Rumba a ‘palo seco’ se desplomó en Acevedo

De ahora en adelante, la venta y consumo de bebidas embriagantes en discotecas, bares y casas de lenocinio, en el corazón de Acevedo, epicentro de los cafés de alta calidad, tendrá ‘barra libre’. Una veda vigente desde hace seis años fue derogada por ilegal.

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 RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

La rumba a ‘palo seco’ en el centro del municipio de Acevedo (Huila) se desplomó intempestivamente.

La norma, adoptada  por la alcaldesa de la época Lucy Paiva Soto para frenar los “desórdenes bochornosos protagonizados por los borrachos”, no va más. La veda, vigente desde el primero de junio de 2013 fue derogada por ilegal.

La medida policiva la ‘descorchó’ inicialmente el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva. Ahora, la acaba de confirmar el Tribunal Administrativo del Huila.

Según la decisión, de ahora en adelante estará permitida la venta  y consumo de licores en discotecas, bares y casas de lenocinio, aledañas al parque principal del segundo municipio con la mayor producción de café del país.

A pesar de los ‘desórdenes’ que esta actividad desencadenaba, de ahora en adelante la venta y consumo ‘barra libre”.

La restricción, cobijaba a los establecimientos de comercio ubicados en la carrera quinta y sexta entre calles octava y novena. Igualmente se extendía a los  estancos y similares ubicados a una distancia de 10 metros del microcentro. También dispuso que los infractores serían sancionados con multa hasta de dos salarios mínimos mensuales.

Resucitada

La medida pasó luego del segundo intento. La misma iniciativa fue  sepultada y archivada en el 2012 argumentando que estaba modificando el Esquema de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, fue resucitada por sugerencias de un consejo de gobierno. De paso serviría para contrarrestar la elevada accidentalidad, riñas  y los niveles de criminalidad.

La mandataria conservadora desempolvó el proyecto y lo volvió a presentar el 8 de febrero de 2013 y lo sacó adelante. Sin formular ninguna objeción, la funcionaria  le impartió la correspondiente sanción el 12 de marzo y lo dejó listo para estrenarse durante las fiestas del San Pedro.

La medida, según los comerciantes,  implicaba el cierre de varios establecimientos que llevaban varios años funcionando en ese céntrico sector clasificado como área de ‘actividad múltiple’, donde la venta de bebidas embriagantes estaba permitida.  Por eso demandaron.

En su criterio, era necesario que inicialmente se modificara  el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)  y se realizara la reubicación otorgando un tiempo prudencial, ya que se afectaría a quienes venían realizando actividades legales. En esencia, los comerciantes consideraron que el acto acusado está viciado de nulidad.

Al prohibir la venta y consumo de licor  en las proximidades del parque se adoptó una decisión policiva, y al establecer una multa a sus contraventores, sustituyó las facultades del alcalde, desbordando  mandatos legales.

La medida, según los comerciantes, implicaba el cierre de varios establecimientos que llevaban varios años funcionando en ese céntrico sector.

La otra cara

La administración argumentó que el acuerdo fue expedido acatando el marco normativo superior y el esquema de ordenamiento territorial.

“A pesar de que la zona aledaña al parque es de actividad múltiple, el acuerdo se limita a restringir la venta  y el consumo de bebidas embriagantes; con el fin de facilitar el acceso de los transeúntes y visitantes, y proteger los senderos, zonas verdes y árboles; que se han visto amenazados por esa actividad comercial, puesto que se han generado desordenes bochornosos, protagonizados por los borrachos”, explicó la funcionaria.

“El hecho de restringir el uso del suelo para la venta y consumo de bebidas embriagantes en la zona aledaña principal por motivo diferente a la conservación del orden público, es competencia exclusiva del concejo municipal”, replicó su equipo jurídico.

En su criterio el polémico acuerdo no nació “para el mantenimiento del orden público como equivocadamente lo ha entendido la parte demandante, porque para esa  fecha no estaba turbado el orden público en dicha área”.

“El espíritu del Acuerdo 006 de 2013,-añadió- busca que en el parque principal y zona aledaña, no se expenda y consuma bebidas embriagantes, toda vez que propende por la buena marcha del parque principal. Estos sectores se han visto seriamente perturbados  por los abusos que genera esa actividad”.

Es más,  en el sector continúa desarrollándose la actividad múltiple  (casas de lenocinio, discotecas, estaderos, canchas de tejo, compras de café, talleres, industria); pero limitada por la mencionada restricción.

La rumba ‘zanahoria’ en centro de la localidad buscaba frenar los “desórdenes bochornosos protagonizados por los borrachos”, afirmó la alcaldesa Lucy Paiva (en la foto).

Lo permitido

Según el Esquema de Ordenamiento Territorial en esas áreas de actividad múltiple se pueden desarrollar  actividades comerciales y residenciales (uso principal), y entre otras, es compatible con casas de lenocinio, discotecas, estaderos (de manera condicionada) y billares.

El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva invalidó la norma el 10 de octubre de 2014.

El juez estimó que el Acuerdo 006 de 2013 modificó los usos del suelo sin surtir las respectivas etapas ni el procedimiento establecido. Por lo tanto fue expedido sin cumplir los requisitos legales y vulnerando las normas en que debió fundarse.

“El acuerdo presentado por la administración municipal, tramitado y aprobado por el Concejo Municipal no superó las etapas de participación democrática y de concertación interistitucional, como quiera que nunca se llevaron a cabo”, afirmó.

La nulidad

Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Huila estimó que el Acuerdo 006 de 2013 adoptó más que una simple medida policiva (al limitarse a restringir la venta y consumo de licor en la zona de influencia del parque principal), materialmente modificó el uso del suelo en ese específico sector del municipio.

“En estas condiciones, los comerciantes que contando con la autorización de la administración venían desarrollando esa clase de labor, se vieron intempestivamente afectadas por esa restricción intemporal”, aseguró el magistrado Ramiro Aponte Pino.

En su opinión, la venta  y consumo de licor es una actividad que se deben ejercer de manera controlada, y para ello, se pueden utilizar los medios ordinarios de policía  (radicados en cabeza del ejecutivo, en su condición de primera autoridad del ente territorial,  por ejemplo,  estableciendo un horario, limitando el volumen de los reproductores de sonido,  prohibiendo el acceso de menores, organizado operativos de vigilancia y control, etc).

“Pero lo que no es de recibo es aceptar, que se haga a través de un acuerdo, que abruptamente modifique parcialmente el esquema de ordenamiento territorial”.

“Independientemente de las razones que motivaron al gobierno local a adoptar esa determinación; que en la práctica, implicó la modificación del uso del suelo en ese emblemático lugar; para dicho efecto era necesario surtir el tramite establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997; es decir, formular la iniciativa ante el consejo de gobierno, someterlo a consideración de la autoridad ambiental (máxime, si uno de los objetivos es proteger la flora del sector) y del consejo territorial de planeación”.

“De igual manera, era menester la discusión con los gremios económicos, entidades cívicas, ecológicas, comunitarias y agremiaciones profesionales, convocar  audiencias y recoger las recomendaciones u observaciones formuladas”.

En la expedición del acto enjuiciado se pretermitieron esas etapas, ya que solo se fundamentó en la recomendación del consejo de seguridad y en el legítimo deseo de preservar el espacio público y la tranquilidad ciudadana; no existe duda de que se soslayó el marco normativo superior”, afirmó el magistrado Aponte Pino, dejando en firme la nulidad del polémico acuerdo. A pesar de la insistencia, la actual alcaldesa Luz Dey Artunduaga, no quiso pronunciarse.

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