Luis Alfredo Ortiz Tovar

Si en realidad y de verdad queremos cumplirle a las víctimas del Conflicto, y si es cierto que todo el proceso de paz se construyó, bajo la base del respeto a ellas, y la posibilidad de hacerlas sabedoras de la verdad, de buscar perdón, reparación, y garantizar la no repetición de atrocidades como las padecidas en más de cincuenta años de fratricida guerra, el crucial instrumento que se necesita, es el que legitime a la justicia nueva creada para la transición, esto es el mecanismo jurídico procesal que le permita a los jueces transicionales realizar su tarea; este instrumento es la ley Estatutaria de la JEP.

La garantía, además para quienes empiezan a concurrir a este cuerpo jurisdiccional, que a la fecha suman más de doce mil, incluidos agentes del Estado, guerrilleros, víctimas, es el hecho de tener unas reglas claras que les permita advertir previamente los senderos por donde andarán y se construirán sus procesos, y garantizar un principio universal que tiene justamente que ver con eso, un debido proceso. Tal parece que dicha garantía para algunos no está tan clara, al introducir no un palo a la rueda, sino sendos palos de diferentes escenarios, mismos que sin una lectura ético-analítica les permita desprenderse de subjetividades, y más bien atender esta ingente necesidad. Sigue pareciendo que los compromisos derivados del proceso de paz, y su aprobación constitucional, y la aquiescencia de la comunidad internacional, corresponden a una negociación entre dos particulares, que en la medida que me interesen los acepto, y en lo que no me interese, o me plazca, lo desconozco. Aquí debe primar el sentido de deber para con el dolor de las víctimas, y buscar llenar el deseo insatisfecho de justicia, buscando que los perpetradores de los horrendos crímenes respondan, así tendría sentido toda esta brega que implicó el proceso de paz.

Si la Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución, y ella, en una sentencia argumentada hasta la saciedad, ha estimado que dicha ley dice, que no desdice de los postulados de la Carta Fundamental, no puede haber espacio para retomar dilatoriamente, y tardíamente una discusión que ya se dio en el seno del Congreso, donde debía darse, y en efecto se llevó a cabo.

Que no se diga que este instrumento, y el organismo que lo va a aplicar (JEP), es un espacio para la impunidad. Al contrario deberá ser para que esta no haga presencia, pero solo es posible si desde lo ético, y lo jurídico se entiende que es necesaria la aprobación de dicho estatuto. Vacilar en la suscripción de esta ley, es ir en contra de las víctimas que reclaman verdad y justicia. Por ellas, un grano de comprensión.

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