Un juez de conocimiento revocó la medida de aseguramiento contra seis personas investigados por abuso sexual de menores.

“Hay un afán de la Fiscalía en mostrar resultados…”, dijo el juez de conocimiento, quien en segunda instancia revocó la medida de aseguramiento que cobijaba a seis personas, investigadas por los delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales con menores, en Neiva.

La decisión fue anunciada ayer pasadas las seis de la tarde, por el Juez Segundo Penal del Circuito de Neiva con Funciones de Conocimiento, al resolver las apelaciones de las medidas de aseguramiento carcelario y domiciliario que presentaron los abogados defensores de los imputados.

Los beneficiados con la medida y que van a recobrar la libertad hoy, fueron el abogado Luis Fernando Casallas, el comerciante Fabio Adolfo Ceballes, David Huepe, quien se desempeña como asesor de la Gobernación del Huila; el locutor Jorge Humberto Masmelas Ramírez, Alberto Pérez Cuenca  y el comerciante José Francined Lasso Collazos, quien estaba en domiciliaria.

Mientras que continúan con detención en la cárcel Ramiro Flórez, integrante de la comunidad LGTBI y Sonia Vitoviz Morán, además de Gustavo Adolfo Rojas Sierra, conocido como ‘Tabaco’, quien esta con medida de aseguramiento domiciliario. Ellos no apelaron la medida.

No hay inferencia para que estén presos

Mientras contra Ramiro Flórez y Sonia Vitoviz, hay una inferencia que los vincula con los delitos, contra los demás procesados no existe. “La inferencia contra Ramiro y Sonia los vincula como los presuntos coordinadores, manager de las menores que eran objeto del abuso sexual. Le dieron dinero, pero es una menor a la que se le está afectando su integridad…”, dijo el juez.

Tras las pruebas en tiempo real obtenidas, la Fiscalía no hizo nada para evitar que se produjera el delito de abuso sexual con menores. “En cierta medida la Fiscalía cohonestó con eso, teniendo en cuenta que hay interceptaciones en tiempo real, que escuchando que el día de hoy se hace un encuentro entre fulano y fulano por intermedio de esta señora y que hizo (la Fiscalía) para evitar que ese encuentro se realizara”, manifestó el togado.

Agregó además que tampoco actuó para evitar que una menor fuera llevada a un momento. “Que hizo para hacer un seguimiento y coger a Luis Fernando Casallas al momento que entraba a un motel o a su residencia con una menor de edad, no hizo nada”.

Sostuvo que hay es afán de resultados. “Fíjese que hay un afán, creo yo, por parte del Estado representado en la Fiscalía en mostrar resultados, que luego no van a quedar como en este caso, cree el despacho, que faltan cabos por atar”.

La investigación

Durante 4 meses, 27 investigadores criminales bajo la coordinación de la Fiscalía 15 seccional CAIVAS, vigilaron para desmantelar la presunta red de explotación sexual que victimizó a niñas no solo en el casco urbano de Neiva sino en los corregimientos y municipios aledaños, quienes eran solicitadas y comercializadas sexualmente por medio de la aplicación Whatsapp.

Los implicados, son personas que se movían dentro de la esfera social de la capital huilense. Entre ellos, un abogado, un funcionario de la Gobernación del Huila, comerciantes y hasta un locutor de radio.

Una denuncia realizada por una menor en el 2017, fue el punto de partida de la operación denominada ‘Andrómeda’, que mediante labores investigativas logró individualizar e identificar a estas 9 personas, así como la manera en que operaba cada una de ellas dentro de esta cadena criminal.

Los presuntos proxenetas

Las labores investigativas de las autoridades señalan que Flórez, natural de Garzón, de 60 años de edad, y de Sonia, de 42 años, serían los encargados de captar las adolescentes para comercializar y complacer sexualmente a los demandantes.

Estas dos personas sacaban provecho económico de tal actividad ilícita. De los 70 mil a 100 mil pesos que cobraban a los demandantes sexuales, se quedaban con una comisión de entre 20 mil a 50 mil pesos por cada niña captada.

La Fiscalía manifestó que en su poder hay audios y mensajes de WhatsApp que evidencian cómo los demandantes solicitaban y pagaban servicios sexuales a Ramiro Flórez, el cual contactaba a menores también a través de Facebook e Instagram para que saciaran los deseos libidinosos.

Los presuntos clientes son el abogado Casallas Rivas, el comerciante Ceballes Cuenca, Huepe, asesor de la Gobernación del Huila; Rojas Sierra, de 52 años, asesor judicial, el locutor Másmelas Ramírez, Lasso Collazos y Pérez Cuenca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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