Piero Emmanuel Silva Arce

Piero Emmanuel Silva Arce

Las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial Para la Paz (JEP) tienen como objetivo sabotear la implementación del proceso de paz con las Farc y volver a un estado de guerra y zozobra permanente. Esta ley pasó por la revisión de la Corte Constitucional, máximo garante del respeto a la norma de normas: La Constitución Política de Colombia. En este sentido, objetar un documento que ya ha sido sometido al estudio en términos constitucionales es improcedente, significa querer imponer los designios de un grupo político, incluso, por encima de la carta magna del país. Es importante revisar la réplica de la bancada de la oposición del Congreso de la República para observar que todas las objeciones presentadas por el Gobierno ya han sido reguladas por la Corte Constitucional y que la ley estatutaria lo único que busca es la materialización de un acuerdo que poco a poco ha ido desmoronándose debido, entre otras cuestiones, a la falta de voluntad política por parte del gobierno actual por avanzar hacia la paz. Es más, se está cumpliendo lo que prometió Fernando Londoño en un discurso: hacer trizas el acuerdo de paz.

Es esta una decisión que le resta credibilidad a las instituciones en Colombia. El Gobierno intenta mostrar que son unas objeciones simples, pero en realidad no es así. Además de generar un choque de trenes con la Corte Constitucional, la determinación de Duque aumenta el limbo jurídico de las víctimas y de quienes hicieron parte del conflicto armado, específicamente de los militares y excombatiente de las Farc que han decidido someterse a la JEP, con el ánimo de contribuir a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto armado. La verdad se podría ver envolatada porque no existe confianza en una justicia modificada al antojo de un grupo político concreto; las disidencias de las Farc podrían aumentar, debido a la inseguridad que genera no cumplir lo pactado; el mensaje del Gobierno a la sociedad es que los acuerdos en los que participa el Estado pueden ser violados y rotos al antojo de quienes estén en el poder, sin importar los mandatos constitucionales. La situación es realmente grave para la estabilidad de una nación.

Ante esta arremetida carente de sentido en contra de la JEP es importante que la ciudadanía se una en torno a no perder un impulso trascendental y dejar atrás el pasado de violencia que afectó a miles de personas en Colombia. Para hacer frente a un gobierno autoritario es clave la movilización, las ideas y los argumentos sustentados en el conocimiento.

 

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