No pueden pasar desapercibidas las denuncias de la Contraloría del Huila sobre el caso de John Edisson Torrejano, el exsecretario de Hacienda de Baraya señalado de saquear las arcas de este municipio del norte del departamento.

Según la contralora, Adriana Escobar Gómez, “Las operaciones fueron planeadas, juiciosamente calculadas para no dejar rastros. Creaba los comprobantes de egresos a nombre de proveedores o contratistas reales, pero las transferencias se desviaban a las cuentas de terceros, que no tenían ninguna relación con la administración”. Con estos documentos adulterados, Torrejano quien ejercía simultáneamente el cargo de Tesorero, realizaba las transferencias electrónicas, sin realizar la debida afectación presupuestal. Y para hacerlo, utilizaba la clave personal en el software contable HAS SQL, así como el token de seguridad entregado por las entidades financieras. Cuando se cotejaron los movimientos bancarios con los comprobantes de egreso, notas débito y extractos bancarios y se comprobó la reducción de la disponibilidad presupuestal se descubrió la millonaria defraudación.

Las pesquisas de la Contraloría han fijado la defraudación hasta ahora en casi $700 millones, pero es claro que podría ser mucho más. De hecho, el organismo de control ha anunciado que trasladará las auditorías al municipio de Villavieja, en donde Torrejano desempeñó los mismos cargos y fue, simultáneamente, alcalde encargado.

Por estos hechos, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal no sólo contra Torrejano el alcalde de Baraya, Luis Enrique Cardozo, y el contador Felipe Charry Quintana, encargado de verificar las conciliaciones bancarias.

Claramente, estamos ante un hecho que sobrepasa la responsabilidad fiscal. Deben la Procuraduría y la Fiscalía darle celeridad a estas investigaciones y ofrecerles a los huilenses resultados concretos.

No es posible que ‘jueguen’ así con los recursos públicos, en una región en donde algunos alcaldes se viven quejando permanentemente de que son las ‘pobres viejecitas sin nadita que comer’.

 

“Claramente, estamos ante un hecho que sobrepasa la responsabilidad fiscal. Deben la Procuraduría y la Fiscalía darle celeridad a estas investigaciones y ofrecerles a los huilenses resultados concretos”

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