Por culpa de los defensores públicos, fueron suspendidas en el Huila 1.566 audiencias durante 2018.

Cuando muchos esperaban el llamado a juicio el primero de marzo pasado al alcalde del municipio de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, por su presunta participación en el crimen del abogado Luis Gerardo Ochoa, la Fiscalía pidió, sorpresivamente, suspender la audiencia en la que iba a sustentar sus señalamientos contra el mandatario de los laboyanos. La acusación debía formularse ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito.

Algo similar ha ocurrido con el caso de Jaumeth Albeiro Flórez, alias ‘El Chori’, involucrado en el asesinato de la periodista laboyana, Flor Alba Núñez. La audiencia preparatoria para el juicio oral ha sido suspendida en varias oportunidades por solicitud de los defensores de oficio del sindicado.

Estos casos son apenas una pequeña muestra de la extendida y cuestionada práctica de suspender o reprogramar diligencias judiciales en el Huila.

De acuerdo con cifras que el Consejo Seccional de la Judicatura acaba de consolidar, el año pasado se cancelaron en el departamento 4.357 audiencias.

El mayor responsable es la Defensoría del Pueblo. Según los mismos datos, los defensores públicos suspendieron en 2018 1.566 audiencias.

Cabe aclarar que la mala práctica de cancelar diligencias judiciales no es sólo regional. Hace un año, por esta época, la Corporación Excelencia en la Justicia se quejaba por el mismo mal a nivel nacional. En esa oportunidad, la organización instaba a que los jueces asumieran no sólo el poder sino el deber de sancionar a los defensores. Incluso, describió casos en los “que se han permitido dilaciones de hasta tres años para realizar una diligencia sin que se haya abierto ningún proceso disciplinario contra los abogados”.

Los defensores públicos huilenses se defienden. Unos argumentan que es exceso de carga laboral, pues cada defensor lleva entre 130 y 160 procesos judiciales. “Una carga de esas hace imposible que el defensor pueda cubrir la totalidad de las audiencias”, advierten. Como si fuera poco, dicen los mismos defensores, no hay continuidad en sus contratos laborales.

Otros, sin embargo, como el defensor Jorge Enrique Cortés Polanía hace una grave denuncia: “Es un tema que debe ser precisado. De manera equivocada, la carga del aplazamiento se la están atribuyendo en los juzgados a la Defensoría del Pueblo”.

Otros responsables

El segundo actor responsable de la cancelación de audiencias en el Huila es la Fiscalía. El año pasado, por culpa de los fiscales, fueron suspendidas 901 diligencias.

Varios fiscales consultados por LA NACIÓN coinciden en que muchas audiencias son suspendidas no porque ellos lo quieran sino por la complejidad de los casos. Lograr que los testigos asistan o tener listo el material probatorio, hacen parte de los retos diarios a los que se enfrentan los representantes de la Fiscalía. En el caso de las audiencias en las que los imputados son menores de edad, la dificultad para identificarlos plenamente, lleva a que las audiencias sean reprogramadas.

Los jueces, por su parte, también contribuyeron a las cifras de audiencias no realizadas, pues por inconvenientes de los togados, se cancelaron 760 audiencias.

En menor proporción, aparece el Inpec, ya que hubo 80 diligencias que no se desarrollaron porque los capturados no fueron llevados a los estrados judiciales.

Compromisos

El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura, el magistrado Jorge Dussán, reconoció que la cancelación de las audiencias es un problema que les preocupa y dijo que se desarrollan periódicamente comités para buscar salidas. A estos comités asisten jueces, fiscales y defensores públicos.

Agregó que se han tomado medidas como fijar las horas de la mañana para la realización de las diligencias.

El magistrado Dussán Hitscherich advirtió con franqueza: hacen falta más defensores públicos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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