Un total de 55 bienes fueron ocupados por la Fiscalía en Rivera. Foto: Suministrada Ejército

Uno de los mayores contratistas del departamento de Cundinamarca resultó ser el dueño de los 55 predios que ocupó la Fiscalía en el municipio de Rivera para extinción de dominio.

Se trata del ingeniero civil Ernesto Pinto Salazar, quien es investigado por el presunto manejo irregular que junto con el alcalde de Mosquera,  Luis Álvaro Rincón Rojas y el concejo de la población, le dieron al proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, aprobado el 30 de diciembre de 2009 y sancionado el 8 de enero de 2010.

Investigadores del caso manifestaron que Pinto Salazar, natural de Rivera y hermano de un exalcalde, compró los bienes en la capital verde del Huila, con el dinero que habría obtenido por el denominado ‘volteo de tierras’, que consiste en comprar predios rurales cercanos al casco urbano, para luego incluirlos en zonas de expansión urbana tras haberse manipulado el POT.

La maniobra del POT quedó al descubierto en una denuncia que el entonces senador Carlos Fernando Galán Pachón, instauró a la Dirección Nacional Anticorrupción de la Fiscalía.

Según la denuncia del dirigente político, en el año 2009 un concejal presuntamente sirvió de intermediario para que una mujer le vendiera un lote clasificado como rural, al entonces alcalde de Mosquera, Rincón Rojas.

Agregó que dentro de la documentación aparecen dos promesas de compraventa, la primera firmada el 29 de julio de 2009 por 1.292 millones de pesos en la que aparece como comprador del predio el inspector de policía del pueblo.

Más detalles

Un día después aparece la segunda promesa de compraventa, por 700 millones de pesos y firmada por Edith Rocío Peñuela como representante legal de la Sociedad Inversiones R&P. “La señora Peñuela es la esposa del entonces Alcalde Rincón y su empresa es Rincón y Peñuela de la que forma parte ella y sus hijos…”, indicó en su momento Galán Pachón.

Señaló que unos días después el inspector cedió sus derechos sobre el predio a Ernesto Pinto Salazar y lo autoriza a firmar la escritura pública número 1.165 de 2009, otorgada en la notaria Única de Funza Cundinamarca.

En la investigación adelantada por el entonces senador Galán, se estableció que la escritura, se firmó ya no por 700 millones ni por mil 200 como decían las promesas de compraventa sino por 800 millones de pesos.

En el Certificado de Libertad y Tradición del inmueble, el ingeniero Pinto constituye una fiducia con Davivienda y el 23 de diciembre de 2010 le vende el predio en 820 millones de pesos, a la empresa Inversiones Mobiliarias e Inmobiliarias Nodo SAS, a la que le transfiere la fiducia. “Nodos SAS de acuerdo al certificado de existencia y representación le pertenece a Luis Álvaro Rincón Rojas en sociedad con el ingeniero Ernesto Pinto Salazar”, indicó Galán Pachón.

Señaló el entonces senador que el 23 de abril de 2012 el predio volvió a quedar a nombre de Ernesto Pinto Salazar.

En medio de todo ese ‘volteo’, el predio incrementó abismalmente su avalúo catastral al pasar de mil 200 millones en 2008 a 3 mil 800 millones de pesos en 2012.

A extinción de dominio

Las denuncias de Galán terminaron en una gran investigación de la Fiscalía que permitió develar una trama de corrupción a la que se le conoce como el ‘volteo de tierras’.

En 2017, entre otras decisiones, la Fiscalía le abrió a Ernesto Pinto Salazar una investigación por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Producto de esta investigación, la Fiscalía acaba de ocuparle a Pinto 55 predios de su propiedad en la inspección de Río Frío y el casco urbano de Rivera.

Los bienes son varios lotes que, al parecer, serían empleados para construir una urbanización, fincas y viviendas.

El operativo de ocupación fue adelantado por el Ejército y el CTI de la Fiscalía.

A pesar de los escándalos protagonizados por este ingeniero huilense, los más recientes reportes indican que ha seguido contratando con entidades como Caudales de Colombia, el Sena y Constructora Bolívar.

 

 

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