Alexander Molina Guzmán

Un juez de Bucaramanga condenó a Germán Trujillo Manrique a 36 meses de cárcel por haberse robado miles de millones del Programa de Alimentación Escolar en el Departamento de Santander. Dizque el juez tuvo “buena voluntad” con el condenado, por el hecho de que éste delincuente había aceptado cargos y devolvió parte de lo robado en la suma de 2.200 millones de pesos. Por supuesto que ha generado indignación esta codena, pues cuando un juez tiene la oportunidad de aplicar verdadera justicia frente a los delincuentes que se roban la plata del Estado…sale con esta vergüenza. Un premio que se lleva otro de los delincuentes de este país, ya que el negocio está asegurado: Se monta la empresa para delinquir, se obtiene el contrato comprando de entrada a quienes tienen el poder de otorgarlo, se opera el contrato de manera fraudulenta para robarse la plata; si se descubre el robo, habrá un juez dispuesto a ser “benevolente” en la condena, se aceptan cargos, se entrega parte de lo robado y a disfrutar del resto del dinero que se ocultó. Por si fuera poco, la casa por cárcel que le otorga como premio un juez a este tipo de delincuentes la puede disfrutar en una propiedad comprada con el dinero robado; es decir, hay un “síndrome de Pablo Escobar”, pues el delincuente compra con lo robado “la cárcel” donde puede pagar su “condena”.

Es cierto que hay que respetar la decisión de los jueces, pero la ciudadanía no tiene por qué hacerlo en casos en los cuales hay una evidente demostración de un juez para premiar a los delincuentes que se roban la plata pública en vez de condenarlos de manera ejemplar. Mientras que un juez esté dispuesto a actuar de manera “benevolente” con los delincuentes que saquean los dineros del Estado, éstos estarán más estimulados para ir por la plata pública al costo que sea.

La justicia ha perdido credibilidad frente a la ciudadanía, y la seguirá perdiendo mientras que existan jueces dispuestos para actuar en favor de los delincuentes en vez de defender con penas ejemplares los intereses del Estado y de los ciudadanos. Porque los ciudadanos con sus impuestos sostienen el poder judicial con la confianza en que los operadores de justicia defiendan sus intereses; por ejemplo, que no se roben la plata pública. Pero cuando un juez demuestra que se pone es a favor del delincuente, se pierde la confianza en la justicia y también se pierde la plata que se invierte en pagarle un salario a ese juez para que ejerza su cargo con honradez.

 

 

 

 

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