El tiempo récord, el alcalde de Rivero Néstor  Barreiro, logró el trámite y aprobación de dos proyectos para alumbrado público.

RICARDO AREIZA

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Dos polémicos acuerdos aprobados por el Concejo de Rivera para la modernización del servicio de alumbrado público quedaron a la deriva.

El primero autoriza al alcalde para contratar un crédito para mejoramiento del servicio de alumbrado público y el segundo lo autoriza para que modifique los estatutos de las empresas públicas, le cede el recaudo del impuesto y le permite que otro prestador implemente la prestación del servicio, pero además genere y comercialice energía.

Aunque el mandatario Néstor Ramiro Barreiro había anunciado que no concesionaría el servicio, al final, en tiempo récord, promovió los dos acuerdos y con la misma celeridad les impartió la respectiva sanción. La misma situación ha ocurrido en Palermo, Campoalegre, Aipe, Pitalito y ahora se tramita en Garzón.

Las dos iniciativas fueron objetadas por el director del Departamento Jurídico de la Gobernación, Ricardo Moncaleano Perdomo.

Primer mico

El Acuerdo 003 expedido por el concejo de Rivera el 9 de febrero de 2019 modificando el acuerdo 0012 de 2006 que creó las Empresas Públicas de Rivera.

Sin embargo, el citado acuerdo no creó las empresas públicas. A través de ese acto administrativo facultó al alcalde de la época para crear la empresa de servicios públicos.

La empresa se constituyó como una sociedad comercial anónima según escritura pública 763 registrada el 15 de diciembre de 2006 en la notaria única de Campoalegre.

Además de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, le asignó a través del citado acuerdo, la prestación de los servicios de generación y comercialización de energía con fuentes no convencionales, compra de energía, iluminación de espacios públicos y privados. Igualmente el diseño y prestación del servicio de alumbrado (suministro, instalación, reposición, modernización, operación, mantenimiento, desarrollo tecnológico, entre otros).

El Concejo de Rivera transgredió normas legales al expedir los dos acuerdos.

Objeto social

La corporación facultó al ejecutivo para que modifique el objeto social de la empresa. Igualmente, le cedió el recaudo del impuesto de alumbrado público  para la entidad que se cree y que entre a operar el servicio de alumbrado con todos sus componentes, como una de las fuentes de financiación.

La transferencia de esta renta, según el acuerdo, se aplicará como garantía de contratos o como fuentes de ingresos de sociedades subordinadas especializadas que la empresa desarrolle para el efecto.

El nuevo prestador podrá desarrollar actividades de explotación de infraestructura, generación de energía y modelos de tecnología que implique servicio a terceros, entre otras acciones.

Los reparos

El concejo al aprobar el citado acuerdo transgredió principios constitucionales. En materia de otorgamiento de facultades, deben ser concretas, precisas y determinadas en el tiempo. El Concejo no podía ampliar el objeto social de las empresas públicas de Rivera como lo hizo, por no encontrarse determinadas en el artículo a modificar.

Además, los concejales ni el propio alcalde tuvieron en cuenta que las empresas públicas fueron constituidas mediante escritura pública.

“No es competencia del concejo municipal ampliar el objeto social de la nueva entidad societaria constituida en legal forma a través de documento público”, precisó el despacho al formular las objeciones.
“En consecuencia vulnera normas legales que prohíben expresamente a los concejos intervenir en asuntos que no sean de su competencia por medio de acuerdos o resoluciones.

Un prestador foráneo se encargará de prestar el servicio.

Sin efectos

Asimismo el Concejo de Rivera quebrantó el Acuerdo 012 de 2006 que es categórico e imperativo al disponer que las facultades se concedieron hasta el 15 de diciembre de 2006.

“Pretender modificar casi trece años después, este acto administrativo que ya perdió su vigencia conlleva a la cesación de sus efectos jurídicos y a la desaparición de los fundamentos de hecho o de derecho, infringiendo además normas del código contencioso administrativo”, precisó Moncaleano.

Unidad de materia

De igual manera al expedir el polémico acuerdo, el concejo transgredió normas sobre unidad de materia (modificación, facultades, cesión del recaudo, directrices sobre tarifas, entre otras).

“Se observa que no hay una correspondencia lógica entre el título y el contenido de los artículos que conforman el acto administrativo objeto del disenso”, concluyó.

El estudio de las objeciones le correspondió al magistrado Miller Lugo.

Endeudamiento

El Acuerdo No. 004 de 2019, sancionado el 12 de febrero de 2019 solicitaba autorización para contratar un cupo de endeudamiento para la modernización, argumentando que el recaudo del impuesto resulta insuficiente para adelantar los procesos de modernización y sostenibilidad del sistema.

Como ocurrió con Neiva, la administración no examinó otras alternativas económicas de conveniencia financiera y fiscal para el Municipio de Neiva, diferentes a la del endeudamiento. Pero además, lo hizo, desconociendo la regulación sobre operaciones de crédito público y manejo de la deuda pública de las entidades territoriales (Decreto 2681 de 1993).

La norma establece  que previa a la celebración de operaciones de crédito público, las entidades estatales deberán evaluar diferentes formas de financiamiento y la conveniencia financiera y fiscal de realizar tales operaciones frente al financiamiento con recursos diferentes del crédito.

En esta materia, la  Oficina Jurídica ha reiterado que los concejos deben requerir una evaluación de alternativas para que ser estudiadas durante el trámite y debate del proyecto de endeudamiento.  Por tanto, al no presentarlas no se cumple con este requisito legal sobre empréstitos internos para entidades territoriales, contemplados en la citada norma.

Como ocurrió en el caso de Neiva, el Concejo  al facultar al Alcalde para realizar la adición presupuestal de los recursos del crédito a desembolsar por un término de 90 días calendarios quebrantó principios constitucionales como los principios de legalidad del gasto y normas orgánicas del presupuesto.

Sin competencia

Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el concejo, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto, su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo.

En estos casos, el alcalde carece de competencia constitucional y legal para modificar el presupuesto municipal adoptado mediante acuerdo por el concejo.  La  corporación tampoco puede despojarse de esta atribución constitucional y legal que tiene para modificar el presupuesto para radicarlas en cabeza del alcalde, salvo cuando se presentan las urgencias manifiestas por mandato expreso de la ley.

Otro punto que ha sido recurrente. Estos proyectos no han sido incluidos previamente en el Plan Operativo Anual de Inversiones. La inclusión debió hacerse antes de que fuera aprobado el proyecto de presupuesto, y no después como se pretendió demostrar durante el trámite de la iniciativa”, concluyó el escrito que puso a tambalear la viabilidad del proyecto de alumbrado público para la capital opita.

Con estas consideraciones, el director del Departamento Jurídico solicitó al Tribunal Administrativo del Huila que se examine la legalidad de los dos acuerdos.

Sorpresivamente, en tiempo récord, con las mismas figuras, resucitaron acuerdos en Palermo, Aipe, Pitalito, Rivera y Neiva. Actualmente se tramita nuevamente un proyecto en Garzón con un punto común: una empresa cartagenera está detrás de todos los contratos de modernización de alumbrado público, agilizados al terminar los mandatos.

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