El ex alcalde de Acevedo Dagoberto Cárdenas fue detenido el 13 de diciembre de 2018 en la casa paterna en Neiva. FOTO FISCALIA.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

El ex alcalde de Acevedo, Dagoberto Cárdenas Chávez tendrá que permanecer en la cárcel de Neiva, pagando una condena por inasistencia alimentaria.

El ex mandatario conservador no pudo zafarse de la demanda que le instauró su ex esposa por haber omitido el pago de las cuotas alimentarias de sus dos hijos.  Tampoco se libró del carcelazo.

Aunque alegó que nunca fue notificado del proceso penal que se le adelantaba, no logró desmontar la sentencia condenatoria que lo tiene actualmente privado de la libertad en la cárcel del distrito judicial de Neiva.

Dos acciones judiciales emprendidas para revocar la pena no tuvieron eco. Agotada la vía gubernativa no tendrá otra alternativa que purgar la pena.

Cárdenas Chávez, hermano del ex gobernador Juan Cárdenas fue alcalde de su municipio entre 2004 y 2007. Durante el ejercicio del cargo fue sancionado por la Procuraduría lo que le impidió acceder a cargos públicos. Esa fue una de las razones que invocó para haber incumplido con los pagos.

Condena

El ex mandatario fue condenado el 15 de diciembre de 2016  por el Juzgado Segundo Penal de Pitalito  a 32 meses de prisión, inhabilidad por el mismo lapso  y al pago de una multa equivalente a 20 salarios mínimos mensuales (15,5 millones de pesos aproximadamente). El despacho judicial le suspendió la ejecución de la pena.

Sin embargo, el ex alcalde fue capturado el 13 de diciembre de 2018 en la casa paterna ubicada en el barrio Jardín de Neiva, requerido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

Según la decisión el ex mandatario conservador no canceló las cuotas alimentarias entre octubre de 2005 y mayo de 2014 para sus dos hijos. La obligación fue fijada en 200.000 pesos por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pitalito.

En el 2011 había sido absuelto por el mismo delito, ya que probó que estaba al día hasta agosto de 2010. Aun así, el proceso siguió vivo.

El Tribunal Superior el 27 de enero de 2017 se abstuvo de resolver la impugnación por falta de legitimidad del recurrente. Estando vigente, su captura fue requerida. Agentes del CTI la hicieron efectiva en diciembre pasado.


El ex alcalde de Acevedo Dagoberto Cárdenas fue detenido el 13 de diciembre de 2018 en la casa paterna en Neiva. FOTO FISCALIA.

La revisión

Según Cárdenas Chávez nunca fue enterado del proceso penal y por lo tanto no pudo hacer valer las pruebas sobre pagos parciales realizados entre 2011 y 2014. Adicionalmente, argumentó incapacidad económica para la época de los hechos, las obligaciones crediticias, la falta de bienes y para rematar, supuestas amenazas de grupos armados en el 2006. En estas condiciones pidió la revisión de la sentencia y reclamó su absolución.

Según el Código de Procedimiento Penal, la acción de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado o su inimputabilidad.

Surge un requerimiento adicional o la exigencia de que la prueba no haya sido debatida en el juicio, que el accionante no haya tenido conocimiento de su existencia o que habiéndola, no haya estado en condiciones de aportarla.

Aun así se Cárdenas Chávez se presentó con su apoderada a la audiencia preparatoria y pidió la suspensión. Las súplicas no fueron atendidas. Por eso reclamó la revisión de la sentencia, ya ejecutoriada.

El recurso

El caso le correspondió al Tribunal Superior de Neiva por considerar que no reunían los requisitos para estos casos.

“Tampoco podría admitirse la demanda de revisión, pues las probanzas ahora allegadas no tienen la entidad suficiente para modificar el sentido originario del fallo”, precisó el magistrado Javier Iván Chávarro.

Cárdenas Chávez fue condenado por omitir el pago de las mesadas entre octubre de 2005 y mayo de 2014. Sin embargo los documentos presentados se refieren solo a ciertos pagos efectuados durante escasos meses del amplio periodo cobijado por la acusación.

“Además, dijo, las demás probanzas apuntan a las penurias económicas del encartado, las cuales por ser comunes o propias de todo padre de familia, carecen de potencialidad para justificar su sustracción alimentaria”.

“La revisión no tiene por finalidad la continuación del juicio que terminó con la ejecutoria de la decisión judicial que hizo tránsito a cosa juzgada, o revivir el debate jurídico-probatorio, llevado a efecto en el aludido proceso, sino la de permitir un cuestionamiento serio y respaldado probatoriamente, a la declaración de justicia con que se culminó definitivamente la controversia procesal”.

En ese orden, los medios de prueba allegados a la demanda eran conocido de antaño y además, no tenían la entidad ni la potencialidad para variar el sentido de lo decidido. Con ese argumento la Sala Penal inadmitió de plano la acción de revisión.

Otra impugnación

El ex mandatario impugnó la decisión argumentando que se incurrió en un error en el fallo, no corregido por el juzgado de primera instancia. Estimó que el mismo despacho había decretado la absolución en agosto de 2011 al encontrar que se encontraba al día con sus obligaciones hasta septiembre de 2010.

Según su apoderada, la postura del Tribunal de desestimar anticipadamente las probanzas allegadas en la demanda de revisión, trasgrede abiertamente lo ilustrado por el Corte Suprema de Justicia en un caso similar. La argumentación para invalidar el fallo no prosperó.

El mismo magistrado advirtió que no es factible allegar pruebas durante el trámite del recurso de reposición, aun así si se diera por enmendada la falencia en nada modificaría el sentido de la ya resuelto.

“Las pruebas cuya valoración extemporánea pretende la demandante a través de la acción de revisión, no están dotadas delas condiciones o características  exigidas por la jurisprudencia para el efecto; pues si bien no fueron debatidas en el juicio, tal situación no puede atribuirse  a que el encartado no haya estado en condición de aportarlas”. De otra parte, admitió que la acción de revisión de encaminarse por haber sido condenado con una prueba falsa ya que había sido absuelto por estar al día hasta el 2010 y no con los argumentos expuestos.

Cárdenas atribuyó su penuria a los fallos sancionatorios e inhabilidad que le impusieron por el ejercicio de cargos públicos durante diez años. Esa no puede ser una razón para la omisión alimentaria ya que nada le impedía trabajar para cumplir con su obligación. Además, Cárdenas Chávez bien pudo ocuparse en otras actividades distintas al ejercicio de la función pública. En estas condiciones, confirmó el 18 de febrero pasado la decisión y dejó en firma la sentencia condenatoria.

Las penurias

El ex mandatario fue alcalde de Acevedo entre 2004 y 2007, un periodo después del mandato de su hermano Juan Cárdenas en la Gobernación del Huila. Los dos tuvieron fuertes contradictores políticos.

Poco después de haber asumido el cargo fue investigado por vulnerar el régimen de inhabilidades por inscribirse como aspirante a la Alcaldía y salir electo, cuando su hermano Juan de Jesús Cárdenas Chávez fungía como Gobernador del Huila. El 19 de abril de 2005 fue archivado. El entonces senador Edgar Artunduaga pidió una investigación por este sorpresivo archivo.

Curiosamente, el 28 de octubre de 2005, el procurador Otoniel Parra decidió mutuo propio desarchivar el proceso y ordenó la continuación del trámite de rigor. El caso lo resolvió la Procuraduría del Tolima.

El  3 de diciembre de 2007, la Procuraduría Provincial de Garzón lo declaró responsable disciplinariamente y lo sancionó con destitución del cargo e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por un término de diez años y tres meses. La decisión fue confirmada en el 28 de marzo de 2008 por la Procuraduría Regional. El  primero de septiembre de 2008 impugnó ante la Procuraduría General de la Nación. El 6 de marzo de 2009 acogió la revocatoria directa y lo absolvió.

Cárdenas reclamó la reparación pero no prosperó. La misma Procuraduría admitió el pago de los emolumentos dejados de percibir durante el tiempo que duró la inhabilidad.

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