secretario General Ronald Polanía Perdomo. En la última fase asistieron otros asesores del proyecto.

El veedor ciudadano Esaín Calderón formuló la denuncia penal el 12 de diciembre de 2012.  En su criterio, el proyecto se soportó en un estudio de conveniencia y no en un estudio financiero de fondo, como lo exige la normatividad.

La acusación

La Fiscalía Séptima Seccional de Neiva, reiteró las acusaciones contra la ex alcaldesa Triviño Rojas por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción, por adelantar el proceso de licitación para la concesión del alumbrado público sin tener en cuenta los sustentos técnicos, financieros y sociales indispensables para comprometer vigencias futuras excepcionales.

A pesar de haber sido derogado el acuerdo que le daba facultadas, la ex mandataria suscribió el 31 de octubre de 2012, con el ingeniero electricista, Dorian Yury Arias, un contrato de prestación de servicios sobre el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, necesario para adelantar el proceso licitatorio.

El contrato de “apoyo a la gestión” fue suscrito cinco días después de que el Tribunal Administrativo del Huila ordenó la nulidad del citado acuerdo por contener vicios de ilegalidad.

Curiosamente como ocurrió en Palermo y en otros municipios, antes de haberse aprobado el proyecto, ya estaban publicados los prepliegos de condiciones para adelantar el proceso de licitación.

“Sin ningún estudio financiero, el proyecto contemplaba la pignoración de las rentas por  alumbrado público durante dos décadas, ascendiendo a 8.100 millones de pesos”, sostuvo la Fiscalía al formular la acusación.

“La decisión se sustentó en un simple estudio de conveniencia (suscrito con Dorian Yury Arias Duque) y no como lo exige la ley en un análisis financiero de fondo”, insistió la Fiscalía.

En estas condiciones estimó la que la funcionaria es “probable autora” de los delitos de prevaricato por acción, al expedir actos ilegales, en concurso con celebración indebida de contratos. Además con la coparticipación de los secretarios de Hacienda, General, Planeación e Infraestructura y Asuntos Sociales y de la tesorera, Sandra Milena Burgos, quienes concurrieron el año pasado en su calidad de testigos.

El contrato para cambiar las luminarias fue firmado cuando el acuerdo había sido derogado.

Prevaricato

La Fiscalía Séptima Seccional mantuvo la acusación contra los concejales Henry Castillo Casas, Milton Gerardo Cortés Cuéllar, Henry Cuéllar Almario, Lady Nelcy Lizcano Quintero, Reinado Polanía Losada, Ligia Esperanza Quintero Polo, Mercedes Ramírez Montenegro y Hernando Rodríguez Polanía.

Según el ente acusador,  los concejales incurrieron en el delito de prevaricato por acción por haber proferido el acuerdo 012 de 2012 autorizando vigencias futuras excepcionales sin cumplir con los requisitos legales. Pero además, sin que se encontrara inscrito y viabilizado en el Banco de Proyectos.

Los concejales insistieron en que el acto administrativo se tramitó con los soportes legales y las certificaciones que entregó la administración local. Entre otros se apoyaron en una certificación del plan del cuatrienio anterior 2008-2012, como lo reiteró el entonces Secretario General en las audiencias previas del juicio oral.

Cuestionada autorización

La ‘fiebre’ por entregar a última hora a particulares la concesión del servicio de alumbrado, terminó enredando a la señora Triviño y a los ocho concejales de la coalición de gobierno.

A pesar de la oposición, el Concejo finalmente autorizó a la Alcaldesa para entregar en concesión la administración y operación del servicio de alumbrado público durante 20 años, sin las proyecciones y soportes financieros. Igualmente le otorgó plenas facultades para comprometer vigencias futuras excepcionales a partir del año 2013 y hasta el año 2032, sin agotar todos los requisitos legales.

El Acuerdo 012 fue aprobado a ‘pupitrazo limpio’ en un corto periodo de sesiones extraordinarias, el 19 de junio de 2012, sin cumplir con los exigentes requisitos legales. Tres días después, el 22 de junio de 2012, fue sancionado.

El proyecto contemplaba la administración, operación, mantenimiento, repotenciación, modernización y expansión del alumbrado público del municipio.

La iniciativa no estaba inscrita ni viabilizada en el Plan de Desarrollo. Tampoco contemplaba las inversiones previstas en el marco fiscal de mediano plazo, como lo exigía la ley.

Curiosamente, la coalición mayoritaria, amparada en normas derogadas, facultó a la ejecutiva para comprometer vigencias futuras excepcionales, que trascendían su periodo de gobierno.

“Como la autorización para comprometer las vigencias futuras excedía el periodo de gobierno, era necesario demostrar la importancia estratégica del proyecto, cosa que no sucedió”, precisó la Fiscalía.

El marco fiscal de mediano plazo no contenía el informe de resultados fiscales de la vigencia anterior, ni la estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior, ni la relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que puedan afectar la situación financiera del municipio, ni el costo fiscal de los proyectos de acuerdo sancionados en la vigencia anterior.

El acuerdo 012 de 2012, según la acusación, soslayó el marco normativo. No se acreditó la existencia de esta iniciativa debidamente inscrita y viabilizada en los bancos de proyectos. Sin embargo el secretario General de la época, aclaró ayer en la audiencia oral que el proyecto se apoyó en el Plan de Desarrollo anterior (2008-2011) ya que el nuevo 2012-2015  estaba en estudio.

No obstante,  solo aparecía relacionado el subprograma servicios públicos domiciliarios, cuya meta es iluminemos el municipio.

Reparos jurídicos

El acuerdo otorgando facultades para la concesionar el servicio fue objetado por la misma Gobernación.

El acuerdo no pasó la evaluación jurídica. La titular de ese despacho, Sandra Elizabeth Collazos lo objetó por razones de ilegalidad e inconveniencia, coincidiendo con los reparos que en su momento formularon los concejales Oscar Perdomo, Jorge Ávila y Jairo Quintero, Elkin Cerquera y Jackson Toledo, quienes se opusieron a la iniciativa.

La iniciativa, según el Departamento  Administrativo Jurídico de la Gobernación, no satisfacía la normativa consagrada en la Ley 1483 de 2011, comprometió vigencias futuras sin contar con un proyecto inscrito y viabilizado en el  banco de proyectos del municipio; no  consultaba las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo.

Además, no se demostró la importancia estratégica, no tenía la aprobación del Confis, ni reportaba una verdadera evaluación financiera, y por lo tanto no existía la certeza de la capacidad de endeudamiento del municipio.

Las observaciones fueron admitidas el 27 de agosto  2012. El acuerdo fue anulado el 26 de octubre de 2012 por el Tribunal Administrativo del Huila por las mismas razones expuestas.

“En síntesis, ni en el anterior ni en el nuevo Plan de Desarrollo del Municipio de Campoalegre existió un proyecto de inversión en materia de alumbrado público debidamente inscrito o viabilizado en el banco de proyectos del Municipio de Campoalegre, objeto de ser financiado con recurso de vigencias futuras excepcionales, desconociendo así además de las precedentes”, explicó.

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