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 RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

Revivir el uso del glifosato en aspersiones aéreas como única opción para erradicar cultivos de coca y amapola es un grave retroceso. La fracasada estrategia quedó proscrita en Colombia en mayo de 2015, por los efectivos adversos y la ineficacia para detener su exuberante crecimiento. Pretender revivirla, a pesar de las evidencias sobre su fracaso, es otra grave equivocación.  El debate se recalentó el jueves pasado durante una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional. Sin embargo, la propuesta para resucitarla es más que política que académica.

Para suspenderla, el Consejo Nacional de Estupefacientes acogió en su momento las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sobre los efectos malignos del herbicida en la salud humana y en el medio ambiente. Adicionalmente, acató dos fallos del Consejo de Estado sobre los peligrosos que provoca el uso indiscriminado de este químico.

Según el organismo internacional hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer. El plaguicida puede causar alteraciones en  los cromosomas en las células humanas, generando malformaciones congénitas.

La  Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, adscrita a la Organización Mundial de la Salud, determinó que el glifosato es probablemente cancerígeno para los seres humanos. Según la evaluación “el herbicida glifosato fue clasificado como probablemente carcinógeno para humanos (grupo 2A).

El grupo 2A significa que el agente es probablemente cancerígeno para humanos. Esta categoría es usada cuando hay evidencia limitada de carcinogenicidad en humanos y suficiente evidencia de carcinogenicidad en experimentos con animales.

Numerosas evidencias de estas alteraciones genéticas se han documentado en el sur del país, especialmente en Caquetá, Huila, sur del Tolima, Cauca y Putumayo, blanco predilectos de esas operaciones. No en vano, las malformaciones congénitas han ido creciendo. Las jornadas de The Healing the Children realizadas en el Huila registran el incremento de estas alteraciones congénitas en poblaciones humanas procedentes de estos territorios atacados con glifosato.

Las alteraciones congénitas han aumentado en zonas de impacto.

Origen

Un mes después del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla el gobierno de Belisario Betancur aprobó el uso del herbicida en aspersiones aéreas para erradicar los cultivos de coca y amapola.

El 22 de mayo de 1984 el Consejo de Ministros aprobó el uso de este pesticida en aspersiones áreas para erradicar cultivos de coca, amapola y marihuana. No dio resultados. Por el contrario, no solo aumentaron los rendimientos por hectáreas sino que aumentó el área sembrada. En menos die diez años, Colombia superó a Perú y Bolivia que mantenían los primeros lugares.

La política de fumigación fue una exigencia de Estados Unidos para mantener el ‘Plan Colombia’  con perversos resultados. Hoy es otra imposición de Trump.

El herbicida usado en parques naturales y áreas de reserva, generó graves impactos ambientales y suscitó numerosos conflictos sociales.

El macizo colombiano, la estrella fluvial del país, no fue  ajeno a esa nefasta política antidroga con todos los efectos negativos generados en su extenso ecosistema, todavía no cuantificados.

Los programas de erradicación  forzosa fueron usados además como un componente en la lucha antisubversiva. Esta fracasada estrategia se convirtió en arma de guerra, calentó el conflicto armado y desató en las zonas intervenidas grandes desplazamientos. Pese al nocivo impacto, el gobierno nacional mantuvo la política que resultó ineficaz.

El glifosato puede causar alteraciones citogenéticas y graves daños ambientales.

Efectos nocivos

Está probado científicamente que el glifosato como las formulaciones que lo contienen pueden causar alteraciones citogenéticas (cambios en las células o sus cromosomas). Científicos como Bolognesi y Lioi demostraron un aumento en los niveles de daño del ADN y un incremento en las alteraciones cromosómicas en células de ratón, al exponerlo a diferentes concentraciones de glifosato y de la formulación Roundup.

Adicionalmente, investigaciones realizadas en linfocitos de origen animal dan evidencia de un aumento en el porcentaje de células aberrantes, así como en la frecuencia de rupturas en los cromosomas, después de la exposición al compuesto.

El Laboratorio de Genética Humana de la Universidad de los Andes realizó un estudio para comprobar la eficacia de la ‘prueba del cometa’ como herramienta para evaluar la citotoxicidad y la genotoxicidad del glifosato puro en cultivos de células humanas. Los resultados obtenidos confirmaron que el glifosato, en altas concentraciones, puede alterar la estructura del ADN en diferentes tipos de células humanas en cultivos in vitro.

En conclusión, todos los estudios coinciden en las incertidumbres científicas sobre los riesgos a la salud y al medio ambiente generados por la aplicación de esta política que fracasó.

El Consejo de Estado concluyó que “la fumigación aérea con glifosato es una actividad que engendra un riesgo para el ambiente, por lo cual al Estado le asiste un deber de guarda material sobre este tipo de sustancias que opera, obligación que se origina del poder de instrucción, dirección y control del cual está investido; en consecuencia, es pertinente analizar el sub lite a partir del título de imputación del riesgo excepcional, el cual se enmarca en la responsabilidad objetiva del Estado.

“Revivir el uso del glifosato en aspersiones aéreas como única opción para erradicar cultivos de coca y amapola es un grave retroceso”.

Opciones reales

La suspensión del glifosato, no significó de hecho que se eliminaran otros programas para combatir los cultivos de coca o amapola. Por el contrario, la iniciativa gubernamental actualmente vigente, contempla una estrategia integral con otro enfoque, inesperadamente congelada por el actual gobierno.

La estrategia prevé seis frentes: inversión social, sustitución, interdicción, investigación y judicialización, consumo y reforma institucional.

La erradicación según ese modelo, debe ser manual, voluntaria y comunitaria y estará supervisada por la Agencia Nacional de Sustitución de Cultivos con el apoyo de Naciones Unidas.

Ese modelo comenzó en el 2016 en Putumayo y Nariño, las grandes zonas productoras, pero quedó consignado la ampliación a otras regiones como Caquetá, duramente castigado por el conflicto armado.

En las zonas priorizadas incluía un componente social en materia de construcción de vías, colegios, puestos de salud, acueductos y redes de servicios. Las comunidades beneficiadas, según el modelo aprobado durante el gobierno Santos, tendrían acompañamiento, financiación y asesoría técnica para emprender proyectos agropecuarios apropiados. Ese nuevo enfoque atacaba de raíz el origen de los cultivos ilícitos. No obstante, el gobierno se inclina, como en el pasado, sólo en la represión a través de la erradicación forzosa. Un grave retroceso.

Audiencia en la Corte Constitucional.

Los ministros ‘rajados’

El desconocimiento sobre los efectos del glifosato y los costos de la fumigación quedó evidenciado durante la audiencia realizada por la Corte Constitucional El ministro de Defensa, Guillermo Botero, no supo responder. Solo señaló que costaría dos millones por hectárea.

“Yo tengo entendido que fumigar una hectárea vale 100 millones de pesos”, le respondió  el magistrado Alejandro Linares, con documentación a la mano.

Lo mismo ocurrió con el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, quien no supo explicarle en detalle al magistrado ponente, Alberto Rojas Ríos, si el Gobierno tiene un estudio sobre si realmente el glifosato no hace daño a la salud humana.

Para completar, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, tampoco tuvo una respuesta exacta a la pregunta de la magistrada Diana Fajardo sobre el impacto ambiental del glifosato en el medio ambiente.

Con esas afirmaciones, más políticas que científicas, el gobierno defiende el uso del mortal herbicida, otra arma ‘secreta’ para revivir la confrontación armada.

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