Rodolfo Valderrama

Rodolfo Valderrama

La sanción por la compra-venta de empanadas e “invadir” espacios públicos, independientemente de su legalidad, es una clara expresión de la indolencia de nuestro corrupto, cínico y torpe sistema político; algo bochornoso, vergonzoso y atroz.  Se desconoce que el  60% de la fuerza laboral es informal, unos 15 millones en su mayoría vendedores, mototaxistas, gestores, pregoneros, maromeros, minuteros, pordioseros etc., que ocupan andenes, vías o parques (espacio público), en condiciones laborales miserables frente al trabajo formal; aunque venden productos de grandes empresas, es la esclavitud moderna, y que la  verdadera causa del problema es la política neoliberal que reemplazó el empleo digno por el tortuoso rebusque, objeto de atropello policivo, razón por la cual la Corte ordenó al gobierno dar alternativas razonables al ambulante, asunto que se ha incumplido;  aplicar la norma en este caso, es ensañarse con el sector laboral más débil e implicaría millones de  multas diarias, algo ridículo e impagable que aumentaría la inequidad y  la delincuencia. Con qué autoridad criticamos al  tirano venezolano, si estamos cometiendo tamaña atrocidad?  El Congreso, el que desconoció la Consulta anticorrupción, expidió el código policivo, pero el trabajo sucio de represión se asigna a la policía, después fungen como “salvadores”, es el caso del senador Efraín Cepeda, que plantea una corrección al código, algo similar al acto del senador Uribe cuando propuso devolver dos horas extras de las cuatro que sustrajo a los trabajadores.

Para contextualizar históricamente, debemos recordar que los graves problemas de salud, empleo e informalidad se iniciaron en la administración Gaviria;   pese a expedirse una Constitución social-demócrata en 1991, esta se reglamentó atendiendo órdenes de la banca mundial para garantizar el pago de la deuda; las privatizaciones y la  reducción sistemática del trabajo formal condujeron al colapso del sistema de salud, y la obligada “explosión” de la informalidad ocasionó pérdida de viviendas por la desaparición de trabajos estables, y batallas por el espacio público; el Estado impuso las actividades informales, después reprime y sanciona por ejercerlas, mucho cinismo!

Los argumentos para repudiar al informal son muy débiles (acabar mafias propietarias del espacio público, o que incomoda al transeunte) frente al daño causado, pues se trata de la subsistencia. Si el espacio público es de todos, ¿porqué los vendedores no tienen derecho a parte del mismo?, por supuesto bien organizados y tributando razonablemente; lástima la mediocridad de nuestros alcaldes al desaprovechar este potencial recurso. El derecho al trabajo que es inherente a la vida es superior al derecho al espacio público, desafortunadamente para garantizarlo deben ocuparse espacios públicos ante la pobreza de las mayorías.

rodovaldi@hotmail.com

 

 

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