Por: Eduardo Gutiérrez Arias

En la madrugada del pasado sábado y después de 27 días de movilización en las carreteras del Cauca, los negociadores de la minga indígena llegaron a un acuerdo con los delegados del gobierno nacional para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo programas en favor de la población indígena colombiana en materias como vivienda, salud, educación, vías y proyectos productivos. Con estos compromisos, las autoridades indígenas decidieron levantar el bloqueo de las vías, pero permanecer en la zona a la espera que el presidente Iván Duque les cumpla su promesa de reunirse con ellos en la próxima semana y donde esperan respuestas positivas a puntos esenciales de sus reclamos que permanecen sin solución como el tema de tierras, una verdadera política de seguridad y protección para los líderes (de los más de 400 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en los últimos 30 meses, cerca de la mitad son indígenas y afrocolombianos), y el cumplimiento del pacto de La Habana con las FARC sobre reforma agraria, que para las comunidades indígenas significa una esperanza de redención. No olvidemos que de la población rural colombiana estimada en 15.000.000 de personas, el 10% es población indígenas, el 3.4% del total de los colombianos.

Hoy la mayor preocupación de las autoridades indígenas es que el Estado les cumpla lo prometido. La historia de los últimos 50 años con más de 1.300 pactos incumplidos, con continuas agresiones contra sus cabildos y comunidades por parte de la fuerza pública, los paramilitares y las organizaciones insurgentes, el mismo trato descomedido, despectivo y ultrajante que recibieron durante la actual movilización en la que se les sindicó de secuestradores y terroristas, los varios muertos y heridos que dejaron la refriegas con el Esmad, son suficientes para desconfiar de la voluntad y capacidad del gobierno para resolver algunas de sus peticiones más sentidas. Los mismos twitter del senador Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, el partido del presidente, diciendo que eran preferibles 2 años de bloqueo de la vía Panamericana a un acuerdo como el que se acaba de firma con los indígenas, hacen presumir que esos acuerdos no tendrán un tránsito fácil en el Congreso de la República, donde deberá aprobarse el Plan Nacional de Desarrollo que deberá contenerlos.

Mi particular percepción es que en el Congreso de la República, en el Poder Judicial y en la sociedad civil colombiana, existen fuerzas democráticas y progresistas capaces de movilizarse y actuar solidariamente en defensa de las minorías étnicas del país para ir saldando la enorme deuda que la sociedad tiene con ellas.

Comentarios