Jorge Fernando Perdomo

La estabilidad social requiere seguridad, legalidad y autoridad. La seguridad es el punto de partida de los demás derechos. De que nos sirve la educación, el trabajo, la recreación, el emprendimiento o la movilidad si salimos a la esquina y nos lesionan o nos quitan la vida.

La inseguridad genera incertidumbre, miedo, desconfianza permanente, ahuyenta la inversión, por eso la seguridad debe ser una consigna de todos los gobernantes, y primordialmente de todos y cada uno de los ciudadanos.

En esta misma columna, había manifestado la necesidad de blindar al departamento de los asomos y conatos de inseguridad que se pudieran presentar en la etapa que denominamos posconflicto y ante la evidente actividad de la disidencia guerrillera.

El hostigamiento reciente de la criminalidad al corregimiento de Vegalarga, en las goteras de Neiva, me acaba de dar la razón a mi advertencia hecha preocupación.

Este suceso en un departamento que fue victimizado por la guerrilla en la época del conflicto armado, nos convoca a todos los huilenses para que trabajemos en procura de lograr la seguridad suficiente y eficiente para los ciudadanos de bien.

Como lo señalara el sicólogo Abraham Maslow en la teoría de la pirámide, la única manera de desarrollar los deseos superiores del ser humano es satisfaciendo las necesidades más básicas, y la seguridad está en primer orden.

Los ciudadanos volveremos a sentirnos seguros si volvemos a tener confianza en nuestras autoridades y en sus políticas que llevadas a la práctica ahuyenten cualquier riesgo de atentar contra el bienestar del ser humano.

En mis relaciones diarias con la población Huilense he encontrado que en sus mayores preocupaciones y angustias esta la seguridad y sin ella, el progreso y el desarrollo solo será una ilusión.

Regionalmente es necesario adoptar una política pública integral de seguridad sustentada en una matriz que tendrá dos componentes: intervención del Estado antes del delito que conlleve el fortalecimiento de la oficina de Seguridad, impulsando el precepto de región responsable donde todos, policía, funcionarios y ciudadanos seamos parte de la solución, obteniendo mayor presencia de fuerza pública con apoyo tecnológico, una justicia operante y eficaz, una estrategia de prevención social generando oportunidades en el emprendimiento, la educación, ocupación del tiempo libre en la cultura y el deporte y  proyectos productivos, para contrarrestar la que se identifica como delincuencia ocasional protagonizada por los jóvenes que llegan a la drogadicción y la delincuencia por falta de oportunidades; y otra la intervención del Estado después del delito, mediante la decisión firme e inquebrantable de derrotar las bandas criminales cualquiera sea su origen, con la implementación de instrumentos de judicialización oportunos, elementos para facilitar la prueba, recursos a la fuerza pública y centros de detención suficientes.

Ya tendremos tiempo de desarrollar minuciosamente esta política por ahora es importante dejar en claro nuestro compromiso con la tranquilidad ciudadana.

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