El magistrado Antonio José Lizarazo elaboró un auto para responderle al presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, quien preguntó sobre la idoneidad de las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP. En el auto, que será debatido hoy, se ordena que la ley quede ya en firme. La respuesta del alto tribunal, la única que faltaba en esta discusión, llegó con mucha más fuerza de la que tal vez el propio jefe de Estado esperaba.

Después de que Duque objetara, en alocución televisada, seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP por considerarlos “inconvenientes”, radicó en el Congreso sus reformas al día siguiente, tanto en Cámara como en Congreso. Luego, el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, le envió a la Corte, una serie de preguntas donde buscaba aclarar qué tanta “inconveniencia” había realmente en las objeciones del presidente, pues encontró que “guardan un estrecho vínculo de carácter inconstitucional; es decir, los argumentos que soportan las objeciones parecen tener un contenido con relevancia jurídico – constitucional y no estrictamente de inconveniencia”.

El magistrado Antonio José Lizarazo expidió entonces un documento para responderle al representante Chacón. Sí el documento es aceptado en Sala Plena, se convertiría en el primer gran encontronazo entre Duque y la justicia.

No es sorpresa que los magistrados constitucionalistas vayan a salir en defensa su sentencia. El gran interrogante es ¿cuál será el argumento con el que la Corte Constitucional tratará de imponerse sobre el Ejecutivo? ¿Cómo podrán sostener los magistrados que su determinación debe prevalecer sobre la del presidente Duque toda vez que este objeta al amparo de una facultad que le otorga la Constitución Política?

Uno de los argumentos que se pondrá sobre la mesa. El artículo 22 de la Constitucional Política que dice: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Además de este artículo  de la carta magna se cuenta con la reforma constitucional (acto legislativo 02 de 2017) que le dio un blindaje jurídico el acuerdo final. Este ordenó que los compromisos allí pactados tienen que ser cumplidos a cabalidad en los tres cuatrienios presidenciales sucesivos. El debate apenas comienza.

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