El Gobierno Nacional y la institucionalidad del país no pueden dejar pasar por alto el informe de las Naciones Unidas sobre el alarmante nivel de impunidad en los asesinatos de líderes sociales.

Según la ONU, el asesinato a líderes sociales dejó 113 víctimas en 2018, en 24 departamentos, de los que 18 pertenecían a grupos indígenas y 12 eran afro. Antioquia, Cauca y Norte de Santander fueron los más afectados. “Un solo homicidio de un defensor o defensora ya es un crimen muy grave que socaba la democracia y el Estado de Derecho”, expresó el organismo.

El documento contiene además datos inmensamente inquietantes: el 93% de los asesinatos de líderes sociales ocurrieron en lugares con una “débil o nula presencia del Estado” y como consecuencia de “sustanciales retrocesos en la implementación del Acuerdo de Paz”. Adicionalmente, el 66% de estos homicidios estuvieron vinculados con las denuncias de los líderes sobre delitos, especialmente de aquellos relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos.

Tampoco debe pasar de ‘agache’ la advertencia de la ONU en el sentido que el Estado solo llega a algunos sectores del país a través del Ejército y que este se ve obligado a desarrollar actividades que “no son propias de su responsabilidad institucional”, como la seguridad pública, la lucha contra el crimen organizado y el fomento de la convivencia. Su uso en la lucha contra el crimen “puede producir un incremento de las violaciones a los derechos humanos”.

Todo el aparato institucional colombiano debe analizar detenidamente las advertencias de Naciones Unidas y tomar las acciones necesarias. El país no puede seguir sumido en esa ola de crímenes de líderes sociales sin que nada pase.

Es urgente además que el Gobierno Nacional encause el rumbo de la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc –sin que eso signifique debilidad– y que diseñe una estrategia ambiciosa de presencia del Estado en las regiones alejadas. En el Huila, hay sectores que padecieron el conflicto armado en todo su rigor y están abandonados.

 

“Tampoco debe pasar de ‘agache’ la advertencia de la ONU en el sentido que el Estado solo llega a algunos sectores del país a través del Ejército”

 

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