Condenados ex alcalde de Gigante y 12 concejales por falsos acuerdos

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la sentencia condenatoria contra el ex alcalde  de Gigante, Diego Muñoz Bambagué,  doce concejales y otros servidores públicos, por fingir la aprobación de dos acuerdos de adición presupuestal.

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El ex alcalde Diego Muñoz y los concejales de la época fingieron la aprobación de dos proyectos, incurriendo en una falsedad.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

El ex alcalde de Gigante, Diego Fernando Muñoz Bambagué y los doce concejales que acompañaron su gestión fueron condenados definitivamente por haber fingido la aprobación de dos proyectos de acuerdo que en realidad nunca se tramitaron.

Los servidores públicos fueron condenados como responsables del delito falsedad ideológica en documento público, en concurso homogéneo, con los concejales y otros funcionarios que participaron en el escandaloso complot ocurrido hace 15 años.

Para hacerlo, todos los implicados, firmaron un “pacto de silencio” y se comprometieron a hacerlos aparecer como  tramitados y aprobados, sin cumplir con los trámites de rigor.

“Eso significó incluir en las actas de las sesiones los proyectos como si hubiesen sido discutidos y aprobados, lo que no ocurrió, y que se expidieran las constancias de aprobación por parte de la secretaría del concejo y la sanción por el alcalde”, precisó la Corte Suprema de Justicia, al dejar en firme la sentencia de primera y segunda instancia.

La trampa

Los proyectos fueron presentados inicialmente a la corporación pero fueron devueltos para su corrección y nuca regresaron. Por esa razón no fueron  estudiados ni aprobados durante las sesiones respectivas.

Las dos iniciativas no fueron radicadas, no se les designó ponentes, ni se discutieron en la sesión que le correspondía. Tampoco fueron llevados a plenaria, dentro del paquete de proyectos aprobados el 31 de mayo de 2004.

Ante ese hecho, el secretario de Salud Libardo Montealegre, y Cesar Augusto Roa como supervisor de la contratación del régimen subsidiado dispararon las alarmas.

Los proyectos ficticios adicionaban recursos al presupuesto para la vigencia 2004, provenientes del Fosyga, Fisalud, y la secretaría de Salud Departamental, y otro autorizaba al ejecutivo para comprometer vigencias futuras para la contratación del régimen subsidiado de salud. En estas circunstancias, se perderían los recursos y no habría ampliación de la cobertura del régimen subsidiado.

Según la Fiscalía, este argumento fue utilizado para convencer a los concejales a suscribir el “pacto de silencio”, sin medir las consecuencias que esta falsedad les iba a generar en el futuro.

“Este comportamiento de dar por aprobado lo que no había sido objeto de tal decisión, se adecúa al tipo penal de falsedad ideológica en documento público”, alegó la Fiscalía al acusar al alcalde de la época y a los doce concejales.

 Las condenas

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la sentencia proferida el 28 de junio de 2016 por el Tribunal Superior de Neiva. La corporación modificó a su vez la sentencia de primera instancia.

La decisión final la adoptó la Sala de Casación Penal al resolver el último recurso formulado por el ex alcalde y otros concejales implicados en el ilícito.

La corporación con ponencia del magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa declaró la improcedencia de la argumentación y rechazó la casación.

La providencia fue respaldada además, por los otros seis magistrados, entre ellos, el actual presidente de la Corte,  José Francisco Acuña Vizcaya; su antecesor  José Luis Barceló y el magistrado huilense Eyder Patiño.

El alcalde Diego Fernando Muñoz Bambagué fue condenado a la pena principal de 56 meses de prisión domiciliaria como determinador de la conducta punible de falsedad ideológica en documento público, en concurso homogéneo,

A Yeison Ángel Montealegre le impuso una condena de 53 meses de prisión, como coautor del delito de falsedad ideológica en documento público.

A los concejales Adenauer Corredor Castañeda, Héctor Cortés Alarcón, Luis Fernando Amézquita y José Hever Cerquera Alarcón fueron condenados a la pena de 44.2 meses de prisión, como coautores del mismo delito.

Igualmente revocó la sentencia inicial proferida en favor de Orestes Bahamón Plazas, Magaly Guevara González, Herney Cruz Perdomo, Edgar Fajardo Ordóñez y Robinson Rodríguez Oviedo, y en su lugar los condenó en segunda instancia a la pena de 44.2 meses de prisión como coautores de las mismas conductas.

También revocó el fallo absolutorio en favor de Nidia Mireya Prieto Castillo a la misma pena como autora del delito de falsedad ideológica en documento público.

Muñoz Bambagué apeló la sentencia de segunda instancia argumentando que la investigación por del delito de falsedad ideológica en documento público no podía proseguirse al haber prescrito la acción penal en la etapa de instrucción.

El delito por el cual se procede, según la norma vigente para la época de su comisión, tenía asignada una pena máxima de ocho años de prisión. Por lo tanto, si el delito se consumó el 12 de junio de 2004, como se afirmó en la resolución de acusación, y esta quedó en firme el 4 de octubre de 2013, eso significa que desde la primera hasta la última fecha transcurrieron 9 años, 3 meses y 22 días. En consecuencia, la acción prescribió y la investigación no podía proseguirse. Sin embargo, el argumento no prosperó.

La Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado Luis Antonio Hernández dejó en firme la sentencia proferida el 28 de junio de 2016 por el Tribunal Superior de Neiva.

La denuncia

Los concejales Adenauer Corredor Castañeda, y Luis Fernando Amézquita denunciaron el complot. Libardo Montealegre, secretario de salud, rechazó las acusaciones, y Germán Roa Trujillo, interventor del Régimen Subsidiado de Salud prendieron las alertas por que los proyectos no fueron tramitados.

Ante esa situación, los concejales y el alcalde llegaron al acuerdo de presentar dichos proyectos como si se hubiesen tramitado y aprobado, todo con el fin de beneficiar a un sector social que no podía quedar desprotegido ante la falta de aprobación de los acuerdos.

Según la Fiscalía, el delito se consumó el 12 de junio de 2004, fecha en la cual se suscribió el convenio ilegal de dar por aprobados los proyectos de acuerdo que no fueron tramitados ni discutidos en el concejo. El pacto de silencio

Magaly Guevara González confesó en la indagatoria que los proyectos no fueron tramitados en el Concejo. Confesó que el 12 de junio de 2004 fueron citados a la alcaldía por el propio mandatario, quien se encontraba reunido con los concejales quejosos, el asesor jurídico y el secretario de salud Libardo Montealegre.

“Nos dijeron que teníamos que aprobar esos proyectos porque era para el bien del pueblo”, habiendo avalado dos de ellos y firmado una acta de compromiso a manera de lealtad entre los cabildantes, desconociendo que la misma nos traería problemas a futuro, siendo asaltada en su buena fe por sus colegas denunciantes.”

Nidia Mireya Prieto, secretaria del concejo, admitió que se tramitaron unos proyectos que nunca fueron discutidos

Colofón

En el caso del ex mandatario, el Tribunal Superior censuró su participación en la aprobación fraudulenta, tardía e irregular de los supuestos acuerdos.

“Lejos de haberse demostrado que el acusado se mantuvo al margen en el trámite de aprobación de los proyectos como lo pretendió hacer ver en su indagatoria, quedó demostrado que participó en ello y que poseía un interés directo en la viabilidad de los mismos”, aseguró el Tribunal Superior.

Al alcalde – agregó- “no le importó que para lograr su cometido tuvieran que simularse debates, adulterarse actas y faltar a la verdad en documentos oficiales, para lo cual hizo nacer en los concejales la determinación de delinquir, infundiéndoles la idea y voluntad de hacerlo.”

La providencia será remitida al Tribunal Superior de Neiva para que se hagan efectivas las condenas.

Los acuerdos

Los concejales suscribieron irregularmente los proyectos de acuerdo 016, 021 y 022 sin haberles dado el trámite correspondiente, supuestamente para evitar la pérdida de recursos destinados al régimen subsidiado del municipio.

Para darle apariencia de legalidad, Yeison Ángel Montealegre, elaboró un informe de comisión en el que dejó constancia del estudio de los proyectos en primer debate y Nidia Mireya Prieto Castillo, secretaria del Concejo, adulteró el acta de la sesión plenaria del 31 de mayo de 2004, incluyendo la supuesta entrega de los proyectos a los concejales, su discusión y aprobación formal. Los acuerdos aparecieron como aprobados el 12 de junio de 2004.

Otras sanciones

El ex alcalde Diego Muñoz Bambagué fue destituido de su cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas por 15 años por la Procuraduría General de la Nación al encontrarlo responsable de la falsedad material.

La sanción cobijó también a los doce concejales del municipio de Gigante.

Por haberse prestado para incluir en la respectiva acta como aprobados los proyectos de acuerdo cuestionados, sin haber sido objeto de los debates reglamentarios exigidos por la ley, la Procuraduría también destituyó del cargo de secretaria del Concejo de Gigante a Nidia Mireya Prieto Castillo y la inhabilitó para ejercer funciones públicas por 11 años.

Según el Ministerio Público, el alcalde Muñoz Bambagué no sólo conoció lo acordado por los concejales sino que condicionó la sanción de los acuerdos a que se incluyera también otro proyecto mediante el cual se le concedían unas autorizaciones para hacer traslados presupuestales, cuando no estuviera sesionando el concejo, aprovechándose del  pacto secreto que le favorecía.

Aunque los concejales sancionados admitieron haber actuado de esa forma con el único fin de salvar los recursos para la salud otorgados al municipios y ampliar la cobertura del Sisben entre la población más necesitada, la Procuraduría consideró que estas personas, por su investidura, ocupaban una de las dignidades más altas en esa municipalidad por lo que “estaban llamados a constituirse en modelo de ciudadano frente a sus congéneres en cuanto al acatamiento de las disposiciones constitucionales y legales que protegen la función pública”.

“Con su conducta- agregó- los concejales generaron en la ciudadanía de Gigante un grado desconfianza en torno a la labor que cumple esa corporación”.

“Lo menos que podían esperar los conciudadanos del comportamiento de sus integrantes era que se sujetara a la Constitución Política y las leyes y no que propendieran por su vulneración”, concluyó el Ministerio Público.

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