Piero Emmanuel Silva Arce

Piero Emmanuel Silva Arce

Hace algunos días se volvió a ratificar el fallo de la Corte Constitucional emitido el año pasado donde se eliminó el poder de veto de las consultas populares frente a proyectos extractivos. En esta determinación se planteó que el Estado es el propietario de los recursos y el suelo, y que por lo tanto las entidades territoriales no pueden detener la extracción de recursos naturales no renovables. Ya habían sido varios los municipios de Colombia donde los habitantes, en votaciones concurridas, tomaron la determinación de no seguir con la explotación en sus propios territorios; estaban decidiendo sobre su entorno, sobre su casa, sobre un asunto que les compete porque los afecta de diferentes formas. Estos ciudadanos se enfrentaban a las multinacionales y parecía que podían debatir y, en todo caso, decidir de manera legal y legítima.

Hasta el fallo de la Corte Constitucional del año pasado y la ratificación del mismo en este año, los municipios que se dispusieron a no continuar con la minería fueron: Piedras y Cajamarca en el Tolima; Tauramena en Casanare; Cabrera y Arbeláez en Cundinamarca; Cumaral en Meta; Pijao en Santander y Sucre y Jesús María en Sucre. Es importante recordar que lo que llevó a que la Corte decidiera esto fue una tutela interpuesta por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada que buscaba extraer petróleo en Cumaral-Meta. Ante este fallo se quedaron en vilo un gran número de municipios que tenían proyectado realizar consultas populares para que la gente decidiera sobre los proyectos extractivos.

Cajamarca fue el primer municipio que eligió no continuar con los proyectos mineros llevados a cabo por la multinacional Anglo Gold Ashanti, debido a la contaminación generada y a las afectaciones a la economía local. Las consultas que siguieron alcanzaron a generar la esperanza de que estaba acercándose el momento donde las comunidades iban a ser parte del futuro de su propio territorio; no obstante, el Estado colombiano volvió a alinearse con los intereses privados de las grandes compañías que se benefician a partir de la usurpación, el saqueo y el deterioro ambiental y humano. Las voces de los actores de las diferentes regiones quedaron supeditadas a determinaciones que se tomen desde el sector privado con la venia del Estado en materia de extractivismo.

Es importante estar pendiente sobre la evolución de este asunto ya que el Congreso de la República quedó con la tarea de legislar sobre cómo resolver estos conflictos de intereses. El problema radica en la facilidad de la mayoría de “honorables” para dejarse dar una untadita a cambio de un favorecimiento personal.

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