Juan Francisco Espinosa es el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa.

Jesús Antonio Rojas Serrano

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Juan Francisco Espinosa Palacios es abogado de la Universidad del Rosario, con estudios en Derecho Contractual y Finanzas. Hasta hace poco, fue director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, y hoy es el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa.

Sobre sus hombros pesa el plan del Gobierno Nacional para descongestionar las cárceles del país. ¿Cómo lo logrará? Aquí está este diálogo que el funcionario sostuvo con LA NACIÓN.

¿Cuál es hoy el panorama carcelario del país?

Nuestra realidad actual es que tenemos un índice de hacinamiento general del 49%, con unos focos muy complicados que llegan, incluso, al 350%. El índice de reincidencia es superior al 18%.

¿Qué va a hacer el Gobierno?

Estamos revisando todo el modelo penal. En un escenario de 120 mil personas privadas de la libertad, en donde hay 80 mil cupos, la solución a primera vista sería crear 40 mil cupos adicionales y ya. Sin embargo, el problema carcelario y penal del país no es sólo infraestructura sino realmente es para qué la cárcel, quién debe ir a la cárcel y por cuánto tiempo. No se trata de generar centros de reclusión para meter preso a todo el mundo sino hacer un estudio juicioso y llevar a la cárcel a las personas que representan un problema para la sociedad. En ciudades capitales como Neiva, las personas que representan un peligro están en la calle y siguen delinquiendo. No nos puede pasar eso.

Señor Viceministro, ¿Qué contempla el Plan de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario lanzado por el Gobierno?

Estamos mejorando la infraestructura existente. Necesitamos, adicionalmente, ampliar la oferta regional de cupos y aquí hay un tema curioso: los municipios que nunca han tenido una cárcel, no quieren tenerla, y el que la tiene, no la quiere dejar ir. Queremos regionalizar esa oferta de cara a la necesidad de los delitos.

El Gobierno plantea despenalizar delitos, ¿Cuáles?

El ejemplo más vigente es la inasistencia alimentaria. La Fiscalía tiene un número gigante de procesos penales en los cuales una persona omite su deber de otorgarles alimentos a sus hijos, lo cual la lleva a pedir la pena privativa de la libertad, terminando en detención o en condena. Esa persona arrestada, si no cumplía con su obligación estando en la calle en donde tenía la posibilidad de trabajar, muchísimo menos lo va a hacer privado de la libertad. En este tipo de casos, tenemos que avanzar más hacia un modelo de control financiero y medidas administrativas, que por ejemplo, congelen el salario. Otro buen ejemplo: algunas modalidades de falsedades o injurias, con los cuales termina desgastándose el aparato judicial.

¿Y no sería contraproducente?

Necesitamos es combatir la impunidad. En vez de tener un catálogo inmenso de delitos, necesitamos dedicarnos a que las personas que infrinjan las normas penales, tengan realmente su sanción, y no unos procesos penales eternos, que terminan prescribiendo.

En el terreno, ¿Qué más implica el Plan de Transformación?

Habrá acciones inmediatas. Vamos a hacer intervenciones focalizadas en los centros de reclusión para solucionar problemáticas puntuales y auxiliar a la población carcelaria. Tendremos además ciudadelas móviles, en las que habrá celdas montables y desmontables.

¿Qué esperan al final del Gobierno?

La meta es que logremos al final de este cuatrienio 27 mil cupos gestionados, es decir, 15 mil cupos construidos y 12 mil cupos asignados y los respectivos diseños para su implementación. ¿Por qué es tan importante la infraestructura? Buscamos que esa infraestructura tenga la idoneidad de cumplir el fin de resocialización. Aquí estamos creyendo en las segundas oportunidades. Lo que no nos puede seguir pasando es que las cárceles del país sean centros de aprendizaje del crimen, en donde las personas terminen graduándose con unos delitos muchos más graves que por los cuales ingresó.

 

 

 

 

 

 

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