La orden fue impartida por el Tribunal Administrativo del Huila.

RICARDO AREIZA

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Los corregimientos y centros poblados de Neiva siguen sin el servicio de agua potable a pesar de un fallo judicial que ordenó la construcción de plantas de tratamiento en los acueductos rurales.

La orden fue impartida hace 14 años, en desarrollo de una acción de cumplimiento promovida por la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos del Huila. Sin embargo, no han servido ni siquiera los incidentes de desacato para que se agilicen las obras.

En la actualidad las comunidades de Guarcirco, San Antonio de Anaconia, San Jorge, El Triunfo y Vegalarga, no cuentan con agua potable para consumo humano y más aún, a pesar de las diferentes actuaciones adelantadas por la administración municipal en los últimos años, las plantas de tratamiento no se encuentran en plena operación.

La evaluación fue hecha por el magistrado Enrique Dussán Cabrera al resolver el quinto incidente de desacato, ordenado por el Consejo de Estado ante el reiterado incumplimiento de los últimos alcaldes.

El primero fue proferido el 3 de junio de 2010, donde se desestimó la existencia de desacato, pero reiteró el deber que tienen los responsables de los acueductos de garantizar que el agua que se suministre fuera potable.

El segundo incidente fue decidido el 30 de mayo de 2011, donde se declaró que el municipio de Neiva institucionalmente ha incumplido y desacatado el fallo, y sancionó con multa de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes al alcalde de la época Héctor Aníbal Ramírez.

El tercero fue proferido el 9 de diciembre de 2015 y consultado ante el Consejo de Estado organismo que confirmó la providencia sobre el incumplimiento de la sentencia y revocó la sanción impuesta al ex alcalde Pedro Hernán Suárez y ordenó al Tribunal a iniciar un nuevo incidente en contra del actual alcalde Rodrigo Lara Sánchez.

“Sólo en la comunidad del Caguán se suministra el agua sin un nivel de riesgo alto.  Los demás centros poblados objeto del incidente, Palacios, San Antonio de Anaconia, Vegalarga, Guacirco-San Jorge y el Triunfo Sur, se establece que la calidad del agua no es apta para consumo humano, conforme las diferentes muestras allí tomadas”, afirmó el magistrado.

Según la evaluación, la Alcaldía de Neiva ha desarrollado actividades para dar cumplimiento al fallo proferido el 25 de enero  de 2006, tales como la instalación de las plantas de tratamiento, en  las veredas y centros poblados objeto de éste incidente con el fin de mejorar el suministro de agua. Sin embargo, en algunos de ellos no se encuentran en operación ante la espera de capacitación o visita técnica, así como por oposición de la misma comunidad para poner en marcha las plantas de tratamiento, sin que se haya demostrado alternativa de solución.

En el caso de Vegalarga, dada la situación del terreno, al ser declarado zona de alto riesgo, se está a la espera de la reubicación.

Se salvaron

El alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez y sus antecesores se salvaron por ahora de una sanción pecuniaria por las demoras de la administración municipal en garantizar el suministro de agua potable en la zona rural de los principales centros poblados.

El Tribunal Administrativo del Huila declaró que no hay mérito para establecer que hay responsabilidad que genere sanciones de los obligados en el presente caso, sin que signifique que queden exonerados del acatamiento del fallo de 25 de enero de 2005.

La planta de tratamiento construida en Guacirco.

Obras pendientes

Respecto a la adopción de las medidas suficientes para garantizar el suministro de agua potable en los centros poblados conforme a lo ordenado en la sentencia objeto del incidente, observaron los magistrados que la administración municipal ha ejecutado actuaciones necesarias para su acatamiento. “Ha demostrado así el interés en cumplir lo ordenado, pero por situaciones particulares de las comunidades no ha sido posible realizarlo completamente, por aspectos como la falta de capacitación, de presupuesto, oposición de la comunidad, entre otras”.

Sin embargo, dijo,  lo anterior no puede conllevar la determinación de sanciones a los exalcaldes y actual alcalde por un incumplimiento parcial. De hecho, durante esta y las anteriores administraciones  se puede inferir un cumplimiento parcial por la construcción de las plantas de tratamiento entre otras obras. Pero aún no se ha garantizado el suministro de agua potable en estas regiones.

“También es cierto que su no acatamiento no sólo depende del ente territorial sino también de las organizaciones que administran dichas plantas de tratamiento o acueducto en los centros poblados y por tanto no se puede atribuir subjetivamente un actuar doloso o culposo en su no acatamiento”, afirmó el magistrado Dussán Cabrera.

Una similar situación se presenta respecto de las juntas administradoras, pues objetivamente se halla acreditado el incumplimiento parcial de la sentencia, no está demostrada la actuación dolosa o culposa de los voceros de la comunidad.

Exhortación

El Tribunal Administrativo exhortó al alcalde de Neiva, así como a los representantes legales de las Juntas Administradoras de Acueducto de los centros poblados para que conforme a su competencia, terminen efectivamente las tareas pendientes para dar cumplimiento al fallo proferido en enero 25 de 2006, con el fin del suministro de agua potable.

Las partes comprometidas, incluyendo a la Secretaría de Salud Departamental para presentar a esa corporación en veinte días, los avances de las obras pendientes y los informes de calidad del agua.

Obras sin concluir

Los incumplimientos

El fallo proferido el 25 de enero de 2006 protegió los derechos colectivos  a la salubridad pública y el acceso a los servicios públicos, a su prestación eficiente y oportuna. Ordeno que se adoptaran las medidas suficientes para garantizar el suministro de agua potable. Nunca se cumplió.

El 9 de diciembre de 2015, la corporación judicial resolvió el incidente declarando el desacato ante el incumplimiento de la sentencia sancionando a Pedro Hernán Suárez con multa equivalente a diez salarios mínimos.

El 22 de septiembre de 2016 el Consejo de Estado confirmó la declaratoria de incumplimiento y por haber salido de la administración revocó la sanción impuesta a Pedro Hernán Suárez. En su defecto ordenó un nuevo incidente contra el alcalde actual Rodrigo Lara Sánchez.

El 4 de noviembre de 2016 fue iniciado el nuevo incidente de corriendo traslado al alcalde Rodrigo Lara Sánchez.

El Consejo de Estado confirmó la consulta de 9 de diciembre de 2015, respeto al incumplimiento de lo ordenado en sentencia de enero 25 de 2006.

El 25 de noviembre de 2016 la Dirección de Desarrollo Rural del municipio de Neiva, señaló que se dio cumplimiento al fallo de primera instancia.

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