Iván Duque Márquez, presidente de la República, afirmó que pese a las preocupaciones que tiene en relación con la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que hace varios días fue enviada por el Congreso a sanción Presidencial, piensa no objetarla porque ya pasó revisión constitucional.

“Yo no voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto. A mí me parece que no le hace bien al país que delitos como la violación de niños puedan ser considerados, entre comillas, delitos del conflicto porque para mí no hay nada que justifique el atropello a un menor”, dijo el presidente.

Sin embargo, Duque sostuvo que es preferible tener Ley Estatutaria de la JEP que no tenerla, porque se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa.

Por otro lado,  el fiscal general Néstor Humberto Martínez envió una carta al presidente Iván Duque expresando cuatro preocupaciones de la Fiscalía sobre la ley estatutaria de la JEP, que el presidente debe sancionar u objetar antes del 11 de marzo.

El fiscal Martínez dijo que son cuatro cosas que fueron debatidas en el Congreso “pero lamentablemente el texto que ha llegado al Presidente modifica el consenso al que se llegó en el congreso y puede tener graves impactos en la política criminal”, esto a pesar de que fueron avalados previamente por la Corte Constitucional (C-080 de 2018) en un control automático y previo por el rango de ley estatutaria.

El primer reparo del fiscal Martínez es que los reinsertados que sigan en narcotráfico pueden conservar beneficios de la JEP y la Fiscalía no los podrá investigar. Eso es altamente inconveniente en un momento en el que estamos viendo gravemente afectada la política contra el narcotráfico. Sería un incentivo perverso que reincidentes continúen con ese beneficio, mientras que un campesino por fuera podría tener penas más altas”, comentó Martínez.

La segunda preocupación del fiscal, tiene que ver con una supuesta concurrencia con beneficios de la justicia transicional que tendría los reincidentes. En caso de que vuelvan a cometer delitos, “la sociedad no entendería que tengan privilegios de penas, no tengan tratamiento penitenciario ni extradición”.

Para el tercer reparo el Fiscal recordó que en el debate parlamentario del trámite de esta ley estatutaria de la JEP se dijo que en el caso de las investigaciones en curso la Fiscalía no podía realizar diligencias judiciales. En ese momento, dijo Martínez, la Fiscalía se opuso y dijo que no podían avanzar las investigaciones si no podían hacer diligencias.

Martínez agregó que en el artículo 79 literal J, se indica que la Fiscalía podía seguir avanzando en investigaciones y diligencias pero lo que no podía era pedir ordenes de captura.

“Este artículo fue declarado constitucional pero sujeto a una condición. Que la Fiscalía puede continuar las investigaciones pero no podrá ordenar citación a diligencias. ¿Cómo vamos a continuar con las investigaciones si no podemos citar a interrogatorios, diligencias ante jueces de garantías? La investigación quedaría prácticamente eunuca (sic)”, recalcó el fiscal.

En cuarto lugar, Martínez recalcó que Colombia suscribió varios tratados internacionales sobre derechos humanos, “y por esa supremacía y los deberes que tiene Colombia para perseguir los graves crímenes de guerra, no es posible que se otorgue amnistía alguna a los responsables de esos graves crímenes”.

Cabe resaltar que el presidente Duque tiene 20 días hábiles desde que llegó la ley a su escritorio para analizarla y decidir si la firma o si la objeta por inconveniencia.

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