La firma petrolera Hocol, encargada desde 1994 de la operación y administración de los campos Tello, Dina y Neiva 540 demandó el pago de alumbrado público.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

El Consejo de Estado dirimió una vieja disputa jurídica sostenida por las empresas petroleras con la alcaldía de Neiva. La corporación estimó que las compañías dedicadas a la producción de energía o crudo no están exentas del impuesto de alumbrado público, que se cobra sin excepción a personas naturales o jurídicas, ubicadas en la región donde se presta el servicio jurídico.

La compañía Hocol, subsidiaria de Ecopetrol, en su calidad de exploradora y explotadora de petróleos y autogenerada de energía consideró que el gravamen exigible a través de dos acuerdos desde el 2003 es ilegal.

Además,  denunció “un trato discriminatorio hacia las empresas petroleras y auto generadoras de energía”, lo que configura una situación particular, individual y concreta, que  en su opinión, solo está dirigida  específicamente a Hocol, Ecopetrol y Petrobras.

La petrolera, encargada desde 1994  de la operación y administración de los campos Tello,  Dina y Neiva 540, argumentó que  el Municipio de Neiva solo tiene competencia para cobrar el tributo a los usuarios del alumbrado público. También se opuso al cobro de la tarifa del 10% contemplada en los acuerdos municipales.

En su criterio, la medida excede las autorizaciones legales que limitan el hecho imponible al servicio de alumbrado público. Pero además, desconoce que la actividad petrolera está exenta de impuestos municipales.

“La compañía petrolera no tiene la calidad de sujeto pasivo del impuesto, porque no es suscriptor ni consumidor del servicio de energía eléctrica, como tampoco es usuario del servicio de alumbrado público, en tanto sus pozos están ubicados en el área rural en la que no se prestan dichos servicios, por lo que la misma empresa genera energía para sus luminarias”, alegó.

La otra cara

La administración local por su parte defendió la legalidad del gravamen.

Precisó que el impuesto de alumbrado público se estableció para todas las empresas que se dedican a la exploración y explotación petrolera no por la actividad que ejecutan, sino por el consumo bruto mensual de energía incluyendo la energía activa, reactiva y máxima, o el consumo mensual de cualquier tipo de energía.

En un primer fallo, el Tribunal Administrativo del Huila, confirmó que  la administración local si puede determinar el hecho generador, los sujetos activo y pasivo, las bases gravables y las tarifas del impuesto de alumbrado público.

Es más, precisó que el impuesto sobre las empresas petroleras no desconoce la exención del Código de Petróleos porque no tiene por finalidad gravar esa actividad, sino hacer determinable el sujeto pasivo.

“El tributo puede establecerse aún en los casos en que el sujeto pasivo no tenga conexión al servicio de energía eléctrica, porque este se genera sobre todo usuario potencial del alumbrado público”, aclaró el Consejo de Estado.

“Aunque no haya conexión remota de corriente, la empresa petrolera puede ser sujeto pasivo del tributo, siempre que haga parte de la colectividad que reside en el municipio en el que se presta el servicio de alumbrado público”, aclaró el magistrado Jorge Octavio Ramírez.

Todos ponen

La norma establece criterios generales para liquidar el impuesto de alumbrado público, a los que están sujetos todos los contribuyentes de Neiva, por lo tanto, no crea una situación concreta que pueda afectar directamente a la compañía petrolera.

“El hecho de que la compañía petrolera pueda verse afectada por esa regulación no implica que el acuerdo deje de tener contenido general y abstracto, porque el mismo se aplica indistintamente a cualquier persona que llegare a encontrarse dentro de los supuestos descritos en esa norma”.

“Y, ello es así debido a que el acuerdo establece el impuesto de alumbrado público en consideración a los elementos de la obligación tributaria, y no respecto de un sujeto determinado”, subrayó el alto tribunal.

Esa posición no es novedosa. Desde el 2009, el alto tribunal sostiene que los concejos municipales tienen plenas facultades para determinar los elementos del tributo y por lo tanto están autorizados para crear, en sus jurisdicciones, el impuesto de alumbrado público, utilizado exclusivamente para financiar ese servicio.

En ese entendido, la facultad impositiva de los municipios para establecer el impuesto de alumbrado público debe desarrollarse siguiendo los lineamientos consagrados en la ley, que exigen que el hecho imponible lo constituya el servicio de alumbrado público.

“En esta ocasión debe ratificarse el criterio expuesto, y con fundamento en el mismo, se concluye que el concejo municipal de Neiva, al expedir la norma acusada, en la que estableció el impuesto de alumbrado público y sus elementos, no excedió las facultades constitucionales conferidas a los municipios en materia tributaria”, precisó el magistrado ponente Jorge Octavio Ramírez.

Las empresas dedicadas a la exploración y explotación petrolera deben pagar una tarifa del 10%, calculado sobre el consumo de energía.

La polémica

El otro tema polémico: la administración local determinó, según la compañía, un hecho generador que no se relaciona con el servicio de alumbrado público, como es la producción de energía y  la producción petrolera. Además, insistió en que el acuerdo no justifica la tarifa del 10% impuesta a las empresas petroleras.

En su criterio, el municipio no tuvo en cuenta que la actividad petrolera está exenta de tributos municipales y, que en todo caso, no se puede gravar a las empresas petroleras por consumir energía.

En cambio, para la administración capitalina, el acuerdo no grava la actividad petrolera, sino el servicio de alumbrado público. El hecho generador del impuesto, lo constituye el consumo de cualquier tipo de energía, sin excepción.

El impuesto se cobra a personas naturales o jurídicas que consuman cualquier tipo de energía, lo mismo que a los propietarios o poseedores de predios, sean o no suscriptores de energía eléctrica, que directa o indirectamente se beneficien del servicio de alumbrado público.

Todos por igual

Para el Consejo de Estado, esa regulación no va en contravía  del hecho generador del impuesto (ser beneficiario del servicio de alumbrado público), ni desconoce la exención sobre impuestos municipales prevista para la actividad petrolera.

“La sola posibilidad de que la colectividad pueda beneficiarse del servicio, justifica que ningún miembro quede excluido de la calidad de sujeto pasivo. Lo que lleva a señalar que las personas establecidas en el municipio pueden beneficiarse de forma directa o indirecta con el servicio, en tanto la iluminación de los bienes y espacios de uso público, sean urbanos o rurales, permite una mejor circulación y genera bienestar, seguridad, crecimiento y desarrollo en esa jurisdicción”, afirmó la Sección Cuarta al confirmar el fallo de primera instancia.

“En conclusión, el hecho generador y la sujeción pasiva previstos en el tributo son procedentes en tanto condicionan el nacimiento de la obligación tributaria de las personas que consumen cualquier tipo de energía o que sean propietarias o poseedoras de predios, que perciban un beneficio directo o indirecto de ese servicio de alumbrado público”.

El hecho de que dentro de esas personas se encuentren las empresas dedicadas a actividades relacionadas con la industria del petróleo o transporte y distribución de productos naturales no renovables, no desconoce las exenciones ni la prohibición de gravar la explotación de recursos naturales.

En este caso, lo que se grava con el impuesto, es el hecho de ser usuario potencial del servicio de alumbrado público.

Las empresas que realicen la actividad petrolera asumen la calidad de sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público, en la medida que tenga un establecimiento en el respectivo municipio, precisó al dirimir la controversia jurídica.

La otra disputa pendiente,  es el cobro del impuesto en mora que ascendía hasta el año pasado a  1.623 millones de pesos. Otra controversia que se debate en los estrados.

La otra disputa pendiente, es el cobro del impuesto en mora que ascendía hasta el año pasado a 1.623 millones de pesos.

La base gravable

La administración estableció para las empresas dedicadas a la exploración y explotación petrolera, una tarifa del 10%, por estar en la zona rural mientras que para el sector urbano es del 12%.

El consumo de energía eléctrica, según Consejo de Estado, es un parámetro válido para determinar la base gravable porque el servicio de alumbrado público es conexo al de energía eléctrica en tanto se ejecutan y comparten las mismas actividades de generación, transmisión, interconexión y distribución de energía.

La base gravable parte de convertir el consumo de cualquier tipo de energía -en kilovatios – para aplicarle la tarifa que paga el Sistema de Alumbrado Público del municipio de Neiva a la empresa comercializadora.

Es decir, la base gravable busca medir el consumo de energía utilizada para el servicio alumbrado público del municipio.

Comentarios