RICARDO AREIZA

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Los módulos productivos pilotos para piscicultura intensiva de tilapia nilótica no han dado los resultados esperados. Por el contrario, después de dos años de tormentosa implementación, están condenados al fracaso.

Los cultivos de tilapia en tanques de geomembrana con tecnología Biofloc se diseñaron para cinco municipios del país, tres de ellos en el Huila, uno en Purificación (Tolima) y otro en Acacías (Meta). Cada uno tenía un costo estimado de 325,75 millones de pesos. La inversión ascendió a 2.148 millones de pesos.

La iniciativa liderada por Otto Polanco Rengifo, director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, hacía parte de un plan para la formalización de la piscicultura en el embalse de Betania, pero además, para fomentar el cultivo en tierra.

En su criterio, ese sistema alternativo genera una mayor productividad (mayor volumen de pescado por unidad de superficie), pero demanda altos costos, especialmente en energía que lo hace insostenible. Ese hecho, sumada las anomalías y deficiencias en el proceso de montaje ha generado, a juicio de los productores, un fracaso.

Dos auditorías, una realizada por la propia entidad y otra practicada por la Contraloría General de la República confirman las debilidades e inconsistencias técnicas, financieras y operativas.

Las anomalías

El convenio registró deficiencias desde el comienzo. Estaba pactado  un primer desembolso por valor de $668 millones equivalentes al 40% del valor total de los aportes de la Aunap. Sin embargo, el cooperante no soportó adecuadamente el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por parte de las asociaciones focalizadas y priorizadas para poder ser beneficiarias. Esta situación afectó el cumplimiento de las actividades y compromisos a realizar.

Entre otros, se requería un área nivelada de unos 2.500 metros cuadrados para el montaje de la unidad productiva que consta de seis tanques de 12 metros de diámetro;  además, tener acceso a energía eléctrica trifásica y asumir el costo del servicio y garantizar una fuente de agua permanente  (concesión de aguas).

En el Huila fueron seleccionadas tres agremiaciones de pequeños piscicultores como beneficiarios: La Asociación de Pescadores Artesanales de Yaguará  (Asopay), la Asociación de Pescadores Calandreros del río Magdalena de Hobo y la Asociación de Pescadores ‘La Aguada’ de Campoalegre.

El convenio de cooperación No. 212 del 7 de julio de 2016 fue protocolizado con la Fundación Social Visionarios comenzó el 13 de julio de 2016 y debía concluir el 12 de diciembre de 2.016

La Aunap aportaba $1.670 millones de pesos. De éstos, 960 millones correspondían a la adecuación de tanques en geomembrana; 224 millones para insumos; 273 millones para mano de obra, entre otros gastos.

La fundación  aportaba en especie 478 millones representado en acompañamiento técnico, actividades complementarias, capacitaciones no formales y divulgación.

Primeras fallas

En Campoalegre se evidenció que el terreno en la región de Alto Piravante no era apto para el proyecto. Los beneficiarios propusieron otro lugar. Los terrenos en Hobo y Yaguará cumplían con las condiciones. Sin embargo, se registraban  inconveniente para el diseño, montaje y puesta en marcha del proyecto.

No tenían asegurada la energía eléctrica en el predio o no contaban con los permisos para desarrollar actividades de acuicultura. En Yaguará nunca despegó.

La entidad oficial admitió que se presentaron dificultades durante la ejecución del convenio, las cuales fueron superadas satisfactoriamente, obteniendo así el cumplimiento de todos los objetivos del convenio;

“Lo anterior-dijo- no puede ser entendido como falta de planeación, sino como el desarrollo normal de un proceso nuevo y de gran envergadura que contribuye a la reactivación económica y social de los acuicultores de recursos limitados”.

Los módulos productivos se entregaron por fuera de los plazos previstos. Hoy no son un modelo sostenible.

Prórrogas

Al evidenciarse situaciones diversas que dificultaron el inicio del montaje de cada módulo productivo piloto, el cooperante solicitó prorrogar el término del convenio con la finalidad única de dar cumplimiento total a los objetivos planteados. El plazo para la terminación del proyecto se extendió hasta la fecha 30 de marzo de 2017

Lo concreto: vencido el plazo el 12 de diciembre de 2016, fecha de terminación pactada, no se cumplió con ninguno de los productos finales planteados en los estudios previos.

A 31 de marzo de 2017, fecha de terminación del convenio según prorroga, no existe soporte documental de dicho cumplimiento en el expediente del convenio ni ello se evidenció como resultado de las pruebas realizadas en las diferentes visitas de campo hechas por el asesor de control interno en los meses de junio y septiembre del 2017.

Según el equipo auditor hubo incoherencia e inconsistencia entre la fecha de terminación del convenio una vez aprobada la prórroga del mismo (30 de marzo de 2017), y la fecha real de la terminación y entrega de todas y cada una de las actividades pactadas en la minuta del convenio. En este sentido no habrá seguimiento, acompañamiento, y asistencia técnica, pecuaria, acuícola y pesquera para las asociaciones beneficiadas o priorizadas en el marco del mismo.

A pesar de la terminación del convenio la producción de los mismos continuará en el tiempo, aseguró la Aunap.

“La entidad, a través de la Dirección Técnica de Administración y Fomento y en apoyo con las Direcciones Regionales, continuará con el seguimiento y apoyo técnico a dichos proyectos por razones expresas en la misionalidad de la entidad.

Apoyo técnico

Los dos estudios confirman que el operador no se contrató la totalidad del personal encargado de la asistencia técnica. Inicialmente se planteó la contratación de cinco técnicos que asistirían de manera permanente cada uno de los módulos productivos piloto a implementar. Por inconvenientes en el despegue del proyecto solo se contrataron dos técnicos, según voceros de la fundación.

No obstante, no se aportaron los soportes como contratos de prestación de servicios técnicos, soportes de pagos, informes de actividades del periodo de ejecución, cuentas de cobro y pagos al sistema de salud y seguridad integral de los técnicos. Además, los honorarios cancelados están por encima del valor contratado y presupuestado en el convenio.

El organismo fiscalizador puso en duda los aportes en especies pactados en el convenio, equivalentes a 478 millones de pesos. No aparecen soportes de las actividades contempladas, ni actas de supervisión ni informes técnicos o financieros.

“No es lógico solicitar soporte alguno de la contrapartida, cuando esta no es expresa en dinero”, replicó la contraparte

Adicionalmente, el equipo de auditores puso en duda la realización de talleres y jornadas capacitación contempladas en el convenio con un costo de 50 millones de pesos.  “no existe soporte de que las asociaciones y pescadores se hayan beneficiado de esta actividad.

En Campoalegre

No se entregaron los equipos previstos ni en número ni en características. Tampoco los elementos. No se aportó la vigilancia presupuestada en 32 millones de pesos.

En este módulo, en la fase inicial, se detectó una inadecuada e injustificada inversión de recursos públicos, confirmándose un faltante de inversión que asciende a los 185,96 millones de pesos equivalentes al 57,09% del valor total de inversión por módulo productivo ($325,75 millones). Finalmente, según la Aunap, el proyecto piloto se entregó extemporáneamente.

“La puesta de equipos, insumos, infraestructura y similares en los sitios de instalación de los módulos productivos piloto hacen que el precio varíe con respecto a la adquisición de estos bienes en una ciudad capital”, respondió la entidad. Idéntica situación se registró en el módulo de Hobo.

El operador del convenio no entregó la totalidad de los insumos y materiales para la implementación y puesta en marcha de los proyectos. La iniciativa contemplaba seis tanques en cada módulo. Se instalaron tres.

Según la entidad los seis tanques fueron instalados pero solo tres fueron sembrados. Estos últimos, objetados por la Contraloría efectivamente hacían parte del plan operativo pero no se ejecutaron por las debilidades demostradas por el servicio eléctrico que impactaban el normal funcionamiento de la aireación en los tanques que genera la oxigenación para los alevinos. Estos insumos (transformador y pago del servicio de energía estaba contemplado inicialmente en el proyecto). Sin embargo no fueron pagados.

Módulo Yaguará

El proyecto no se ejecutó.  Desde la priorización de las asociaciones beneficiarias del convenio, se presentaron problemas para la legalización del terreno. La Alcaldía prometió un predio en comodato para el desarrollo del convenio pero no se logró un acuerdo.

A pesar de que el proyecto no fue viable y no se desarrolló se ejecutaron recursos públicos capacitación y logística de la implementación del proyecto del módulo productivo en una asociación que nunca cumplió con los requisitos mínimos para ser seleccionada como beneficiaria. La inejecución implica un faltante de inversión que asciende a los 325,75 millones de pesos equivalentes al 100% del valor total de inversión por cada módulo.

Entrega final

Una inspección realizada a finales del año pasado confirmó las deficiencias de los proyectos. En el módulo de Hobo los beneficiarios recibieron solamente la mitad de alevinos y concentrados. El 18 de noviembre el operador del convenio entregó 47 bultos de concentrados y 7.500 alevinos por un valor de 4,35 millones.

Igual ocurrió con el proyecto de Campoalegre. De los cien bultos de concentrados que hacían falto se entregaron 84  bultos el 27 de noviembre de 2018.

Aun así, dos de los tres proyectos planeados para el Huila no son hoy un modelo exitoso para la productividad ni la incorporación de los pequeños pescadores a la actividad acuícola. Los altos costos lo hacen poco rentable e insostenible.

Cuentas bancarias

En los extractos bancarios, según las dos auditorías, se registraron movimientos débitos con cargo a la cuenta y pagos realizados periódicamente por medio de pago en línea (PSE), con concepto de domiciliación.

Este proceso es utilizado por diferentes entidades públicas y privadas, para ordenar pagos de cantidades determinadas periódicamente. En este sentido la domiciliación se asocia a la contratación de un servicio por suscripción a lo que sea (suscripción a un gimnasio, una suscripción a una revista, etc.) o al pago periódico de recibos (luz, agua, teléfono). Es una forma muy cómoda de asegurar el pago, ya que, este será cobrado directamente en la cuenta bancaria asociada.

El equipo auditor concluyó, que los recursos públicos destinados presupuestalmente para el desarrollo del convenio, no fueron utilizados adecuadamente para llevar a cabalidad la ejecución del proyecto. Estos recursos del patrimonio público fueron utilizados como “caja menor para el pago de nómina y gastos administrativos de la Fundación Social Visionarios.

En el extracto se evidencian cargos por “domiciliación”; en tal sentido no se puede asociar que sean relativos al pago de servicios de suscripciones tal y como afirma el grupo auditor que corresponden a: pagos de gimnasio, revistas, recibos de servicios públicos y similares. Los cargos correspondientes a “domiciliación”, son las transferencias electrónicas que se hacen para el pago de proveedores y no son débitos automáticos como se está afirmando.

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