RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

El súper poderoso fiscal anticorrupción Ciro Alfonso Castillo Lobelo, quien dirigió las investigaciones por el escandaloso manejo de los recursos de la salud en el Huila, regresó a Neiva, a responder por su supuesto abuso de poder.

El funcionario compareció el miércoles pasado al estrado judicial, pero no en calidad de inflexible acusador. Esta vez lo hizo en el banquillo de los acusados en un proceso de reparación directa que se adelanta contra la Fiscalía General de la Nación.

La acción de reparación fue radicada desde el 21 de agosto de 2017 ante el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva. El miércoles pasado culminó la fase probatoria y en menos de tres meses se proferirá el fallo definitivo, que de prosperar le costará a la Fiscalía, una astronómica cifra por la indemnización a la ex personera de Neiva Lina María Guarnizo, declarada víctima directa del ente acusador.

La investigación

Castillo Lobelo llegó a Neiva en marzo de 2015 con un equipo de investigadores para profundizar sobre supuestas irregularidades en la contratación del régimen subsidiado con la Caja de Compensación Familiar del Huila.

Al frente de la investigación se encontraba el fiscal 22 Castillo Lobelo, adscrito a la unidad anticorrupción. Durante tres meses estuvo recaudando información sobre las contrataciones en salud realizadas entre 2008 y 2009. Terminó el 31 de mayo.

En desarrollo de las investigaciones la Fiscalía ordenó  la captura del director de Comfamiliar, cinco ex alcaldes y los últimos cinco gerentes de las clínicas Revivir y Medilaser.

En la fase preliminar lo acompañó el fiscal de apoyo Daniel Fernando Díaz Torres, quien dirigió el proceso inicial hasta cuando fue capturado en febrero del año pasado por un acto de corrupción. A partir del primero de junio de 2015  cuando se hicieron efectivas las capturas, comenzó para Lina Guarnizo, su pesadilla.

Lina María Guarnizo, ex personera

La pesadilla

El 16 de marzo del año 2015 fue designada en propiedad en el cargo de Secretaria General de Comfamiliar, después de haber sido asesora jurídica.

Días después de haber asumido el cargo, un equipo de investigadores de la Fiscalía irrumpió en la entidad.

Castillo Lobelo, se entrevistó con el contador de Comfamiliar a quien le expresó su molestia con la Secretaria General por su activa presencia en las audiencias concentradas donde se definía la situación jurídica de los doce imputados.

El 8 de julio dos de los investigadores de la Dijin,  capitán Diego Jaimes y  Erik Bello, adscritos a la unidad anticorrupción, llegaron a su oficina a solicitarle información personal, distinta al objeto de la investigación.

Sin embargo, fue conducida luego a la Dirección de la Fiscalía, sin ninguna orden para realizarle una entrevista informal, supuestamente “para otros fines procesales”. Le pidió que apagara el celular y le advirtió que era totalmente reservada.

Durante la entrevista Castillo Lobelo y el fiscal auxiliar Daniel Fernando Díaz Torres exploraban una eventual colaboración contra Armando Ariza. “Yo no le digo que me de nombres sino temas generales que yo deba conocer”, insistía Castillo Lobelo.

El funcionario rememoró parcialmente ese encuentro durante la audiencia de pruebas realizada el miércoles pasado. Castillo relató algunos aspectos y olvidó otros. Además, confirmó que la señora Guarnizo no estaba vinculada de ninguna manera al proceso ni como indiciada, ni como imputada. “No hubo presiones indebidas”, insistió Castillo ante la juez María Nancy Trujillo que adelantaba el proceso administrativo. Además, descartó que hubiera existido violencia de género y menos aún, intimidaciones.

A pesar de la insistencia de la operadora judicial, Castillo fue evasivo y negó que estuviera ejerciendo presiones indebidas. El funcionario no supo precisar los orígenes de la entrevista informal, sin orden judicial, y por temas ajenos a los que estaba investigando.

El fiscal del caso.

En Notaría

No obstante, las presiones indebidas quedaron registradas en una notaría pública el 13 de julio de 2015. El documento revela “actuaciones arbitrarias, vulneradoras de mis derechos y los de mi hijo que está por nacer y de mi familia, con ocasión de conductas que constituyen un claro y abiertamente evidente caso de abuso de autoridad”.

Sin tener autorización legal, exploraron su información personal y la amenazaba con iniciarle investigaciones ajenas al caso de Comfamiliar.

Después de la entrevista secreta “se observa la clara intención de ejercer presión indebida e ilegal en mi contra para obtener información o pruebas que vinculen al señor Armando Ariza Quintero con alguna otra investigación”, alegó la ofendida.

El fiscal de apoyo, Daniel Díaz Torres, actualmente detenido por un caso de corrupción, según la demanda, se convirtió en una de las personas que directamente fueron utilizadas por el fiscal titular para realizar los actos de desprestigio y presión pública contra la ex personera de Neiva, lo que generó complicaciones en la fase final de su embarazo.

“Los actos de presión e intimidaciones realizadas no se quedaron en simples amenazas, ya que después de esa entrevista inicia un verdadero y muy largo calvario”, argumentó.

Los soportes

En efecto, en las audiencias sucesivas los abogados denunciaron que los fiscales del caso “están utilizando mecanismos ilegales de obtención de los medios probatorios se están realizando intimidaciones a las personas que posiblemente pueden ser testigos de cargo”.

“Por eso desconozco señor fiscal Daniel y señor fiscal Ciro que usted dentro de la institución que están representando estén utilizando mecanismos protervos, oscuros, clandestinos, ilegales para la obtención de los medios probatorios”, denunció el abogado Jesús Antonio Marín.

El jurista ratificó esa versión en la primera etapa de la audiencia de pruebas que adelanta el Juzgado Administrativo de Neiva.

“Los mismos fiscales, según el relato, utilizan la práctica ilegal de la audiencia o diligencia informal para ejercer presiones indebidas sobre personas con el fin de obtener declaraciones forzadas y contrarias a la verdad”.

“Con el mismo modus operandi, lo que se suma a las evidencias de que no se trató de un hecho aislado y sin planificación, sino que tenía una clara y muy bien planeada intención de ejercer presiones indebidas a través de la intimidación con el agravante de haberlo hecho de manera indiscriminada con una mujer débil y frágil por su avanzado estado de embarazo”, afirmó.

El caso, examinado incluso desde la perspectiva de género, abrirá otro capítulo, sobre las grandes debilidades de la Fiscalía para soportar sus acusaciones.

Los investigadores de la Dijin corroboraron la denuncia

Las millonarias pretensiones

La acción de reparación exige una millonaria indemnización por los daños morales, daños a la salud  magnitud de las afectaciones realizadas a su dignidad como mujer en estado de embarazo, madre, esposa y profesional y por la gravedad de los hechos.

Igualmente por la afectación social y profesional de quien fue víctima directa, grave alteración de sus condiciones de existencia, al estar involucrado sus ámbitos: materno, familiar, personal y profesional, y dada la magnitud y la gravedad del daño causado con pleno conocimiento e intencionalidad por agentes del Estado con poder de decisión, convicción e intimidación y la amplia difusión mediática dada a las informaciones difamatorias, además de la pérdida de confianza y credibilidad institucional, que en ella se generan.

Igualmente reclamó una indemnización por la afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados en su condición de mujer gestante y en licencia de maternidad con fuero especial de protección.

Reparación simbólica

Adicionalmente reclamó a la Fiscalía medidas de reparación integral, simbólica, inmediatas, no remuneratorias para dar garantías de no repetición, estimando que los involucrados siguen vinculados a esa entidad y en pleno ejercicio de funciones como fiscales.

La ex personera reclamó la culminación de la investigación adelantada en su contra como parte de los mecanismos de presión e intimidación que se ejercieron para obligarla a negociar un posible preacuerdo.

Igualmente deberán adelantarse las investigaciones internas para sancionar la conducta de los funcionarios públicos involucrados en los hechos, en su criterio, irregulares, por presiones indebidas.

La ex personera, en su condición de víctima directa de la Fiscalía, en caso de prosperar la demanda de reparación, exigió que la entidad le ofrezca disculpas, en un acto público, y aclare las manifestaciones deshonrosas y falsas emitidas en la fase inicial de la investigación por las escandalosas anomalías en el manejo de los recursos del régimen subsidiado.

El fiscal de apoyo, Daniel Díaz, en las audiencias preliminares.

Comentarios

Compartir
Artículo anteriorUn tridente, mucho lujo
Artículo siguienteValioso punto