Marcos Silva

La degradación ética y moral de los partidos, permeó dirigentes, degradó la conciencia política ciudadana, convirtió la política en instrumento para el festín de lo público e hizo que la corrupción alcanzara niveles catastróficos.

No hay partidos. Hay organizaciones para cazar votos y disputarse el poder y el manejo de lo público. De tal  contagio no son inmunes las organizaciones autodenominadas de izquierda y/o progresistas e independientes.

Son causas fundamentales  de la precaria, mediocre y clientelizada estructura del poder,  de la  débil institucionalidad y del deficiente  e incongruente desarrollo nacional.

La institucionalidad opera bajo directrices del poder de turno, definidas y orientadas  según sus conveniencias. Bajo esa condición y a través del clientelismo y la politiquería,  desnaturalizan y fragilizan  el equilibrio de poderes.

Es innegable que el  equilibrio de poderes es  imprescindible para lograr  un aceptable sistema democrático. La precariedad de la institucionalidad y el  poder, se traducen en inseguridad,  impunidad y corrupción, tal como se percibe en Colombia.

Es lo que ocurre hoy  con la  derecha y ultraderecha en el poder. La implacable saña contra los acuerdos de paz rubricados con las FARC y contra sus órganos instituidos para su acción y desarrollo,  obedece al obcecado propósito de dominio del poder político y económico y a la defensa del clientelismo, el poder económico y la impunidad para los usufructuarios del poder de turno.

Lo corroboran inequívocamente, el contenido y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Financiamiento o tributaria, con gabelas evidentes   para gremios económicos, las objeciones a la JEP, la afinidad con gobiernos de derecha, el nombramiento de individuos controversiales, en posiciones clave en decisiones y para el desarrollo nacional y la sincronía y posición de gremios económicos y gobierno, contra la protesta social de sectores  desheredados por el poder y el estado.

El colapso ético y moral de los partidos y con ello de la cultura ciudadana, permitió la aceptación e imposición incondicional de dogmas del capitalismo global,  traducidas en la práctica  de sálvese quien pueda y como pueda. Son prácticas  que al convertirse en decisiones de estado y hasta en consciencia social, pueden institucionalizar el anodino postulado del Estado de Opinión, bajo el criterio perverso de   que el fin justifica los medios.

Esa estructura de poder con sus políticas de gobierno, arrojan sus naturales frutos: crece la inequidad socioeconómica, el desempleo,  subempleo, la informalidad, la miseria y la pobreza, el déficit fiscal y de balanza de pagos, el endeudamiento externo e interno públicos, la criminalidad e inseguridad ciudadana y el abandono del estado a las regiones.

Ese panorama socioeconómico-político, genera justificaciones para  más privatizaciones y  endeudamiento público y mayores garantías al capital transnacional y nacional, en contra del interés nacional general, mientras los indicadores de inequidad socioeconómica se tornan apocalípticos, año tras año.

Con una institucionalidad y marco legal afín a esas tendencias y prácticas del poder  los ciudadanos del común, que son las mayorías,  se convierten en  víctimas de los objetivos perversos del poder, que día a día se agudizan hasta obligar a los ciudadanos a protestar por los incumplimientos del poder y el estado, y a tomar las vías de hecho como único y último recurso, en el naufragio diabólico de la moral y la ética y la dinámica  inequidad   socioeconómica y abandono oficial.

El malestar ciudadano y la protesta social, son evitables si la redistribución del ingreso se hace equitativamente,  de acuerdo con las obligaciones del estado, los requerimientos sociales y disponibilidad del recurso público.

Es absolutamente posible si se somete a los corruptos y se racionaliza el gasto público. El derroche y despilfarro de los recursos públicos, son la vena rota del fisco y causa de la inviabilidad fiscal de los entes públicos.

Bajo el imperio de la corrupción y sin racionalidad del costo de la inversión, es imposible la equidad socioeconómica y el cumplimiento de los deberes sociales del estado.

Quizá fue lo que concluyó el excandidato Álvaro Gómez Hurtado, cuando sentenció que lo que había que cambiar era el Régimen.

Es el rompecabezas y desafío que deben entender los gobernantes y órganos de poder del estado, para evitar la debacle social, económica, política y ética que amenazan el futuro de la nación.

Es lo que debe entender todo ciudadano responsable socialmente, para evitar convertir su voto en próximas elecciones, en instrumento de condena para sí mismo, sus semejantes presentes  y generaciones futuras.

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