Esperanza Andrade

 

La semana pasada acompañamos al Gobierno y a congresistas de regiones productoras a radicar el proyecto de acto legislativo para reformar el Sistema General de Regalías. La intención es fortalecer la participación de las entidades territoriales beneficiarias de las asignaciones directas, manteniendo la inversión en las no productoras.

Según la propuesta, con la que el presidente Iván Duque cumple un compromiso de campaña, los departamentos y municipios en cuyas áreas se adelante producción de recursos naturales no renovables, así como las poblaciones con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos, tendrán un porcentaje de distribución entre el 30 y el 50 por ciento del total de los ingresos del SGR, insisto, manteniendo las inversiones de las zonas no productoras.

Con el ajuste se reconoce que son los territorios productores los que registran en diversos escenarios los impactos directos de la actividad extractiva. Por eso, es justo compensarlos, con el antecedente que han sufrido una millonaria reducción de recursos frente a los que recibían antes del 31 de diciembre de 2011, cuando se aprobó la Reforma de Regalías de Juan Manuel Santos. Pasaron de obtener un promedio de $791 millones (entre 1995 y 2011) a $174 millones entre el 2012 y 2018, es decir, una caída de más del 78% (precios constantes de 2019).

Esa disminución de recursos costó que hoy los pueblos no faciliten o den la autorización social para desarrollar nuevos proyectos, fundamentales para garantizar y sostener el flujo de generación de regalías, que actualmente representan en promedio el 25,8 % del total de los recursos de inversión de los municipios, lo que significa que por cada $100 que se invierten en ellos, 26 provienen de la explotación de recursos naturales no renovables.

Otro objetivo es el ‘rediseño’ del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad), con la responsabilidad de evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar los programas y proyectos financiados. Pero su labor ha sido tortuosa, en la actualidad el Sistema ha acumulado saldos importantes, que para el bienio 2017-2018 suman cerca de $4,5 billones. Se conseguiría entonces que haya menores gastos de funcionamiento del proceso y un nuevo mecanismo de estabilización de ingresos. Así, habría plata y obras en todas las regiones.

Las comunidades beneficiadas deberán ejercer una veeduría directa y permanente de las inversiones. Pero, además, la reglamentación de la ley tendrá que fijar mecanismos que eviten el despilfarro de los recursos, a la vez que los organismos de control deben ser muy eficientes en su tarea. No se puede repetir malas experiencias del pasado y negar esperanza de mejor calidad de vida a todos los colombianos.

 

 

 

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