RICARDO AREIZA

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Las objeciones presidenciales a la ley estatutaria sobre la jurisdicción especial para la paz, no solo puso en duda la voluntad del gobierno para enfrentar la grave polarización  del país,  consolidar la unidad nacional y fortalecer la cultura de la legalidad.

Por el contrario, el jefe del Estado, interpretando sólo a su sector político, se apartó de los demás partidos y fijó la verdadera posición de su colectividad, que además, había anunciado durante su campaña.

Pero además, oponerse a un fallo de la Corte Constitucional y no al articulado que aprobó el Congreso, para revivir normas declaradas inconstitucionales, deja en entredicho la “cultura de la legalidad” que anunció como otro de sus pilares para restablecer la tranquilidad.

De hecho, al objetar la ley estatutaria, según varios analistas, Duque se doblegó frente las presiones de los  sectores más radicales de la extrema derecha afines al gobierno que persisten en la tesis de “volver trizas los acuerdos de paz” y por esa vía le apuntarían al corazón de los acuerdos.

Pese a que la ley tiene un blindaje constitucional, la Casa de Nariño decidió objetarla alegando razones de inconveniencia (motivos políticos) y por esta vía, generar un limbo jurídico, en la ley estatutaria, un golpe certero a los acuerdos de paz.

Duque aseguró el viernes en San José de Oriente en La Paz (Cesar) que las objeciones a la JEP no afectará los acuerdos de paz. Sin embargo, otros son los escenarios que se plantean con esta decisión.

Las objeciones políticas, sin duda, tendrá efectos políticos en plena campaña electoral, donde la guerra y la paz, vuelven a agitarse y se convierte como en el pasado en la principal bandera.

El secretario general del Congreso, Gregorio Eljach, advirtió que la iniciativa podría hundirse definitivamente si al tramitarse en Senado y Cámara, las objeciones no hay un pleno acuerdo.

El reglamento del Congreso (artículo 200 de la Ley 5ª orgánica) contempla que “cuando una Cámara hubiere declarado infundadas las objeciones presentadas por el Gobierno a un proyecto de ley, y la otra las encontrare fundadas, se archivará el proyecto”. Así de sencillo.

“Allí se establece categóricamente que si las dos cámaras no coinciden, es decir, si una declara infundadas las objeciones y la otra fundadas, el proyecto debe archivarse, categóricamente dice “se archivará el proyecto”, aseguró Eljach.

La normativa dejó sin piso el argumento de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien negó que todo el proyecto se encuentre en peligro.

Según la funcionaria, si no hay acuerdo entre el Senado y la Cámara de Representantes sobre las objeciones, tan solo se hundirán los seis artículos que fueron declarados inconvenientes por el Gobierno, pero el resto de la ley podrá ser sancionada. Carreta.

“Allí no se establece la posibilidad de que sea archivado parcialmente, ni especifica que sea lo que esté objetado, allí se habla del proyecto como una unidad y pues el Congreso debe atenerse a esa orden”, respondió Eljach.

Los expedientes de la JEP

Otros peligros

“La decisión del presidente Duque de objetar apartes de la Ley de la Jurisdicción Especial de Paz pone en grave riesgo la separación de poderes, atenta contra la construcción de paz y busca distraer a la ciudadanía de una agenda política nacional que realmente nos una y que nos permita concentrarnos en resolver los principales problemas del país”, advirtieron distintos sectores del país.

“Las seis objeciones del Presidente implican, en la práctica, desacatar una sentencia de la Corte Constitucional. El Gobierno dice que uno de sus pilares esenciales es la defensa de la legalidad, y sin embargo pone en tela de juicio la constitucionalidad de una ley que ya fue objeto de cuatro debates por parte del Congreso de la República, que fue aprobada con mayoría absoluta, y que fue estudiada durante un año por la Corte Constitucional”, señaló Juanita Goebertus al replicarle al Jefe del Estado.

Las objeciones pusieron nuevamente en duda la voluntad de paz de Colombia ante la comunidad internacional, y, podría activar la competencia de la Corte Penal Internacional.

Además, anunció cambios al Acuerdo de Paz, a través de nuevas reformas constitucionales, lo que terminaría “volviéndolos trizas”, como presionan sectores más radicales del uribismo.

“Si hoy se abre esta puerta el mayor riesgo no es el funcionamiento de la JEP: es que se pone en riesgo nuestra democracia y el Estado Social de derecho en su conjunto”, anotó Goebertus.

Los límites

Aunque el Jefe del Estado puede formular reparos, las objeciones para que sea legítimas tienen que dirigirse contra los artículos aprobados por el Congreso y nó contra el fallo que profirió en la revisión previa e integral de constitucionalidad.

“La objeción no puede ir contra la sentencia de la Corte, con el propósito de modificarla para intentar revivir contenidos legales que fueron declarados inconstitucionales”, apuntó el jurista Rodrigo Uprimny.

“Eso sería desobedecer flagrantemente una sentencia de la Corte Constitucional. Esto es gravísimo pues viola una regla elemental del Estado de derecho, que es que el gobierno debe respetar las decisiones de los jueces”, señaló.

“Además, agregó,  en el caso de la Corte Constitucional, viola un mandato constitucional preciso, que es el artículo 243, que señala que “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, por lo cual “ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.

En opinión del jurista, una objeción de esa naturaleza en el fondo intenta modificar la Constitución por medio de una ley estatutaria, “lo cual es groseramente inconstitucional pues las leyes estatutarias son de menor jerarquía que la Constitución y están entonces sujetas a los mandatos constitucionales”.

“La anterior razón- dijo- es suficiente para concluir que no puede haber objeción presidencial para intentar revivir un contenido normativo que murió por haber sido declarado inconstitucional en la revisión previa de una ley estatutaria”.

De paso, cuestionó la posición que en este mismo sentido asumió el fiscal General Néstor Humberto Martínez, a las que calificó de “inaceptables objeciones” y un “absurdo jurídico”. Estimó que las insinuaciones no tienen fundamento jurídico.

Las cuatro propuestas de objeciones por inconveniencia formuladas por el Fiscal -dijo- van en contra de contenidos normativos declarados inconstitucionales, con el fin de revivirlos, lo cual es un absurdo jurídico. Aun así, fueron acogidas el domingo pasado.

Blindaje jurídico

Según la Corte Constitucional, el acuerdo de paz como política de Estado, tiene fuerza normativa directa vinculante para todos los poderes públicos y se constituyen en parámetros obligatorios de interpretación y referentes de desarrollo normativo para garantizar su implementación.

El alto tribunal anticipó su posición frente a tres de las seis objeciones especialmente en la práctica de pruebas en el proceso de extradición, la creación de la sala especial de juzgamiento para los militares y el vínculo de terceros civiles en el conflicto armado.

La creación de salas especiales de juzgamiento para militares fue incorporada a última hora  y aprobada por una subcomisión, sin cumplir el tránsito en Senado y Cámara.

El año pasado, la Corte Constitucional estudió la conexidad de los contenidos de la  ley sometida a control con el Acuerdo Final de Paz suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional y las Farc.

Además, fundamentó su estudio en el marco constitucional general que rige la estructura, objetivos, funciones y esencia de la Jurisdicción Especial para la Paz establecidas en el Acto Legislativo 01 de 2017.

La Corte  con antelación le dio el blindaje jurídico a la JEP como uno de los componentes fundamentales del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, garante de los derechos de las víctimas.

Además avaló el principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto armado y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

La Corte advirtió que la JEP así diseñada cuenta con competencia prevalente y exclusiva sobre los hechos del conflicto armado ocurridos antes del primero de diciembre de 2016, o estrechamente vinculados al proceso de dejación de armas.

La competencia de la JEP es obligatoria para conocer de los hechos de responsabilidad de combatientes; y facultativa cuando se active por decisión voluntaria del responsable cuando el mismo sea un tercero, es decir, un civil –agente del Estado que no hagan parte de la Fuerza Pública, incluyendo los aforados constitucionales, o un particular. Los terceros están en la obligación de reconocer responsabilidad por los hechos en lo que se vieron involucrados y someterse al régimen de condicionalidad.

No todos los responsables acceden a todos los tratamientos especiales, pues de acuerdo al marco constitucional, los tratamientos son diferenciales dependiendo de la naturaleza del responsable es decir, civil o combatiente, agente del Estado o particular.

El régimen de condicionalidad está regido por los principios de gradualidad y proporcionalidad, cuyo cumplimiento tiene que ser evaluado de manera exclusiva por la JEP, para lo cual debe disponer de los instrumentos que requiera para tal fin.

Distintos sectores del país se movilizaron apoyando la Jurisdicción Especial para la paz.

Engorroso trámite

El proyecto de ley estatutaria fue radicado el 24 de mayo de 2017 pero fue retirado el 15 de junio pasado para introducirle algunos ajustes. La ley estatutaria fue tramitada  por vía rápida (‘fast track).

La iniciativa pasó en diciembre de 2017 a revisión de la Corte Constitucional, donde permaneció un año.

La JEP, como mecanismo de justicia transicional, está sometida a un régimen legal propio, cuenta con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, no hace parte de la Rama Judicial.

Además, administra justicia de manera transitoria y autónoma y sus servidores están sometidos al régimen de la función pública.

La corporación avaló la iniciativa el 15 de agosto de 2018. En diciembre de ese año regresó al Congreso para que se incorporaran los ajustes que le hizo el alto tribunal. La demora develó una supuesta estrategia del gobierno para ponerle talanqueras y de esa manera acabar de facto con los acuerdos de paz.

El domingo pasado se confirmó la objeción parcial por motivos políticos, atendiendo solamente la posición de su sector político, lo que avivó la ya encendida polarización del país.

 

 

 

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Distintos sectores del país se movilizaron apoyando la Jurisdicción Especial para la paz.

 

 

DESTACADO 1

“Si hoy se abre esta puerta el mayor riesgo no es el funcionamiento de la JEP: es que se pone en riesgo nuestra democracia y el Estado Social de derecho en su conjunto”.

 

DESTACADO 2

“La objeción no puede ir contra la sentencia de la Corte, con el propósito de modificarla para intentar revivir contenidos legales que fueron declarados inconstitucionales”.

 

 

 

 

 

 

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